El Parlamento Vasco ha reclamado la puesta en libertad de los siete condenados por la agresión de Alsasua que se encuentran en prisión. En una proposición apoyada por Podemos, PNV y EH Bildu se solicita que “teniendo en cuenta la ya prolongada estancia en prisión” que acumulan los jóvenes que agredieron a dos guardias civiles y sus parejas la madrugada del 15 de octubre de 2016, se les excarcele “hasta agotar las vías judiciales”. Las condenas impuestas por la Audiencia Nacional, que oscilaron entre los 2 y 13 años de prisión, fueron recurridas y aún están pendiente de resolverse. Las defensas solicitan la libre absolución mientras que la Fiscalía se reitera en la calificación de delitos de carácter terrorista -que la Audiencia Nacional no consideró- y reclama elevar las penas a entre 12 y 62 años.

La proposición expresa su rechazo a lo que considera una “aplicación exacerbada” del agravante de odio contemplado en la sentencia. También se manifiesta en contra de lo que define como una “imagen distorsionada” que se ha trasladado de la localidad navarra “muy lejos de una localidad socialmente plural y acostumbrada a una normal convivencia entre diferentes”, se afirma en la proposición no de ley.

En uno de sus cinco puntos se manifiesta el desacuerdo por el traslado de este caso a la “jurisdicción especial de la Audiencia Nacional” y añade su “preocupación” por el modo en el que se llevó a cabo la instrucción de este caso, así como la vista oral y la sentencia. Tanto Podemos como PNV y Bildu creen que se podría haber lesionado “el legítimo derecho a la defensa” de los condenados, “como han denunciado organismos como Amnistía Internacional. En el escrito respaldado hoy por la Cámara de Vitoria no se hace ni una sola mención a los dos agentes y sus parejas agredidos en la noche del 15 de octubre de 2016.

PNV, Bildu y Podemos denuncian la desproporción de las penas y reclaman su excarcelación hasta que la condena sea firma

Tan sólo PP y PSE han votado en contra de la iniciativa y han trasladado su solidaridad a los agredidos. El portavoz del PP, Carmelo Barrio, ha denunciado que se hable de convivencia normalizada en Alsasua cuando una de las víctimas “aseguró que tenían que dejar el pueblo, que ganaba el terror, el miedo”. Ha reprochado al portavoz de EH Bildu que cuestione que se califique con el agravante de odio un caso como éste, “está claro que gente como usted sí odia a la Guardia Civil por lo que han hecho para acabar con ETA”, ha señalado. Tras expresar su solidaridad con los agentes y las dos mujeres agredidas, “apaleadas”, ha considerado una “desproporción” la iniciativa presentada y el intento del Parlamento vasco de “contaminar” a los tribunales de Justicia. Barrio ha recordado que la Audiencia Nacional “no es ningún tribunal excepcional, como ustedes dicen”.

Desde el PSE, Rafaela Romero, en cambio, sí ha considerado una desproporción que este caso se juzgara como un delito de terrorismo. Ha subrayado que no se puede hablar de convivencia normalizada “y comparar este caso con la agresión de unos guarias civiles en Algeciras”: “Todos sabemos de qué paz y convivencia estamos hablando, no es la de Algeciras”. Romero ha apuntado además que también merece ser reconsiderado el uso que la Justicia española hace de la prisión provisional, como en su opinión sucede en este caso. “Nosotros pedimos proporcionalidad en las penas, pero un Parlamento no está para pedir la excarcelación de nadie”.

“En Alsasua no hay discriminación”

El portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha recordado que tres de los ocho condenados en prisión acumulan ya 820 días en la cárcel y en prisión provisional, “están atrapados en este infierno”. Ha insistido en que se trató de una “pelea de bar”, que en Alsasua no existe “discriminación” ni “marginación” de determinados colectivos y que se decidió por instancias superiores trasladar el caso a un tribunal “de excepción como la Audiencia nacional” en lugar de dejarlo en la Audiencia de Navarra. Ha señalado que en 2016 se produjeron 9.571 casos de atentados a la autoridad “algunos mucho más graves y no se remitieron a la AN”. En su opinión, se ha intentado dar un castigo “ejemplarizante”. Ha acusado al PP de alimentar todo este caso y de que “no les importe arramplar con derechos humanos”.

Podemos ha denunciado la remisión del caso a la Audiencia Nacional “heredera del Tribunal de Orden Público” y de haber cometido un “robo” de más de dos años y medio de la vida de ocho jóvenes, “¿quién les va a devolver esos días en lo mejor de sus vidas?”. Ha señalado que se ha actuado aplicando una “justicia de clase” e imponiendo penas “en función del código postal” del lugar en el que se cometen.

Por último, el PNV ha cuestionado no sólo la desproporción del tratamiento judicial del caso sino también del informativo y el impacto que éste ha tenido sobre Alsasua. Ha subrayado que se les debería poner en libertad a todos los condenados hasta que la sentencia sea firma, “como se ha hecho en el caso de ‘La Manada'”: “Sólo pedimos proporcionalidad y justicia”.