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Sánchez pretende convertir el fracaso con Cataluña en su mejor baza electoral

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Sánchez pretende convertir el fracaso con Cataluña en su mejor baza electoral
Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en el debate de Presupuestos.

El presidente del Gobierno y su vicepresidenta, Carmen Calvo, este martes en el Congreso durante el debate sobre los Presupuestos. EFE

Resumen:

Cataluña condiciona como nunca la política española. El comienzo del juicio a los líderes del procés en el Tribunal Supremo coincide con un debate de presupuestos que nace muerto, mientras el presidente del gobierno hace cábalas sobre un adelanto electoral para el que ya tiene armado su argumentario: situar en los extremos a independentistas y a las «tres derechas» para que el PSOE recupere la centralidad perdida.

Todo se mezcla. El juicio comenzó con unas cuestiones previas netamente políticas. Andreu Van der Eyden (abogado de Junqueras y Romeva) afirmó que «en este procedimiento se han restringido todos los derechos de la Constitución… ¡Hasta la libertad de culto se ha violado, porque al señor Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión!» Jordi Pina (letrado de Josep Rull y Jordi Sánchez) atacó la falta de «apariencia de imparcialidad» del tribunal y sacó a colación el whatsapp de Cosidó y su antológico «controlar la Sala Segunda desde atrás». En fin, todas las defensas cuestionaron la imparcialidad del Supremo, con la vista puesta en el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, que es para ellos como el partido de vuelta donde se juega esta eliminatoria.

La política, Cataluña, inundó también el debate de presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comenzó la jornada con un alegato netamente político en defensa de unas cuentas que ella misma da por finiquitadas. El esfuerzo hecho por Pedro Sánchez y su número dos, Carmen Calvo, por salvar la legislatura devino en fracaso la semana pasada, cuando salió a la luz que el gobierno estaba dispuesto a nombrar un «relator» en la mesa de partidos que debía abordar «soluciones políticas» para Cataluña.

Montero dio por hecho que los presupuestos no saldrán por no ceder al chantaje de los independentistas. La campaña electoral ha comenzado

El mano a mano que mantuvo Montero con Joan Tardá fue especialmente interesante y aleccionador. El portavoz de ERC reprochó al gobierno no haber sido capaz «de aguantar el chaparrón de la derecha», al haberse levantado de la mesa de negociación antes de tiempo. Tardá defendió como absolutamente legítimo que los independentistas defendieran el derecho de autodeterminación, un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña. «Despúes del 1-O ya nada será igual», dijo. Y afeó a Sánchez la impostura de no haber hecho nada en defensa de sus compañeros «que están en la cárcel por ser demócratas».

Ponía así el republicano sobre la mesa los dos condicionantes que habrían llevado al apoyo a las cuentas públicas: autodeterminación y presos. Tardá no se ha cuidado en pedir públicamente a Sánchez que le exigiera a la Fiscalía la retirada del delito de rebelión de su escrito de acusación. Es escandalosa la doble vara de medir con que el independentismo juzga al estado de derecho: mientras los abogados de los presos del procés se quejan de que en España no existe la separación de poderes (Pina llegó a pedir a los jueces del Supremo que no actúen «como salvadores de la patria»), por otro lado los dirigentes soberanistas reclaman al gobierno que lamine la separación de poderes coartando la independencia de la Fiscalía.

Montero -que no ahorró descalificaciones para Casado y Rivera– se dirigió a Tardá con respeto y casi con mimo, olvidando que fue su partido, ERC, el que impulsó el 1-O y el que empujó a Puigdemont a la aprobación por el Parlamet de la declaración unilateral de independencia. Tardá ha dejado abiertas las puertas a la negociación, aunque tendrá que ser ya después de las elecciones.

El independentismo no se podía permitir el lujo de salvar a Sánchez dando luz verde a sus presupuestos mientras en el Supremo se juzgaba a sus líderes, sin que la Fsicalía hubiese aflojado en su criterio de solicitar las altas por un delito de rebelión.

Aunque, como recordó Tardá, fue el gobierno el que se levantó de la mesa, los que hicieron imposible la continuación de la negociación fueron ERC y el PDeCAT al anunciar que presentarían enmiendas a la totalidad al presupuesto.

Sánchez es un político de regate corto y en su trayectoria ha demostrado que sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan como nadie. El auge de Vox y la manifestación del domingo en Madrid, con esa foto no querida por Rivera en la que aparece al lado de Santiago Abascal, junto con el fracaso de la negociación con los independentistas le han proporcionado al presidente la oportunidad de hacer de la necesidad virtud: al romperse el pacto de la moción de censura no tiene sentido continuar con un gobierno malherido; por tanto, si ya no se podía llegar hasta 2020 ¿para qué esperar al otoño para convocar elecciones?

Fue el entorno del presidente el que filtró a la agencia Efe la fecha del 14 de abril como cita para el adelanto electoral. La noticia no sólo tenía como fin convertirse en el último intento para que los independentistas reconsideraran su decisión de tumbar los presupuestos, sino que significaba la voluntad de aprovechar  una oportunidad que tal vez no se volvería a presentar para que el PSOE recuperase una centralidad que perdió hace meses.

La ministra Montero repitió hasta la saciedad en el Congreso que el gobierno no aceptará el chantaje de los independentistas, que todo lo que negocie lo hará en el marco de la Constitución, que «no hay democracia fuera de la ley» (frase que en su día acuñó Mariano Rajoy). Era el pistoletazo de salida de la campaña electoral.

De concretarse la fecha del 28 de abril (como ayer contaba Carmen Torres en estas páginas), las elecciones se producirán en plena celebración del juicio al procés. Si Cataluña ha condicionado el debate político en España durante los dos últimos años, ahora lo hará de manera especial, decisiva.

El presidente cree que la ocasión para ganar es ahora y el victimismo siempre le ha dado buen resultado. Culpará la derecha de crispar la política nacional y de haber impedido la aprobación de unos «presupuestos sociales», igual que hará con los los independentistas. Es el todo o nada. Porque si Sánchez no logra formar gobierno y las derechas repiten el resultado de Andalucía, habrá firmado su sentencia de muerte política. Y nadie ha logrado resucitar una segunda vez.

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