A la crisis interna de Podemos con Iñigo Errejón en Madrid o las malas perspectivas electorales ante el 28A, se suma ahora otro frente para el partido de Pablo Iglesias: el que se dirime en los jugados. El pasado jueves el Juzgado de intrucción número 6 de Toledo admitió a trámite la denuncia presentada por un grupo de inscritos del partido contra el proceso de primarias exprés abierto en Podemos por el que se eligieron a los candidatos a diputados y senadores de la formación.

Iglesias convocó esta primarias por sorpresa, sin advertir previamente a su dirección, y la inminencia de los plazos impidió presentar listas a posibles rivales como Teresa Rodríguez, líder andaluza del partido, que se encontraba inmersa en la campaña electoral autonómica. Podemos también aprovechó este proceso para lanzar un nuevo reglamento que endurecía los requisitos para presentarse a la Secretaría General y plantarle cara a Pablo Iglesias.

En la demanda, interpuesta el pasado 19 de diciembre contra el partido político Podemos, se pide  como medida cautelar «la suspensión del resultado de las elecciones primarias convocadas por la demandada». Consideran que este proceso de votación viene «viciado» desde el origen, puesto que el Reglamento de primarias supondría una «vulneración del derecho fundamental de participación del artículo 23 de la Constitución» y que también vulneran a su juicio «los Estatutos y el Documento Organizativo aprobado en la 2ª Asamblea Ciudadana Estatal» de Vistalegre 2.

En este sentido, la demanda también pedía «condenar a Podemos a abrir un nuevo proceso de primarias» con «la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, incluyendo el acceso por parte de los éstos al censo de inscritos».

Podemos tiene desde el jueves 20 días para contestar al requerimiento, y en caso de no hacerlo se le declararía en estado de rebeldía procesal. El mismo juzgado podría dejar en suspenso las listas electorales de Podemos para las generales del 28A: En la demanda los inscritos pedían como medida cautelar la suspensión de las listas electorales de Podemos al Congreso y Senado, un asunto que será resuelto más adelante en una pieza separada.