Quim Torra ha consumado un nuevo desafío a la Junta Electoral Central. A las 10.20 horas de la mañana, casi 40 horas después del plazo fijado por la JEC, trabajadores de la Generalitat han tapado la pancarta de la fachada del Palau en favor de los presos y exiliados por una nueva pancarta que luce exactamente el mismo lema, pero sustituye el lazo amarillo por un lazo blanco tachado con una franja roja.

El cambio de pancarta se ha producido ante una Plaza Sant Jaume en la que solo destaca el despliegue de medios de comunicación. Torra no podrá decir, como en su día alegó Carles Puigdemont, que respondió al clamor de la calle, porque los únicos paseantes por la plaza eran turistas y grupos de escolares. Más tarde, la Generalitat ha colgado una segunda pancarta, de menor tamaño, a favor de la libertad de expresión, que pende de una de las ventanas cercanas al balcón principal.

Es la respuesta de Quim Torra al informe presentado ayer por el síndic de greuges  (defensor del pueblo) Rafael Ribó, que ayer secundó en público la postura de la Junta Electoral Central y defendió la necesidad de retirar los lazos y demás símbolos políticos de las fachadas de los edificios públicos durante la campaña electoral.

Torra respondió con un comunicado en el que afirmaba que «respeta» la postura del síndic, pero también dejó claro que «no ha dado ni dará ninguna orden» para retirar los símbolos que defienden la libertad de los procesados por el referéndum independentista del 1-O.

La decisión de cambiar el color del lazo ha sido celebrada también en su cuenta de cuenta de Twitter por Gonzalo Boye, uno de los abogados del ex president Carles Puigdemont.

Reunión de la JEC

El nuevo desafío de Torra llega horas antes de que la Junta Electoral se reúna de nuevo esta tarde para valorar cómo responde a la desobediencia del presidente de la Generalitat por negarse a retirar las pancartas y lazos amarillos de sus sedes.

La JEC estudia tres posibles medidas, todas ellas compatibles: ordenar a los mossos que retiren los lazos en cumplimiento de su resolución, imponer una multa por desobediencia a Torra de entre 300 y 3.000 euros, y derivar el caso a la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia.

El cambio de pancarta, en la que ya no aparece el lazo amarillo mencionado en el dictamen de la Junta Electoral, podría obligar a un nuevo dictamen de la autoridad electoral para exigir la neutralidad de los edificios públicos de la Generalitat durante el periodo electoral.

Paralelamente, Sociedad Civil Catalana ha presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía por la desobediencia de Torra y el Gobierno de la Generalitat al mandato de la Junta Electoral. Denuncia que se suma a las ya presentadas por Cs y el PP.

El presidente de SCC, Ramón Bosch, y el de la Asociación de Abogados por la Constitución, Ramon de Veciana, han advertido de que no retirarán la denuncia por desobediencia pese al cambio de símbolos en los edificios de la Generalitat. En su escrito piden que se tome declaración a Torra y advierten que se puede estar vulnerando derechos fundamentales, como el derecho a la libertad ideológica y el derecho a la igualdad y no discriminación.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha criticado la «patética» actitud del president de la Generalitat sobre el conflicto de los lazos amarillos en instituciones públicas y ha afeado al Defensor del Pueblo catalán el papel que ha jugado en esta crisis, recordando que no tiene competencias en esta materia.

Así, Borrell ha ironizado en una entrevista en Onda Cero sobre la «valentía» demostrada por el president de la Generalitat, que dijo que solo seguiría los informes del Síndic y desoiría a la JEC.

«Para resistir a los dictámenes de Madrid y urdir una fábula para poderse justificar, diciendo que los quitará pero porque se lo piden los suyos», ha dicho, calificando de «patética» la actitud de Torra.