El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado hoy la «aberración democrática y preocupante en la Europa del siglo XXI» que a su juicio supone el procesamiento de 30 personas, la mayoría altos cargos de la Generalitat, en el marco de la instrucción que sigue el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona por la celebración del referéndum independentista del 1-O. Torra ha manifestado el pleno apoyo a todos los procesados y ha asegurado, en una declaración institucional, que la Generalitat «no ha sido perjudicada presupuestariamente» por la organización y celebración de la consulta independentista, como sostiene la instrucción, que señala el delito de malversación de fondos públicos.

«Estas acusaciones son fruto de un relato motivado por motivos políticos» ha asegurado el presidente catalán, «un relato de la violencia y la malversación» que según Torra es ficticio y se ha construido únicamente para dar base legal al procesamiento contra los líderes independentistas que se sigue en el Tribunal Supremo. Torra ha denunciado una vez más que la interlocutoria de procesamiento del Juzgado 13, «confirma la deriva autoritaria, la ausencia de independencia judicial y la persecución política en un Estado de al Unión Europea».

El procesamiento «Consolida el estado de excepción judicial al que se quiere someter al proyecto independentista»

En este contexto, ha asegurado que en el juicio en el Tribunal Supremo se ha mostrado «de manera diáfana la parcialidad procesal y la vulneración del derecho de defensa» y ha denunciado que
la instrucción del 13 «consolida el estado de excepción judicial al que se quiere someter a una determinada ideología y un proyecto político democrático como la independencia de Cataluña».

Para Torra, el procesamiento de «decenas de cargos de la administración, responsables de organismos públicos y de empresas privadas es una escalada en la persecución política contra un proceso que contó siempre con el mandato democrático».

La declaración institucional de Torra se produce tras conocerse que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha notificado este martes el auto de procesamiento en la causa abierta por los preparativos de la convocatoria de referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En la resolución, procesa a un total de 30 investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación.

Entre los investigados que son enviado al banquillo de los acusados se encuentran ex altos cargos del Govern como el ex secretario de difusión de la Generalitat, Antoni Molons; el ex director general de patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrías; la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal; el ex director general de Unipost Pablo Raventós; Amadeu Altafaj, ex director de la delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea; Albert Royo, ex secretario general del Patronato Cataluña Mon-consell de Diplomacia Pública de Cataluña; y, Joaquim Nin, ex secretario general del Departamento de Presidencia de la Generalitat, entre otros.

También han sido procesados, en este caso por un delito de desobediencia, Vicent Sanchis Llàcer, director de la televisión pública catalana TV3 y Saül Gordillo Bernárdez, director de Catalunya Ràdio.