Hace ahora un año, el 4 de mayo de 2018, ETA escenificó su disolución en el transcurso de un acto organizado en la localidad vasco-francesa de Cambo-les-Bains (departamento de Pirineos Atlánticos). Hacía más de ocho años que la banda terrorista había cometido su último atentado mortal y seis y medio desde que anunció el cese definitivo de la actividad armada.

Posiblemente, aquel viernes de primavera Alfredo Pérez Rubalcaba estaría en la Universidad Complutense de Madrid, adonde había vuelto en septiembre de 2014 como profesor de la Facultad de Ciencias Químicas tras dejar su escaño en el Congreso de los Diputados y renunciar a la secretaría general del PSOE tras el desplome de su partido en las elecciones europeas celebradas en mayo de aquel año. Fue la cita en la que irrumpió Podemos, que logró cinco escaños en Estrasburgo.

En gran medida, las bases para la desaparición de ETA se sentaron en la etapa de Pérez Rubalcaba -fallecido este viernes a los 67 años- como ministro del Interior, responsabilidad que ejerció entre el 11 de abril de 2006 y el 11 de julio de 2011 y en la que el fin de la actividad de la banda terrorista fue una prioridad. No agotó la legislatura en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para presentarse como cabeza de cartel del PSOE en los comicios generales del 20 de noviembre de 2011, en los que los socialistas perdieron 59 escaños -de 169 a 110- tras dejarse en el camino más de cuatro millones de votos.

El fin de la actividad de la banda terrorista fue una prioridad para el ex dirigente socialista en su etapa al frente del Ministerio del Interior

Veinte días antes de su llegada al Ministerio del Interior, el 22 de marzo de 2006, ETA había anunciado un alto el fuego de manera «permanente» a fin de «impulsar un proceso democrático en Euskal Herria». Esa suspensión de la actividad criminal se rompió de facto el 30 de diciembre de 2006, cuando una furgoneta cargada con 200 kilos de explosivos estalló en el aparcamiento de la T-4 del aeropuerto Madrid-Barajas. Dos ciudadanos ecuatorianos que dormían en sendos coches estacionados en dicho parking murieron tras derrumbarse parte del edificio.

Luego vendrían las treguas de 2010 (5 de septiembre) y 2011 (10 de enero) hasta que, el 20 de octubre de 2011, ETA anunció el «cese definitivo de su actividad armada» mediante un vídeo difundido por el diario Gara, la BBC y The New York Times. Pérez Rubalcaba, entonces candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, compareció aquel día ante la prensa en la sede de Ferraz para celebrar «la gran victoria de la democracia» y honrar la memoria de las víctimas de la banda terrorista.

«Injusticia y barbarie»

«En estos momentos me acuerdo sobre todo de quienes fueron asesinados por ETA en el tiempo en que fui ministro del Interior; de ellos y de sus familias. Recuerdo su sufrimiento y la profunda certeza de ser víctimas de la injusticia y de la barbarie. Ellos más que nadie pensarán lo que hoy yo no me quito de la cabeza: ojalá que este día hubiera llegado antes», declaró.

Días antes de que la banda terrorista escenificara su desaparición en mayo de 2018, Pérez Rubalcaba reflexionó en un artículo de opinión publicado en El País acerca de la tarea que, una vez «vencido al terror», les quedaba pendiente a los demócratas: «Evitar que los derrotados impongan su falso relato» sobre lo ocurrido. «De hacerlo en paz, con nuestros instrumentos, los de la política democrática. Es la garantía de que la convivencia se recupera plenamente en el País Vasco», mantenía.

Pérez Rubalcaba unificó las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil y creó la figura del DAO en cada Cuerpo

Mientras se avanzaba hacia la victoria sobre ETA, el Ministerio del Interior adoptó otras relevantes decisiones con Rubalcaba al frente. Así, se creó una dirección unificada de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, al objeto de dotar de un mando único a las Fuerzas de Seguridad del Estado pero manteniendo las estructuras organizativas y el régimen jurídico de ambos Cuerpos. También las competencias.

Joan Mesquida, hoy en las filas de Ciudadanos, se convirtió en 2006 en el primer director general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, siendo sustituido por Francisco Javier Velázquez en 2008. Esa unificación quedó extinguida con el decreto de 30 de diciembre de 2011 por el que Hacienda y Administraciones Públicas establecía una nueva estructura orgánica en los departamentos ministeriales.

En el marco de esa reestructuración pilotada por Pérez Rubalcaba fue también cuando se instauró la figura del Director Adjunto Operativo (DAO) en cada Cuerpo, el máximo responsable no político. Ese cargo se mantuvo hasta que el popular Juan Ignacio Zoido lo eliminó en el verano de 2017 para apostar por un modelo de mando más horizontal. Fernando Grande-Marlaska, al que Pedro Sánchez confió la cartera de Interior tras prosperar la moción de censura, recuperó la DAO en julio pasado.

Concesión de indultos a policías

José Manuel Sánchez Fornet, ex secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), también atribuye a Rubalcaba un papel decisivo en los indultos concedidos por el Consejo de Ministros durante su etapa en Interior a funcionarios policiales que habían sido condenados por el Tribunal Supremo «contra toda evidencia».

El político socialista tampoco se libró de movilizaciones organizadas por los sindicatos de la Policía y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como la secundada por miles de agentes el 18 de octubre de 2008 en Madrid en demanda de mejores retributivas que permitieran igualar sus nóminas a las de los Mossos d’Esquadra. Se trata de la histórica reivindicación que cristalizó en marzo de 2018 con el acuerdo de equiparación salarial, que prevé un desembolso de al menos 807 millones de euros entre 2018 y 2020.

La subida salarial no fue sólo la única reclamación de los guardias civiles. El 20 de enero de 2007, los funcionarios de este Cuerpo protagonizaron una concentración histórica en la Plaza Mayor de Madrid, donde miles de agentes -de ellos unos 3.000 uniformados- se congregaron para demandar que sus condiciones laborales se amoldaran a la realidad del siglo XXI.

Al inicio de su mandato se implantó el carné por puntos, medida decisiva en la disminución de la mortalidad en las carreteras españolas

Se trataba de la primera vez que los guardias civiles exigían sus derechos vestidos de uniforme, lo que llevó a la Dirección General a ordenar la apertura de una veintena de expedientes, entre ellos al hoy diputado de Podemos por Cádiz Juan Antonio Delgado. Entonces era secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Aquella reivindicación surtió efecto. En noviembre de ese año entró en vigor la Ley orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, estatuto que recogía por primera vez el derecho de asociación profesional de los integrantes de este Cuerpo. A esta norma se unió simultáneamente la Ley orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que incorporaba una novedad importante: se suprimía la figura del arresto del cuadro de sanciones.

Derecho de manifestación

Entre muchos agentes se le recuerda como el político que propició la modificación de la ley para impedir el derecho de manifestación, aprobada por el Congreso de los Diputados -con los votos de PSOE, PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN)- nueve días después de que cesara como ministro del Interior para centrarse en la precampaña de las generales del 20-N (2011). En virtud de esa norma, se empezaría a aplicar a este Cuerpo el artículo 13.1 de la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que prohíbe a estos organizar o participar en manifestaciones políticas, sindicales o reivindicativas.

El 24 de marzo de 2017, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica para los guardias civiles, al desestimar el recurso de casación que había interpuesto la Abogacía del Estado contra el fallo por el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había estimado -el 6 de noviembre de 2015- el procedimiento de derecho de reunión. El pleito tenía su origen en la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de prohibir la manifestación convocada por la AUGC el 14 de noviembre de 2015: fue la conocida como ‘marea de tricornios’, manifestación que reunió a unos 12.000 agentes y familiares a las puertas de la Dirección General.

En materia de seguridad vial, otra de las competencias adscritas a Interior, la etapa de Rubalcaba se recordará por ser en la que se implantó en España el carné por puntos. La medida se estrenó el 1 de julio de 2006, siendo director general de Tráfico Pere Navarro, y posibilitó que se redujera de forma extraordinaria la mortalidad en las carreteras españolas: de 4.442 fallecidos en 2005 a 1.903 en el año 2012.