Política

Caso Lezo: PSOE y Podemos recurren el archivo de la causa contra Ruiz-Gallardón

Ambas formaciones, que ejercen de acusaciones populares en esta causa de corrupción, quieren que la Sala de lo Penal de la Audiencia revoque la decisión de García Castellón.

logo
Caso Lezo: PSOE y Podemos recurren el archivo de la causa contra Ruiz-Gallardón
Alberto Ruiz-Gallardón.

Alberto Ruiz-Gallardón. EP

Resumen:

Partido Socialista y Podemos han recurrido la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que archivó la pieza separada 1 del caso Lezo contra el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, entre otros.

Ambas formaciones, personadas como acusaciones populares en esta macrocausa de corrupción, recurren  el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado en la pieza de la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por diversos motivos. En el caso de Podemos, los abogados de la formación de Iglesias sostienen que el presunto desvío de fondos públicos producido por el sobreprecio que supuso la adquisición por parte de Canal Extensia de la sociedad colombiana Inassa a través de una sociedad panameña interpuesta “no pudo llevarse a cabo sin el acuerdo de autorización de los investigados como miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Por su parte, el PSOE fundamenta su recurso en una mera cuestión procedimental. Los abogados de dicha formación explican que el sumario de Lezo no ha sido puesto en su totalidad a disposición de las partes “para que estas se instruyan y más concretamente a disposición de la acusación popular”.

Partido Socialista y Podemos han recurrido la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de archivar la pieza separada 1 del caso Lezo contra el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, entre otros.

Ambas formaciones, personadas como acusaciones populares en esta macrocausa de corrupción, recurren  el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado en la pieza de la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por diversos motivos. En el caso de Podemos, los abogados de la formación de Iglesias sostienen que el presunto desvío de fondos públicos producido por el sobreprecio que supuso la adquisición por parte de Canal Extensia de la sociedad colombiana Inassa -a través de una sociedad panameña interpuesta- “no pudo llevarse a cabo sin el acuerdo de autorización de los investigados como miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”.

Para Podemos este extremo ha sido puesto de manifiesto en las numerosas declaraciones llevadas a cabo a lo largo de la instrucción de las presentes actuaciones a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción. Igualmente, argumentan que en el caso de la operación de adquisición de Inassa, “el Consejo de Gobierno aprobó la misma para que el Canal de Isabel II pudiera actuar en Colombia sin decreto alguno que ampliara sus funciones, es decir, sin marco jurídico que le permitiere actuar fuera del área de Madrid”.

El partido morado argumenta que “el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid incumplió deliberadamente su papel de garante de la legalidad administrativa del funcionamiento de los entes mercantiles sujetos al control de la administración pública madrileña”.

Por su parte, el PSOE fundamenta su recurso en una mera cuestión procedimental. Los abogados de dicha formación explican que el sumario de Lezo no ha sido puesto en su totalidad a disposición de las partes “para que estas se instruyan y más concretamente a disposición de la acusación popular”. Añaden, además, que “el proceso de expurgo todavía en marcha no ha permitido el acceso ni a las conversaciones ni a las comunicaciones intervenidas ya fueran estas telefónicas o vía correo electrónico o mensajería”.

“Salvo que el traslado del resto de la prueba nos saque de nuestro error, discrepamos en principio de los sobreseimientos acordados en el auto recurrido (…) pues siendo absolutamente respetuosos con la presunción de inocencia y conociendo el daño que acusaciones aventuradas pueden producir en la reputación de las personas, resulta absolutamente necesario en algunos casos tener acceso directo a las conversaciones mantenidas y no podemos conformarnos con los extractos transcritos por los funcionarios de la Guardia Civil pues carecen de contexto”, concluyen.

Tal y como adelantó El Independiente, en un auto dictado el pasado 29 de mayo, el instructor asumió el criterio de la fiscal Ana Cuenca y acordó que no se sentarían en el banquillo de los acusados por los hechos investigados en esta pieza separada quince personas: el ex presidente Ignacio González, el ex ministro Ruiz-Gallardón, el ex presidente ejecutivo de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, el ex consejero Manuel Cobo, Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona, Ángel Varona, María de la Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral.

No obstante, García Castellón enviaba a juicio a otras 22 acusados como posibles autores de un delito de malversación de caudales públicos agravado. Del Consejo de Gobierno han sido procesados Pedro Calvo y Juan Bravo.  Juez y fiscal creen que el Canal de Isabel II no llevó cabo los controles necesarios cuando adquirió Inassa ni se aseguró que las condiciones económicas pactadas eran ajustadas al valor real ni tampoco realizó una tasación interna minuciosa y validada por asesores externos especializados. La adquisición de Inassa por el ente público estuvo “plagada de ilicitudes”.