Política

Exteriores pide al TSJC que paralice la actividad de las 'embajadas' catalanas

La Abogacía del Estado considera que la Generalitat está vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales en Berlín, Londres y Bruselas

logo
Exteriores pide al TSJC que paralice la actividad de las 'embajadas' catalanas
Quim Torra, en el Parlament.

Quim Torra, en el Parlament. EFE

Resumen:

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que paralice la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Alemania (Berlin), Reino Unido e Irlanda (Londres) y Suiza (Ginebra), por considerar que están vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales como límite de la acción exterior de las comunidad autónomas. Se trata de las tres delegaciones, junto a la de la Generalitat en Bruselas, que más activamente han participado en la defensa pública de los líderes independentistas ante las opiniones públicas de estos países en los momentos en que se ha debatido las ordenes de extradición de Carles Puigdemont y los ex consellers fugados.

El TSJC ha confirmado que la sección 5ª de la sala del Contencioso Administrativo ha recibido hoy un escrito presentado por la Abogacía del Estado de petición de medidas cautelares en relación en las delegaciones de la Generalitat en el extranjero, dentro de la causa que se tramita en esta sección. Una vez presentado el escrito, la sala tendrá que resolver si admite a trámite o no esta petición.

La petición se ha presentado como medida cautelar en el marco del recurso contencioso administrativo que el Ministerio de Exteriores interpuso en 2018 contra el decreto de la Generalitat que restablecía estas tres delegaciones, junto con las de Estados Unidos, Francia e Italia, todas ellas cerradas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La reapertura de estas delegaciones fue uno de los objetivos prioritarios del Govern de Quim Torra desde que tomó posesión.

Según Exteriores, si bien la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior se está revelando, en su conjunto, dañina para los intereses del Estado, se ha podido constatar que la que llevan a cabo las delegaciones en Berlín, Londres y Ginebra «responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos», informa Europa Press.

En Alemania se produjo el proceso judicial para la extradición de Carles Puigdemont, mientras que Clara Ponsatí ha trasladado el proceso contra los líderes independentistas ante la justicia escocesa, donde reside, y Marta Rovira y Anna Gabriel residen en Suiza, aunque en este caso la Justicia española no llegó a emitir órdenes de extradición. Por eso, la solicitud de medidas cautelares presentada se circunscribe en este momento a la actividad de esas tres delegaciones para evitar actividades «perjudiciales para los intereses del Estado».

Nuevas embajadas

El Gobierno ha anunciado además que recurriría la última tanda de oficinas creadas por la Consejería de Acción Exterior de la Generalitat, en Argentina, Túnez y México, acordadas en el Consell Executiu de la semana pasada. El conseller de Exteriores, Alfred Bosch, reconoció entonces que el gobierno catalán acordó la creación de estas «embajadas» sin haber obtenido el plácet del Ministerio de Exteriores. La Generalitat debe consultar la apertura de nuevas delegaciones al Gobierno, una consulta que es preceptiva pero no vinculante, por lo que Bosch consideró que podía crear las embajadas sin esperar a la respuesta del Gobierno.

En cuanto a las de Londres, Berlín y Ginebra, el escrito presentado este lunes ante el TSJC justifica las medidas cautelares en que las delegaciones «se encuentran en funcionamiento y contraviniendo de forma evidente con su actividad entre otros, un título competencial y exclusivo del Estado, como las relaciones internacionales como límite de la acción exterior de las comunidades autónomas».

Un portavoz de Exteriores ha asegurado que el Ministerio lamenta tener que solicitar estas medidas, pero que «no se le deja otra opción» para preservar la competencia exclusiva del Estado para «establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas».