Pablo Casado y Albert Rivera, juntos en el Congreso de los Diputados.
El contenido de las dos históricas sentencias del Tribunal Constitucional comunicadas esta semana amparando la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña aprobada a finales de octubre de 2017 por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy esconde un importante revés político para PP, Ciudadanos o Vox, que habían hecho de la aplicación "indefinida" del 155 su medida estrella en la lucha contra el independentismo en Cataluña.
Según la literalidad de los dos fallos conocida este viernes, "el artículo 155 CE es un remedio excepcional, subsidiario y temporal, y una vía de último recurso". Las sentencias, que contaron con el voto unánime de los magistrados, suponen por tanto un jarro de agua fría, y un impedimento legal, para las pretensiones de los tres partidos de aplicar un 155 indefinido. Ciudadanos reclama el 155 desde antes de la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez tras la moción de censura del 31 de mayo y 1 de julio de 2018. Albert Rivera se lo pidió a Mariano Rajoy con ocasión de la investidura de Quim Torra, también en mayo de 2018.
Pero desde la llegada de Sánchez al poder, la insistencia en un 155 "indefinido" ha estado en boca de Rivera, pero también de Pablo Casado, presidente del PP desde hace un año. Vox va más allá y exige prisión preventiva para Torra. Los tres partidos se toparán con la barrera legal del Tribunal Constitucional para llevar a cabo estas promesas de campaña.
La sentencia del Constitucional básicamente viene a decir que este artículo de la Carta Magna no puede aplicarse indefinidamente al ser un "procedimiento excepcional", señalan los magistrados en su argumentario. Un método para hacer cumplir la Ley cuando no queden otras vías. Y una vía temporal: su promulgación en otoño de 2017 tuvo como fin restablecer el orden constitucional tras la proclamación de la independencia por parte del Parlament, el 27 de octubre.
Un 155 'inmediato'
“El artículo 155 no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para garantizar la validez y eficacia de la Constitución en aquellos supuestos en los que sea manifiesto que sólo a través de esta vía es posible restaurar el orden constitucional”, recalca el Tribunal Constitucional.
Ciudadanos y PP llevaron incluso este mecanismo en sus programas electorales para las elecciones generales que dejaron al PSOE como partido más votado. El partido naranja prometió un 155 "inmediato" y una Ley de Seguridad Nacional para controlar a los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana. Pablo Casado no se quedó atrás y aseguró que aprobaría el 155 en su "primer Consejo de Ministros". Ninguno de los dos partidos tiene hoy opciones de gobernar a pesar de que la izquierda no se pone aún de acuerdo para investir a Sánchez presidente.
En las dos sentencias el Constitucional expone que se quemaron correctamente todas las etapas antes de aplicar el polémico artículo: se requirió dar marcha atrás al entonces presidente Carles Puigdemont hasta que la actitud de la propia Generalitat hizo peligrar "el mandato del artículo 9.1 CE". Éste proclama que "todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y deben adecuar su actuación a sus determinaciones".
Las actuaciones del procès, que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), prosigue el tribunal, "atentaron contra el interés general de España, en cuanto se discutió la preservación misma del Estado español, intentando cuestionar su unidad e integridad territorial y constitucional". En esa tesitura, el 155 quedaría justificado, siempre sin perder de vista la "excepcionalidad" y su carácter "temporal".
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