Política

Ultimátum de Jupol a Marlaska: o los recibe en 20 días o declara conflicto colectivo

El nuevo sindicato mayoritario de la Policía Nacional pronostica que la equiparación salarial será total en "un año" / El SUP pide que la fiscalización del acuerdo para equiparar las nóminas salga de la mesa técnica y se lleve desde el Consejo de Policía

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Ultimátum de Jupol a Marlaska: o los recibe en 20 días o declara conflicto colectivo
José María García, secretario general de Jupol.

José María García, secretario general de Jupol, este lunes antes de la constitución del Consejo de Policía. A. S.

Resumen:

Justicia Policial (Jupol), brazo de la asociación Jusapol y sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional tras las últimas elecciones, ha dado un plazo de 20 días a Grande-Marlaska para que les reciba y les entregue el informe encargado por el Ministerio del Interior a una consultora externa sobre la equiparación salarial o declarará el conflicto colectivo permanente. El reloj ha empezado a correr.

Así lo planteó este lunes el secretario general de Jupol, José María García, durante la sesión constitutiva del Consejo de Policía -donde su organización tiene ocho de las 14 vocalías tras recibir casi 30.000 votos en los recientes comicios- y así lo ha explicado en un vídeo difundido este martes a sus afiliados para informarles acerca del desarrollo de la primera sesión.

«Le hemos dicho [al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, presente en la reunión] que le damos un plazo de 20 días aproximadamente para que nos presentara la auditoría y para que el ministro del Interior recibiera a Jusapol, Jupol y Jucil [asociación profesional de la Guardia Civil], a los tres juntos (…). Y que si no entraban a lo que nosotros le pedíamos íbamos a declarar el conflicto colectivo permanente», explica en el vídeo García. Éste ha calificado de «falta de respeto» que el ministro no asistiera a la reunión constitutiva del máximo órgano de representación en la Policía.

Abonados dos de los tres tramos pactados en el acuerdo de equiparación salarial firmado en marzo de 2018 por el Gobierno del PP con cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos), del que se desmarcó la plataforma Jusapol al considerar claramente insuficiente la dotación de 807 millones de euros comprometida por el Ministerio a tres años, la ejecución está pendiente de que se abone el tercer pago el próximo año.

El nuevo sindicato mayoritario de la Policía aventura que la equiparación salarial será «total y absoluta» en el plazo de «un año»

Ese desembolso está pendiente en gran medida de las conclusiones que arroje el estudio contratado por Interior a la auditora Ernst&Young Abogados, que tenía el encargo de comparar los puestos y retribuciones de policías nacionales, guardias civiles y mossos para determinar si la partida de 807 millones es suficiente o no para alcanzar la equiparación salarial «total y absoluta». También determinará el criterio de reparto de la cantidad entre los policías nacionales y los guardias civiles.

Como viene informando El Independiente, la auditora entregó el trabajo a finales del pasado mes de febrero, si bien la Secretaría de Estado de Seguridad tomó la decisión de no recepcionarlo al entender que no cumplía el pliego de condiciones. Interior le concedió un plazo adicional de 45 días hábiles que terminó a principios de junio.

Recepción o devolución del informe

Un portavoz del departamento que dirige Grande-Marlaska confirmó a este diario el pasado viernes que no se había tomado todavía la decisión de si se recepcionaba o no el trabajo y que aún estaban «en plazo». El Ministerio no ha convocado todavía a los sindicatos policiales y asociaciones profesionales firmantes del acuerdo para informales sobre si ha vuelto a rechazar el informe recibido o, en caso contrario, cuáles son las conclusiones a las que ha llegado Ernst&Young.

No conocer el resultado de dicho trabajo antes de que llegue agosto es una de las condiciones que ha fijado Jupol para declarar el conflicto colectivo permanente, una de las promesas con las que concurrió a las pasadas elecciones en el seno de la Policía. Según ha asegurado José María García, esa relevante decisión se tomaría de manera «consensuada» entre Jusapol, Jupol y Jucil, después de que el presidente de Jusapol (Natán Espinosa) discrepara abiertamente con la dirección del sindicato en la Policía por posponer varias semanas la presentación del conflicto colectivo y no declararlo ya. Espinosa hablaba «a título personal».

«No dudéis ni un solo momento que el conflicto colectivo permanente se va a declarar, sí o sí, estando de acuerdo Jusapol, Jupol y Jucil si el Gobierno no cumple lo que le pedimos», sostiene el dirigente sindical. Éste se atreve a aventurar que «en un año» se va a conseguir la equiparación salarial «total y absoluta» porque «vamos a dar unos golpes de efecto muy claros y en unos momentos muy decisivos».

El nuevo sindicato mayoritario de la Policía aventura que la equiparación salarial será «total y absoluta» en el plazo de «un año»

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) demandó en la reunión del Consejo de Policía de este lunes que la fiscalización del cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial se lleve a cabo desde este órgano de representación paritario y no desde la mesa técnica, en la que sólo participan los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil firmantes. Ello obligaría a Jupol -crítico con los términos de la subida salarial acordada con el Ejecutivo de Rajoy en marzo de 2018- a posicionarse ante las decisiones que se sometan a discusión.

«De esta manera, y en el ámbito de la Policía Nacional, se podrá contar con la opinión de todas las organizaciones que forman parte del Consejo de Policía, en un ejercicio de transparencia. Todos los puntos pendientes de ejecución en ese acuerdo tendrán que pasar por el máximo órgano de participación de los policías nacionales: el informe de la consultora que revisa las cifras del acuerdo y que exigimos se entregue a los sindicatos, la pasarela para el regreso desde la segunda actividad, la norma que evite futuras desigualdades salariales, el tercer pago previsto para 2020 y la extensión del cobro de las partidas de 2018 y 2019 a los compañeros que estaban de baja y a los destinados en el extranjero», defiende el SUP.

El sindicato ha denunciado la «opacidad» con la que el equipo de Grande-Marlaska está ejecutando el acuerdo de equiparación, actitud que -en su opinión- «alimenta la sospecha y la desconfianza». «Los resultados de este trabajo [de Ernst&Young] deben hacerse públicos ya. En caso contrario, el SUP adoptará las medidas que estimemos oportunas hasta conocer ese documento que, entre cosas, determinará el reparto del presupuesto entre Cuerpos y que en su día denunciamos por perjudicar a la Policía Nacional», expuso la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, en la sesión constitutiva del nuevo Consejo de Policía.

El SPP pide un «compromiso por escrito»

En la actualidad, dos juzgados de Madrid -uno de instrucción y otro de la jurisdicción contencioso-administrativa- instruyen sendos procedimientos relacionados con el informe encargado a la consultora y que el Ministerio del Interior se niega a entregar a los representantes de policías nacionales y guardias civiles, a pesar de que el acuerdo -y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- obligaba al Gobierno a contar con los sindicatos y asociaciones profesionales en su elaboración.

Por su parte, el presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), José Antonio Calleja, se refirió a la «dignidad salarial y profesional para los policías nacionales» como la principal reivindicación que llevará su organización al Consejo de Policía. En este sentido, Calleja advirtió de que denunciarán el acuerdo de equiparación salarial si no les facilitan el informe de la consultora externa, al tiempo que exigen un «compromiso real y por escrito» del Gobierno para que se garantice el pago del tercer tramo y de la cantidad adicional que resulte del informe de la auditora.