Política

La Iglesia, un juez y el TC pueden impedir la exhumación de Franco antes del 10-N

El Gobierno en funciones quiere materializar el traslado de los restos del dictador a Mingorrubio tras el fallo del Supremo “lo más rápido posible” para que no coincida con la campaña, pero hay varios ‘obstáculos’ que pueden frustrar su pretensión

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La Iglesia, un juez y el TC pueden impedir la exhumación de Franco antes del 10-N
Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en sus escaños del Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez y Carmen Calvo, en sus escaños del Congreso de los Diputados. EFE

Resumen:

El Gobierno en funciones ha anunciado este martes su intención de materializar «lo más rápido posible» la exhumación de los restos de Franco y su reinhumación en el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo para que el acto esté «lo más lejos posible de la campaña electoral», según ha avanzado Carmen Calvo tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo. ¿Podrá el Ejecutivo sacar los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos antes del 10-N?

Pedro Sánchez tiene varios obstáculos en el camino para poder cumplir antes de los próximos comicios generales la promesa que hizo semanas después de llegar a La Moncloa tras prosperar la moción de censura que puso fin de manera anticipada al último gobierno de Mariano Rajoy. De momento, la vicepresidenta Calvo ha eludido aventurar una nueva fecha -«lo haremos muy rápido», se ha limitado a decir- tras el fiasco de las predicciones anteriores.

  • El contencioso, pendiente de resolución. El escollo más importante en este momento es el recurso que se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid contra el informe urbanístico por el que los servicios técnicos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial -municipio madrileño en cuyo término se levanta Cuelgamuros- declararon admisibles el 26 de noviembre de 2018 los trabajos previstos por el Ejecutivo en el interior de la basílica del Valle de los Caídos: la retirada de la tapa de granito de dos toneladas de peso que cubre el féretro del dictador y la restitución de las losas.

El titular de dicho juzgado, el magistrado José Yusty, acordó el pasado 25 de febrero la suspensión cautelar de la licencia urbanística a la espera de entrar en el fondo y resolver el pleito. El juez fundamentó su decisión en un informe pericial encargado por la Fundación Franco que advertía del riesgo para los obreros que ejecutaran los trabajos, una conclusión combatida por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en otro trabajo aportado recientemente al juzgado pese a estar fechado en marzo.

Fuentes jurídicas han confirmado a este diario que el juzgado citará en octubre a las partes (el recurrente, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y la Abogacía del Estado) para celebrar la vista en la que el magistrado tendrá que decidir si mantiene cautelarmente suspendida la licencia urbanística -mientras sigue tramitándose el procedimiento- o, por el contrario, entiende que la situación ha cambiado y ya no resulta necesaria tal medida.

El Gobierno en funciones quiere materializar el traslado de los restos del dictador a Mingorrubio “lo más rápido posible”, pero ya no aventura fecha

En caso de alzarse la suspensión cautelar sobre el preceptivo informe, el Gobierno podría consumar la exhumación tras el aval que ha recibido este martes del Tribunal Supremo, que con unanimidad de los seis magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado en su totalidad el recurso interpuesto por los nietos de Franco contra el acuerdo por el que el Consejo de Ministros acordó el pasado 15 de febrero sacar del Valle de los Caídos el cuerpo embalsamado del dictador.

Más difícil tendría el Ejecutivo en funciones consumar el traslado de los restos de Franco antes de la próxima cita electoral en caso de que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid decida mantener la suspensión provisional de la licencia hasta que dicte sentencia, como ha hecho el Supremo. Cuando en febrero dictó el auto por el que suspendía de forma cautelar el informe urbanístico, el juez dijo que «no se aprecia especial urgencia en la exhumación del que fue Jefe del Estado, puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años».

En caso de que se mantenga la medida, el fallo podría demorarse aún varios meses, atendiendo al estado de las actuaciones y a los trámites procesales que quedan pendientes. El recurrente ha formalizado ya la demanda, estando ésta pendiente de contestación tanto por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial como por la Abogacía del Estado. Con posterioridad, se propondrá y practicará la prueba, antes de que se emplace a las partes para que presenten sus escritos de conclusiones y el juez resuelva.

Antes tendrá que celebrarse otra vista. El magistrado ha citado a mediados de octubre a los autores del informe del CSIC -dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades- para que ratifiquen sus conclusiones y respondan a las preguntas de las partes. Este trabajo desvirtúa las conclusiones de los peritos de la Fundación Franco, al mantener que la estructura tiene capacidad de resistencia y no hay riesgo de seguridad en la maniobra para destapar la losa que cubre la momia de Franco.

Los nietos del dictador podrían pedir la suspensión cuando recurran el fallo del Supremo ante el Tribunal Constitucional

En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta en funciones ha dado a entender este martes que el procedimiento contencioso-administrativo que tramita el juez Justy pierde eficacia tras el pronunciamiento del Alto Tribunal. «Esto es una sentencia del Supremo. Lo que queda es ejecutar la sentencia en los términos en los que ésta nos los indica: exhumar y reinhumar los restos. No hay más. Lo haremos muy rápido, todo lo rápido que los plazos últimos que nos quedan nos permitan», ha sostenido.

Uno de los trámites pendientes es el acuerdo del Consejo de Ministros poniéndole fecha al traslado y reinhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, en uno de cuyos panteones reposan los restos de la esposa del dictador (Carmen Polo) tras su muerte en 1988.

Fuentes jurídicas rechazan esa interpretación y aseguran que son dos procedimientos diferentes, por cuanto en el Supremo no se han planteado cuestiones que sí forman parte del otro pleito y en consecuencia el Alto Tribunal no ha podido resolver. Mientras no se revoque la medida cautelar o se desestime la impugnación de la licencia urbanística, el Ejecutivo no puede acometer la exhumación de Franco.

  • ¿Recurso ante el Constitucional? A la espera de que se les notifique la sentencia y conocer los razonamientos jurídicos del Supremo, la defensa de los nietos de Franco -dirigida por el abogado Luis Felipe Utrera-Molina- ha anunciado este martes que recurrirán el fallo ante el Tribunal Constitucional al considerar vulnerados derechos fundamentales. La interposición de un recurso de amparo no suspende los efectos de la decisión impugnada, si bien el Tribunal -bien de oficio, bien a instancia de parte- puede acordar la suspensión total o parcial cuando la ejecución del acto recurrido pudiera hacer perder la finalidad al amparo. En el caso de recursos contra decisiones judiciales, el plazo es de 30 días desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial previa.
  • ¿Y la autorización de la Iglesia? El Ejecutivo sigue sin tener autorización eclesiástica para acceder a la basílica del Valle de los Caídos y ejecutar los trabajos necesarios para sacar el féretro de la sepultura habilitada al efecto al pie del altar. La orden benedictina que se encarga del culto ha negado el permiso -necesario al tratarse de un lugar sagrado y por tanto inviolable, según consagra el acuerdo para asuntos jurídicos con la Santa Sede firmado por el Estado español en enero de 1979- con el argumento de que la familia de Franco se opone a la exhumación. De momento, no han surtido efecto las presiones que el gabinete de Sánchez ha ejercido sobre el Vaticano. Para ejecutar el traslado de los restos, el Gobierno tiene que tener autorización de la Iglesia -inexistente en este momento- o judicial. Éste es el elemento nuclear del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por la abadía del Valle de los Caídos, que entiende que el Ejecutivo vulneraría su libertad religiosa y de culto y violaría el derecho a la intimidad y vida propia y familiar de los nietos del dictador si se ejecutara la medida sin su aprobación. A la espera de que se conozca el razonamiento jurídico con que el Supremo responde a esta impugnación, la duda que se plantea ahora es si la Santa Sede -acaba de nombrar a un nuevo nuncio en España, el filipino Bernardito Auza- puede doblegar la voluntad manifestada hasta ahora por el prior (Santiago Cantera) e instarle a que dé el permiso preceptivo tras el fallo del Tribunal Supremo.