Política

Piden al TS que anule su sentencia sobre Franco por 'invadir' la competencia de un juzgado

El abogado que logró la suspensión cautelar de la licencia urbanística para la intervención en la basílica del Valle de los Caídos dice que el Supremo se ha inmiscuido en una competencia que es “única y exclusiva” de los juzgados contencioso-administrativo

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Piden al TS que anule su sentencia sobre Franco por 'invadir' la competencia de un juzgado

Imagen del Valle de los Caídos. EP

Resumen:

El abogado que logró que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid suspendiera cautelarmente la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación de Franco ha pedido la nulidad de la sentencia con la que el Supremo ha desestimado íntegramente y por unanimidad el recurso de los nietos del dictador, con el argumento de que el Alto Tribunal ha invadido la competencia de otro órgano jurisdiccional al pronunciarse sobre la legalidad urbanística de la actuación que pretende llevar a cabo el Gobierno.

Este nuevo incidente procesal no alterará los planes del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez, que ultima la tramitación del expediente administrativo y está a un paso de fijar la fecha para sacar a Franco del Valle de los Caídos antes de las próximas elecciones generales.

El letrado Francisco Zaragoza ha confirmado la interposición de una acción de nulidad sobre la que ahora deberá pronunciarse la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que ha avalado punto por punto el traslado de los restos de Franco desde la basílica del Valle de los Caídos hasta el cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio.

Frente al criterio que mantiene el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, a cuyo frente se encuentra el magistrado José Yusty Bastarreche, el Supremo ha sentenciado que el Ejecutivo «no necesita licencia municipal» y que los trabajos de retirada de la losa que tapa la sepultura no entraña «especiales problemas de seguridad».

En su artículo 241, la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo establece la inadmisión «con carácter general» de incidentes de nulidad de actuaciones, salvo que sean promovidos por «quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo» si consideran que se ha vulnerado uno de los derechos fundamentales descritos en el artículo 53.2 de la Constitución. «Siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario», añade la norma.

Competencia «única y exclusiva»

En este caso, el denunciante considera que el Supremo se ha inmiscuido en una competencia que es «única y exclusiva» de los juzgados contencioso-administrativo al pronunciarse sobre la «legalidad o no o necesidad o no de la licencia urbanística«. Invocando el artículo 8 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, Zaragoza defiende que es dicho órgano jurisdiccional «el competente para resolver en única o primera instancia los recursos contra actos de las entidades locales».

El recurrente mantiene que el Supremo, antes de haber resuelto el recurso de los nietos del dictador, tendría que haber dado traslado a los juzgados contencioso-administrativo que instruyen procedimientos sobre la licencia urbanística concedida al Gobierno por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid) y a las partes personadas para que hubieran podido alegar. Y ello, justifica, por el hecho de que en la demanda se aludía a los pleitos que se siguen en varios juzgados en relación con el citado informe. «Es obvio que en el presente caso el Tribunal Supremo no lo ha hecho», reprocha.

El abogado ve razones «más que suficientes» para que el Alto Tribunal declare la nulidad de la sentencia. De no prosperar su petición, la opción más probable, anuncia que recurrirán ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Recursos pendientes

Junto a la resolución de este incidente de nulidad, el Supremo ha de decidir si levanta la medida cautelar de suspensión de la exhumación acordada tras los recursos interpuestos por la abadía benedictina del Valle de los Caídos, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y dar respuesta a las alegaciones presentadas por estas tres partes. Con seguridad, el Supremo desestimará estas pretensiones.

Mientras se resuelven los obstáculos judiciales, el Gobierno avanza en su plan de exhumar los restos de Franco este mismo mes de octubre, en vísperas de que arranque la campaña de las elecciones generales del 10 de noviembre.