El Ejecutivo de Pedro Sánchez cierra la puerta a que la Junta de Andalucía -gobernada por el bipartito PP-Ciudadanos- pueda salir a los mercados a financiarse y le obligará a meter la tijera en sus gastos por el desvío de las cuentas en 2018, las últimas ejecutadas por el Gobierno de la socialista Susana Díaz. Fue el último presupuesto aprobado por María Jesús Montero, al frente de la Consejería de Hacienda hasta que a principios de junio de dicho año asumió la cartera ministerial.

Ante tal medida, este lunes las reacciones del Gobierno andaluz han sido contundentes. Juanma Moreno, presidente de Andalucía, critica a Pedro Sánchez por intervenir «nuestra financiación» y exigir «recortes por el déficit heredado». «Esperamos una rectificación de esta medida arbitraria que atenta contra nuestra autonomía», ha recalcado el presidente del Ejecutivo, mientras sus consejeros han hablado de «juego sucio» del Gobierno central -en palabras del consejero de Presidencia, Elías Bendodo- y directamente un «ataque a Andalucía», según Juan Bravo, el consejero de Hacienda.

El pasado 5 de diciembre, una semana ante de que el Parlamento autonómico aprobara el presupuesto andaluz para 2020, el Ministerio de Hacienda comunicó por carta al Gobierno de Moreno Bonilla que no reúne los requisitos para adherirse el próximo año al llamado compartimento Facilidad Financiera -mecanismo adicional de financiación del que pueden beneficiarse las comunidades autónomas que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y periodo medio de pago a proveedores- y que en consecuencia tendrá que conformarse con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Las consecuencias de esta decisión serán notables. Andalucía no podrá combinar la salida a los mercados para cubrir sus necesidades de financiación y tendrá que recurrir en exclusiva al Fondo para Comunidades Autónomas, al tiempo que tendrá que elaborar un plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública y que «sea consistente con su plan económico-financiero».

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Ni la ministra de Hacienda, ni siquiera la secretaria de Estado de Hacienda. El Ejecutivo de Sánchez ha despachado la comunicación a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía por la que desestima la solicitud de adhesión al compartimento Facilidad Financiera a través de un alto cargo con rango de subsecretario: el secretario general de Financiación Autonómica y Local, Diego Martínez López.

«No reúne los requisitos»

El Gobierno justifica su decisión en el hecho de que la comunidad andaluza ha incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2018, por lo que «no reúne los requisitos» que el decreto-ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales prevé para poder adherirse a dicho mecanismo de financiación.

En su informe final sobre el grado de cumplimiento de las comunidades autónomas en 2018, fechado el 25 de octubre de 2019, el Ministerio de Hacienda cifra en el 0,1 % la desviación negativa registrada por las cuentas públicas andaluzas sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria, al cerrar el ejercicio con un 0,5 % frente al 0,4 % que se le había marcado.

En cuanto a la regla de gasto, Andalucía fue una de las cuatro comunidades -junto a Baleares, Murcia y Valencia- que tampoco cumplió. En concreto, la tasa de variación alcanzó el 5,8 %, lejos del objetivo del 2,4 % para el conjunto de las regiones. Tampoco en el capítulo de deuda pública, donde la desviación fue de un 0,1% (del 22 al 22,1 %). Ello convirtió a Andalucía en la única comunidad que no hizo los deberes.

El Ministerio de Hacienda desestima la solicitud de la Junta de Andalucía y le impedirá salir a los mercados en 2020 para financiarse

Si la comunidad andaluza se desvió del cumplimiento del objetivo de deuda pública fue en gran medida por la decisión del Gobierno de Susana Díaz de reclasificar en dicho ejercicio la operación de concesión del Metro de Sevilla por 358 millones de euros como deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), sin que ello cumpliera los requisitos para no computar.

Fuentes de la Junta de Andalucía consultadas por El Independiente consideran que la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de «intervenir financieramente Andalucía» es «absolutamente discrecional y de carácter política», dado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera «no obliga» a bloquear automáticamente la salida a los mercados si una comunidad incumple el objetivo de déficit un año.

La intervención se produce sin que el Tesoro haya realizado comunicación alguna en esa dirección y después de que la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) haya considerado poco conveniente alterar la hoja de ruta de una comunidad que haya vuelto a los mercados a financiarse por un incumplimiento puntual.

Responsabilidad de Susana Díaz

Sea como fuere, el Gobierno de Pedro Sánchez ‘castiga’ ahora a una comunidad gobernada por PP y Ciudadanos cuando la responsabilidad del incumplimiento es imputable en exclusiva a un Ejecutivo socialista. El presupuesto de 2018 lo elaboró y ejecutó íntegramente el gabinete de Susana Díaz, del que formó parte María Jesús Montero como consejera de Hacienda hasta que se incorporó a principios de junio de 2018 al Ministerio de Hacienda. El popular Moreno Bonilla no accedió a la Presidencia de la Junta de Andalucía hasta mediados de enero de 2019, después de las elecciones autonómicas celebradas el 2 de diciembre de 2018.

Las fuentes consideran que la desestimación de la solicitud de adhesión al compartimento Facilidad Financiera frena el «exitoso proceso» de salida de Andalucía a los mercados financieros y su consolidación en 2020 y arroja dudas sobre la viabilidad de las medidas adoptadas por el bipartito en materia fiscal -como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones– tras desbancar al PSOE del gobierno autonómico tras casi 40 años de gestión ininterrumpida. La incógnita es cuál será el ajuste que tendrá que acometer ahora el Ejecutivo que preside Moreno Bonilla para garantizar a Madrid el cumplimiento de los objetivos de estabilidad.

Andalucía se convirtió el pasado jueves en la primera comunidad en tener su presupuesto aprobado para 2020, a fin de que entre en vigor el próximo 1 de enero. El pleno del Parlamento autonómico aprobó las cuentas, que ascienden a 38.540 millones de euros, con la mayoría que suman los diputados de PP, Ciudadanos y Vox.