Política

La Fiscalía deja para el final del juicio a Trapero la rebaja de rebelión a sedición

Tendrán en cuenta la declaración de los acusados, la sentencia del 'procés' y el "principio de publicidad para que se sepa lo que se puede y no se puede hacer"

Juicio a Trapero en la Audiencia Nacional. EP

La Fiscalia de la Audiencia Nacional, acusación en el juicio contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra por su responsabilidad los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, no anunciará si rebaja la petición de condena de la rebelión a la sedición hasta el final del juicio.

Este lunes, el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero se sentó en el banquillo acusado de rebelión y enfrentándose a 11 años de prisión, igual que el ex director de la policía catalana César Puig y el ex segundo mando de la consejería de Interior, Pere Soler. La intendente Teresa Laplana se enfrenta a cuatro años de prisión por un presunto delito de sedición.

Es el conocido como segundo juicio del procés, que ha arrancado ante la Sección Primera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional para abordar el papel de la cúpula de los Mossos en el proceso independentista de Cataluña cuyos líderes ya han sido condenados con penas de hasta 13 años de prisión (en el caso de Oriol Junqueras) por sedición por la Sala Penal del Tribunal Supremo.

"¿Por qué no dictamos ya la sentencia directamente?"

El juicio arrancó este lunes con la mirada puesta en la Fiscalía. Puesto que ya existe una sentencia por sedición contra los políticos del procés en la que también se alude al papel de la policía catalana, no tendría sentido que sus responsables sean condenados por un delito mayor que los anteriores.

Los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira han explicado durante la sesión de cuestiones previas en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional que "llegado el momento anunciarán si corresponde modificar la calificación".

Han afirmado que son conscientes de la sentencia de la Sala II del Supremo, pero quieren "escuchar las declaraciones de los acusados y estudiar su participación en los hechos ya determinados por la sentencia del Supremo", expuso el fiscal Rubira.

"No se puede modificar ahora la calificación. ¿Por qué no dictamos la sentencia directamente? Llegará su momento y será bajo el principio de legalidad en orden al estudio de los interrogatorios de los acusados y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero también la interpretación del artículo 28 del Código Penal para determinar si los acusados han sido autores, cooperadores necesarios o inductoes del delito", defendió el representante del Ministerio Público.

"No es nuestra intención enjuiciar a los Mossos"

La Fiscalía también tiene en cuenta para modificar su calificación al final del juicio el denominado "principio de publicidad". "Por la sencilla razón de que se sepa lo que se puede y no se puede hacer, como prevención general", afirmó Rubira.

Igualmente, los fiscales quisieron dejar claro que "nuestra intención no es enjuiciar a los Mossos como instituto armado, que está compuesto por 17.000 agentes que han demostrado su responsabilidad. Cuestión muy distinta es la responsabilidad que tienen los acusados sobre los acontecimientos delimitados por el Tribunal Supremo", explicó Rubira en respuesta a las cuestiones previas de la defensa.

La Sala es competente

Los abogados de los acusados Puig y Soler consideraron que se han vulnerado sus derechos al principio acusatorio, al proceso debido y de defensa. También que si la Fiscalía retira el delito de rebelión, no será la Sala Penal de la Audiencia Nacional la competente para juzgar. Una cuestión previa que rechazó la presidenta de la Sala, Concepción Espejel, que concluyó que la Sala sigue siendo competente para enjuiciar el caso.

La acusada Laplana, que tiene problemas médicos, solicitó no estar en la sala de vistas salvo cuando tenga que declarar, algo que también resolvió favorablemente la presidenta de la Sala, saliendo la intendente de la sala de manera inmediata.

En la sentencia del Supremo, los magistrados ya se refirieron a la actuación de los responsables de la policía catalana aunque no fueran objeto de la causa. Consideraron que facilitaron la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 con su «actuación aparente» y su intervención «en un mínimo número de centros». También que tuvieron «connivencia» con los líderes del procés, probablemente por su «coincidencia ideológica» y las expectativas de «granjearse el aplauso y beneplático» del presidente Puigdemont y los miembros de su Govern.

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