Llegó a Facua en el verano de 1993 para hacer prácticas como periodista y sigue vinculado desde entonces a la conocida organización de consumidores, fundada una década antes por su padre -Paco Sánchez Legrán, histórico dirigente del movimiento vecinal andaluz- y convertida en azote de eléctricas, bancos, empresas de telefonía, aerolíneas…

Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) se reúne este miércoles con Alberto Garzón, el primer ministro exclusivamente de Consumo en España en virtud del acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos. Sánchez le llevará una lista de asuntos, como la necesidad de prohibir totalmente la publicidad y el patrocinio de las casas de apuestas en los medios de comunicación y la reforma de la ley de defensa de los consumidores.

Cuenta con una legión de seguidores en las redes sociales, pero también con críticos feroces que rebaten de forma ácida sus opiniones y movimientos. «Soy incapaz de definirme ideológicamente», sostiene Sánchez, que lee estos días Franquismo SA (Antonio Maestre) y Marvel, ¡qué hermosa eres!, de Arturo González-Campos. El cine, las series y visitar Cádiz copan las prioridades en su tiempo libre.

Pregunta.-¿La creación de un ministerio para gestionar específicamente las competencia de Consumo se explica por la necesidad de dar cargos a Unidas Podemos en el Gobierno o cree que es por convencimiento de Pedro Sánchez?
Respuesta.-Teniendo en cuenta la trayectoria del PSOE cuando ha gobernado en las últimas décadas, no parece que la protección de los consumidores haya sido una de sus políticas prioritarias, como obviamente tampoco lo ha sido para el PP. Así que todo apunta a que la llegada del primer gobierno de coalición de nuestra democracia, y la decisión de aumentar el número de carteras en lugar de repartir con cierto equilibrio las que ya había en la legislatura anterior, es la responsable de que esas políticas cuenten con un ministerio dedicado exclusivamente a ellas.

En España hay barra libre para cometer fraudes masivos y ya toca que alguien ponga fin a la fiesta»

P.-¿Alberto Garzón es el mejor candidato para ocupar ese puesto?
R.-A mí, particularmente, me genera grandes expectativas. El tiempo lo dirá. Desde luego, es interesante tener un ministro marxista al frente de un Ministerio cuya responsabilidad es intervenir, para equilibrar la balanza, ante una eterna lucha de clases: consumidores contra grandes empresas.

P.-¿Que sea marxista es la mejor cualidad que usted destaca del flamante ministro?
R.-Que sea marxista manifiesta que su visión del mundo es que vivimos una eterna lucha de clases. Y parece bastante claro que está más del lado de los oprimidos que de los opresores. Así que prefiero mil veces un ministro de Consumo marxista que uno de ideología conservadora, en cuyo ideario la prioridad es dejar que las empresas sean libres de hacer lo que quieran porque piensan que como mejor se regula el mercado es dejando que lo haga él solo.

P.-¿Cree que Garzón va a tener margen de maniobra en el Gobierno, por ejemplo para actuar ante lo que usted llama «fraude de las eléctricas»?
R.-En el sector eléctrico se comete una larga lista de fraudes. Uno de ellos ha dado lugar a la primera denuncia que hemos puesto sobre la mesa del Ministerio de Consumo: las compañías omiten el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad en sus ofertas, con lo que incurren en publicidad engañosa.

P.-No me ha respondido a la pregunta. Se la formularé de otra manera: ¿Pedro Sánchez va a dejar hacer a Garzón lo que éste querría hacer?
R.-Puede que sí, puede que no; puede que algunas cosas sí y otras no. Más allá de esta obviedad, ahora mismo lo que más me interesa es saber qué querría realmente hacer Garzón ante cada una de las reivindicaciones que vamos a trasladarle. Desde Facua vamos a poner alto el listón.

Prohibir la publicidad de apuestas en horario de madrugada no colma ni de lejos nuestra demanda»

P.-La limitación de la publicidad de casinos y casas de apuestas en emisoras de radio y cadenas de televisión en horario de madrugada anunciada por el nuevo ministro, ¿colma la demanda de la organización que usted representa?
R.-Ni de lejos. Nosotros reclamamos -y lo hacen casi nueve de cada 10 consumidores según nuestra última encuesta- la prohibición total de la publicidad y el patrocinio en cualquier medio de comunicación.

P.-¿Será una realidad esa prohibición al término de esta legislatura?
R.-Nos ha sorprendido que sólo unas semanas después de que PSOE y Unidas Podemos diesen a conocer un acuerdo programático que incluía la regulación de la publicidad de casinos y casas de apuestas «de manera similar» a la del tabaco, que está totalmente prohibida, trascienda que finalmente las medidas van a ser mucho más light. Ya veremos qué justificación nos da el ministro y el secretario general de Consumo y Juego esta semana. Nosotros, desde luego, vamos a dar la batalla durante toda la legislatura para reclamar que se cumpla lo prometido.

P.-Si se prohibiera la publicidad de esa actividad al 100 %, como ocurrió con el tabaco, ¿cree que se frenaría la adicción al juego cada vez en edades más tempranas?
R.-Si la publicidad del juego no sirviera para captar clientes, las empresas del sector no harían inversiones multimillonarias en pagar a medios de comunicación, clubes de fútbol, deportistas, actores y presentadores de televisión. Creo que es evidente que, sin publicidad, habría menos clientes, menos adolescentes apostando y menos adictos.

P.-¿Le ha sorprendido que el ministro se haya reunido con agentes económicos y sociales del sector del juego antes que con las asociaciones de consumidores?
R.-Bueno, hubiera sido más estético que las primeras reuniones del primer ministro de Consumo de la democracia hubieran sido con las principales organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los consumidores.

Si Garzón no batalla contra el fraude y lleva a los tribunales a los defraudadores, ¿para qué es ministro de Consumo si no?»

P.-¿Qué demandas va a poner encima de la mesa del ministro Garzón el miércoles cuando se reúna con él en Madrid?
R.-Dos cuestiones prioritarias. Que el Ministerio de Consumo aperciba a las empresas que cometen fraudes masivos y emprenda acciones judiciales contra ellas si no cesan en sus prácticas. Y que impulse una reforma de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios para que el Ministerio se dote de competencias sancionadoras, de manera que las comparta con las comunidades autónomas. No se puede luchar con eficacia contra los fraudes si tienes las manos atadas, sin capacidad de multar a los defraudadores.

P.-¿Es optimista ante la posibilidad de que ambos asuntos puedan ver la luz en este mandato?
R.-La dotación de competencias sancionadoras para la autoridad de consumo del Gobierno es una reivindicación histórica de Facua que Podemos recogió en su programa electoral para las elecciones de 2016. Obviamente, no creo que el problema esté en que el ministro sea de IU y el compromiso no era de su formación. Veremos si asumen algo tan necesario ahora que gobiernan. Quiero creer que sí. Y con respeto a que Garzón vaya a batallar contra los fraudes, aperciba y lleve a los tribunales a los defraudadores… ¿para qué es ministro de Consumo si no?

P.-¿Cómo valora la protección que tiene el consumidor español en este momento en relación con el régimen existente en otros países del entorno?
R.-No tengo elementos suficientes para poder poner a ningún país europeo como ejemplo de políticas de protección de los consumidores. Pero desde luego hay anécdotas que dejan bastante claro cómo ciertas cosas que se hacen en otros países, en España son, de momento, política ficción. Por citar una, mientras Italia inició un procedimiento sancionador contra Ryanair por cobrar por el equipaje de mano, en España el Ministerio de Fomento nos ha dicho que la considera una práctica legal. Y eso pese a que hay sentencias que confirman que es ilegal.

P.-Ya que la cita, ¿Ryanair lidera las quejas de los consumidores?
R.- En nuestros balances anuales suele aparecer como la aerolínea líder en denuncias. Y, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no han actuado contra sus irregularidades -ni desde Fomento ni desde los ministerios con competencias en Consumo-, como tampoco lo han hecho las comunidades autónomas. En España hay barra libre para cometer fraudes masivos y ya toca que alguien ponga fin a la fiesta.

El agricultor no gana poco porque el consumidor pague poco, sino porque en la cadena de intermediación hay abusos»

P.-¿La solución para calmar la revuelta de los agricultores es que los supermercados suban el precio, como propone el Gobierno?
R.-¿Quién garantizaría que las subidas en los precios se trasladarían a los ingresos de los agricultores y no a otro aumento en el margen de beneficios de las superficies comerciales?

P.-¿Y cómo se puede retribuir de manera justa la producción agrícola y ganadera sin que el negocio sea para otros operadores de la cadena?
R.- ¿Me habla de un mundo utópico donde los poderosos no abusan de los débiles?

P.-Le hablo de cómo corregir la situación actual…
R.-Vivimos en el libre mercado. A mí no me gusta que los estados miembros de la UE no tengan capacidad para intervenir en los precios de ciertos productos y servicios. Pero ése es el sistema que tenemos. Insisto, subir precios en los supermercados no garantiza que suban los márgenes para los agricultores. Y, de hecho, el presidente Sánchez, que ha hecho esa propuesta, parece olvidar que los agricultores no ganan poco porque los consumidores paguemos poco, sino porque en la cadena de intermediación hay abusos. Si hay algo que subir, es el precio que cobra el agricultor. ¿Se puede imponer esa subida con una regulación estatal? Tengo serias dudas.

P.-¿Qué soluciones propone Facua para corregir la brecha entre lo que cobra el agricultor o ganadero y lo que paga el consumidor?
R.-Se trata de un problema complejo. Los agricultores lo tienen muy difícil para ponerse de acuerdo y  negarse a vender por debajo de un determinado precio. Y ello debido a lo atomizado que está buena parte del sector y a que, además, los intermediarios y las grandes superficies pueden optar por comprar los productos en el extranjero. Una medida necesaria es la regulación de un doble etiquetado obligatorio con el que los consumidores pudiéramos conocer cuánto cobraron los agricultores por los productos que están en el mercado. Así, al menos, habría menos opacidad sobre los márgenes y los consumidores tendrían conciencia del problema y podrían cambiar sus decisiones de compra.

P.-Pero el doble etiquetado no impediría que se siguiera retribuyendo de manera injusta la producción agrícola y ganadera y que el negocio continuara siendo para otros operadores de la cadena…
R.-Obviamente no, sólo aportaría transparencia para que los consumidores decidieran. Vivimos en una sociedad de libre mercado, donde son pocos los sectores en los que un Gobierno puede fijar los precios para el consumidor final. Insisto, que se fijen los precios no garantiza que suba el margen para los agricultores.

Los clientes de Tous compran una joya y la publicidad no aclara que está rellena de un material no precioso prohibido por la ley»

P.-El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no ha visto delito y ha archivado la causa contra Tous. ¿Facua entiende que se engaña al cliente que compra el emblemático oso de la firma catalana por desconocer aquél que la pieza está rellena de material no metálico?
R.-El argumentario del fiscal era muy solvente y nos ha sorprendido enormemente que el juez haya decidido dar carpetazo inmediatamente después de escuchar a los imputados, sin practicar más diligencias. Los consumidores compran una joya y la publicidad, la información comercial, precontractual, no aclara que está rellena de un material no precioso. Así que lo mínimo que debería hacer Tous es aclararlo en todos y cada uno de sus mensajes comerciales. Pero es que, además, según la legislación, ese rellenado está prohibido. Pedraz ha considerado que, cuando se aprobó la reglamentación del sector (1988), la técnica de fabricación que usa Tous todavía no existía -algo que, por cierto, el denunciante (Consujoya) ha cuestionado en su recurso- y que el espíritu de dicha norma hubiera permitido el denominado electroforming, lo que también ha cuestionado el denunciante con argumentos bastante razonables.

P.-¿Cómo se financia Facua? De los ingresos totales en 2019, ¿qué cantidad procedía de subvenciones de las administraciones?
R.-Dos terceras partes de nuestros ingresos provienen de las cuotas de nuestros socios  (2.062.416 euros en 2019) y un tercio es dinero público (1.003.408 euros). Promover y apoyar que los consumidores se organicen para defender sus derechos es un mandato constitucional, pero lo cierto es que las cantidades que los gobiernos central y autonómicos destinan al movimiento de consumidores es ridículo si lo comparamos con el que reciben los sindicatos, empresas y patronales empresariales.

El dinero de las administraciones al movimiento de consumidores es ridículo en comparación con el que reciben sindicatos y patronales»

P.-¿Y recibir dinero de las administraciones no le resta independencia a la hora de reivindicar?
R.-Se la resta a quien esté dispuesto a que se la reste, a quien se pliegue al poder político por conseguir más dinero público o no dejar de recibirlo. Desde luego, en Facua nunca hemos renunciado a nuestra independencia frente a gobiernos y partidos políticos. No nos ha temblado el pulso al denunciar políticas que recortaban derechos de los consumidores o representaban mirar hacia otro lado ante los fraudes que cometen numerosas empresas. Y eso, en ciertos momentos, se ha traducido en recortes en las subvenciones a modo de represalia o intento de silenciarnos. Pero aquí seguimos, más fuertes cada año y alzando la voz cuando y contra quien corresponda, gobierne quien gobierne.

P.-Usted genera tantas simpatías como rechazo. ¿Por qué cree que recibe tantos ataques en las redes sociales?
R.-A mí no me preocupan los ataques, sino de quién vienen esos ataques. Cuando son ciertas personas las que van contra ti, eso sólo te confirma que estás luchando desde el lado correcto. Que la ultraderecha o unos cuantos delincuentes me hayan puesto en su punto de mira o incluso convertido en su enfermiza obsesión es algo que no me queda más remedio que asumir, dando en ocasiones las respuestas que corresponden. Condenaron dos veces a Luis Pineda por difamarme -a través de las redes y fuera de las redes, llenando ciudades de carteles con mi cara- y ahora hay dos causas penales abiertas contra otra persona que lleva años montando y difundiendo fake news contra mí a través de las redes por falsedad documental y delitos contra la intimidad.