La juez cree que el Gobierno vulneró la sanción de la UE al permitir que Delcy aterrizara en Barajas

El juzgado de Madrid que investiga el Delcygate considera que el Gobierno español pudo incumplir las sanciones impuestas por la Unión Europea a jerarcas del régimen chavista al permitir que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizara en el aeropuerto de Madrid y permaneciera en la zona de tránsito antes de continuar viaje.

En un auto notificado en la tarde de este martes, cuyo contenido ha adelantado El Mundo y al que ha tenido acceso El Independiente, la titular del Juzgado de Instrucción 7 de Madrid se desmarca de la tesis que mantiene el Gobierno y aprecia que la presencia de Rodríguez en Barajas podría suponer una "contravención de la decisión" adoptada por la Unión Europea en noviembre de 2017.

De momento, accediendo a la petición cautelar del PP, la instructora considera que de los hechos denunciados por el principal partido de la oposición se desprenden "indicios racionales de hecho delictivo" y ordena a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) que conserve las grabaciones de las cámaras de seguridad, dado que podrían ser un elemento que podría contribuir al esclarecimiento de los hechos. El instructor advierte al gestor aeroportuario de que, de desatender este requerimiento, incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

La urgencia por solicitar esta diligencia se explica por el hecho de que, en dos días, el aeropuerto ya no tendría obligación de mantener las cintas al haber transcurrido más de un mes. Y el juzgado quiere asegurar la pervivencia de esta prueba antes de que legalmente pueda destruirse.

Desde que trascendió el polémico encuentro en la madrugada del 20 de enero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sostenido que la número dos de Maduro no pisó territorio Schengen porque ni pasó el control de pasaportes ni fue sometida a una inspección fronteriza en la sala VIP en la que permaneció hasta que embarcó en un vuelo de Qatar Airways rumbo a Doha.

Esta interpretación la pone en duda el Juzgado de Instrucción 7 de Madrid, que, en una resolución que puede ser recurrida, aprecia indicios de que España pudo incumplir las sanciones que acordó la UE hace ya más de dos años para altos cargos y funcionarios del régimen chavista, entre ellos Delcy Rodríguez.

Petición de las grabaciones a AENA

El reglamento que el Consejo de la Unión Europea aprobó el 13 de noviembre de 2017 prohíbe a los afectados por dicha medida restrictiva acceder a los 26 países integrantes del espacio Schengen y sobrevolar el espacio aéreo, como detalla el artículo 20. Y el avión que trasladó a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela surcó los cielos españoles.

La número dos de Maduro llegó a Barajas en un vuelo procedente de Caracas en la madrugada del pasado 20 de enero, manteniendo en el interior del avión un encuentro con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante "una hora". Con posteriorirdad, Ábalos acompañó a Rodríguez hasta la sala VIP de la terminal ejecutiva, donde permaneció el resto de la noche hasta que a primera hora del lunes 20 de enero prosiguió viaje en un avión comercial hasta Doha y, desde allí, a Estambul (Turquía).

Según ha explicado Ábalos, acudió al aeropuerto madrileño para recibir a su amigo Félix Plasencia -ministro venezolano de Turismo y quien ocupaba plaza en el mismo avión que la vicepresidenta- y recordarle de paso a Delcy Rodríguez que no podía entrar en España en cumplimiento de las sanciones acordadas por Bruselas. En su opinión, su actuación permitió evitar una crisis diplomática.

La pasada semana, durante la sesión de control al Gobierno, el titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE insistió en que la dirigente venezolana "no estuvo en ningún momento en el espacio Schengen" y defendió que "la prohibición de entrada no impide el tránsito internacional".

Ábalos, aforado ante el Supremo

Ésta es la cuestión nuclear que deberá discernir el juzgado que ha conocido el escrito de denuncia formulado por el PP, que atribuye a Ábalos la comisión de un delito de prevaricación administrativa. El ministro goza de aforamiento ante el Supremo, lo que le obligaría a elevar una exposición razonada al Alto Tribunal en caso de que el avance de la investigación le permita afianzar los indicios de delito.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha celebrado que la juez de guardia haya ordenado a AENA que custodie las cintas, lo que garantiza que ya no se destruirán sopena de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

"Digan lo que digan las cintas, lo que ha quedado claro es que Ábalos ha mentido, Pedro Sánchez ha mentido y el Gobierno en su conjunto está envuelto en una gran mentira de la que le va a ser muy difícil salir sin que su credibilidad y la confianza que los españoles han depositado en ellos quede seriamente dañada", ha destacado.