Las movilizaciones del sector agrario se han convertido en un campo de lucha política entre partidos que intentan rentabilizar la protesta creciente de un sector muy numeroso con capacidad para determinar el destino de cientos de miles de votos. Una de estas formaciones es la que lidera el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que arremete contra Vox, insta a aprovechar "nuestra presencia institucional al servicio de alianzas" con distintas organizaciones de este sector para acabar abogando, entre otras medidas, por intervenir el precio del aceite.

"La extrema derecha ha visto en el sector de la agricultura un nicho político-electoral estratégico a conquistar. Razones no le faltan", advierte un texto de Izquierda Unida en alusión implícita a Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, se presentó en una de las protestas convocadas en Madrid, donde recibió aplausos pero, también, se le recriminó intentar usar políticamente el conflicto. Y aunque la coalición de izquierdas se centra en el sector olivarero, extiende su análisis a la situación general del campo. Tras explicar que, en términos cuantitativos, son 250.000 las familias que en España viven del olivar, cree que el conflicto que ha echado a los agricultores a la calle "abre posibilidades inéditas para una alianza amplia en clave popular y democrática".

Así, el primero de los objetivos políticos declarados por la coalición que lidera el ministro Garzón es "estrechar alianzas con los sectores afectados: agricultores movilizados, sindicatos, cooperativas y organizaciones agrarias de todo tipo". Y aunque no citan directamente el Ministerio de Consumo o de Trabajo, creen llegado el momento de "poner nuestra presencia institucional" al servicio de la construcción de dichas alianzas. Asimismo, anuncian la presentación de mociones en los ayuntamientos de todos los pueblos "que se vean afectados directa o indirectamente por la situación que afronta el campo español en general y el sector olivarero en particular" y la presentación de iniciativas parlamentarias a nivel autonómico, estatal y europeo.

IU quiere usar su "presencia institucional" para "estrechar alianzas" con las organizaciones del sector agrario

La coalición ha editado un díptico que bajo el titulo "Intervenir el precio del aceite. Defender el campo. Luchar por el pueblo" están repartiendo “casa por casa”, en cooperativas y en cualquier espacio "de importancia estratégica", entre estos meses de enero, febrero y marzo. Defienden los de Izquierda Unida "intervenir el precio del aceite y regular el mercado para liberarlo del 'secuestro” de las grandes empresas multinacionales. Hay que establecer un precio mínimo del aceite que garantice una rentabilidad digna. El sector está obteniendo beneficios de récord, pero solo se benefician un número muy reducido de empresas multinacionales e intermediarios".

Aunque, al menos de momento, Garzón como ministro de Consumo mantiene silencio al respecto y deja que sea su compañera de coalición y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la que protagonice las reuniones con las organizaciones agrarias y empresariales del campo, Izquierda Unida tiene una propuesta muy avanzada sobre la intervención de los precios del aceite marcando unos mínimos. Para empezar se amparan en el artículo 128 de la Constitución, por el que "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

En definitiva, "la situación exige claridad y determinación". "Necesitamos -prosigue el documento- regular un mercado que está secuestrado por un numero reducido de empresas multinacionales. Urgen medidas legislativas que impongan mecanismos de transparencia y vigile el acceso de los fondos de inversión y del capital externo al sector de la agricultura. Regular significa, también, establecer un precio mínimo del aceite que al menos garantice una rentabilidad digna".

Apelan a un "gobierno serio"

Comparan la situación de la agricultura con la "uberización" de otros sectores como el del taxi, los repartidores y hasta el precio de los alquileres y ¿cómo solucionó el Gobierno de Berlín este problema? Interviniendo los precios, congelándolos para impedir más subidas. Un gobierno serio debería establecer un precio mínimo", sentencian cuando ya tienen a dos de los suyos sentados en el Consejo de Ministros.

De momento lo más llamativo que ha hecho Garzón ha sido el Real Decreto de regulación del juego, que tiene una llamativa salvedad, esto es, librar los partidos de fútbol de máxima audiencia de la restricción publicitaria de las apuestas on line, tal y como adelantó El Independiente. Fuentes del Ministerio de Garzón aducen que «la regulación de la publicidad debe avanzar de forma paulatina y que una prohibición total de forma inmediata puede llevar a un desvío de la publicidad a otros medios o soportes que puedan afectar más a los jóvenes».