Política

El juez centra en dirigentes de JxCat y el Govern la causa principal por la corrupción en la Diputación de Barcelona

Francesc de Dalmases, en el Parlament.

Francesc de Dalmases, en el Parlament.

El diputado de JxCat Francesc Dalmases, el presidente de la Fundación Catmon, Victor Terradellas, el subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, Jordi Castells, el jefe de la Oficina de Cooperación de la Generalitat, Jonathan Jorba, o la asesora del conseller Puigneró Judit Aixalà. Son algunos de los nombres de peso que centran la pieza principal de la instrucción sobre la presunta trama de corrupción en la Diputación de Barcelona para desviar fondos teóricamente destinados a la ayuda al desarrollo y que acabaron en dos fundaciones ligadas a Convergencia, Catmon e Igman, detinados básicamente a sufragar gastos privados de sus gestores.

En lo alto de la trama dibujada por el magistrado Joaquin Aguirre, responsable del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, se sitúan Dalmases y Terradellas, fundador y presidente de las dos fundaciones, y Castells, entonces director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. Terradellas era además responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia, mientras Dalmases compartiría después despacho con Quim Torra en la «war room» del procés independentista.

Pero esa trama tuvo relación también con otras empresas e instituciones, por lo que Aguirre ha acordado, dividir la causa en seis piezas, de las que destaca la centrada en Catmon e Igman, fundaciones que llegaron a recibir durante el periodo investigado más de diez millones de euros procedentes de diversos organismos públicos, entre ellos la Diputación de Barcelona.

Imputación de Dalmases

Respecto a Dalmases, y dada su condición de aforado como diputado autonómico, el magistrado sopesa pedir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) que le impute tras interrogar a nuevos investigados. Así lo anuncia en el mismo auto, en el que anuncia que citará a 48 supuestos responsables como investigados, entre ellos cargos de la Diputación vinculados a estos contratos. Y señala la condición de aforado de Dalmases para concluir que cuando la Guardia Civil finalice el estudio de la documentación intervenida y hayan prestado declaración la docena de nuevos imputados en relación con los contratos a Catmon e Igman, será el momento en que procedería remitir una exposición razonada al TSJC por si considera el alto tribunal que existen motivos para abrirle una causa.

Según la Guardia Civil, Dalmases logró 320.000 euros en subvenciones supuestamente fraudulentas de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona para dos fundaciones afines a CDC que administraba -CatMON e Igman-, con facturas duplicadas e improcedentes.

Altos cargos del Govern

La causa destaca también la responsabilidad de Castells, que en la actualidad es el responsable de la cooperación local del Departamento de Presidencia de la Generalitat, cargo al que accedió tras estallar el escándalo en la Diputación de Barcelona, donde según los testigos presionó a los técnicos para forzar la concesión de subvenciones y ayudas públicas no justificadas a las fundaciones de CDC.

Otra de las implicadas con cargo de peso en el Govern es Judit Aixalà, actualmente asesora de políticas digitales en el territorio en la Conselleria de Administración Pública y Políticas Digitales. Durante el periodo investigado por la justicia, Aixalà era fundadora de Igman y asalariada de Catmon.

La investigación del juzgado de Instrucción 1 de Barcelona afecta ya a 49 personas, entre las que destaca también el ex gerente de la patronal Pimec, Joaquim Ferrer. El juez Aguirre centra su investigación en 28 subvenciones para cooperación internacional que la Diputación de Barcelona concedió supuestamente a dedo a distintas empresas y entidades -algunas de ellas vinculadas a alcaldes del PDeCat, además de las citadas, según el juez- para fines que nada tenían que ver con el desarrollo y que aún se están investigando.

La Diputación admite irregularidades

Precisamente, la Diputación, en un informe remitido recientemente al juez, admitía irregularidades en algunas de las subvenciones, como viajes y contratos sin justificar, facturas presentadas después de su cobro, «laxitud» en la aportación de comprobantes e «indeterminaciones» en los expedientes. Una de las irregularidades que la Diputación enumera en sus informes es relativa a varias facturas a nombre de Dalmases que consta que fueron cobradas antes de la fecha de expedición.

Uno de los expedientes donde la Diputación ha observado irregularidades obedece a una subvención de 49.918 euros que esta institución otorgó, de forma directa, a la Fundación Catmón para llevar a cabo un proyecto de «consolidación de la internacionalización de los municipios» de Barcelona. La subvención para dicho proyecto -que incluye las ediciones del año 2015 de la revista «Catalan International View»- fue otorgada de forma directa, pese a sus «indeterminaciones», ya que no definía las actividades a realizar ni «los resultados concretos que se pretendían conseguir», mantiene el informe.

La Operación Estela por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, arranca en 2016 con una denuncia anónima que después ha sido ratificada por varios técnicos de la Diputación. El periodo investigado por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción afecta al momento en que el convergente Salvador Esteve -también investigado en la causa- presidía la Diputación de Barcelona, con el también convergente Xavier Trias al frente del Ayuntamiento de Barcelona y Artur Mas en la presidencia de la Generalitat.

El instructor detalla en el sumario la investigacion sobre un millón de euros en subvenciones de la Diputación entre el 2011 y el 2015 destinadas a proyectos de cooperación en Marruecos, Bosnia, Honduras o la isla de Pascua no llegaron a su destino con un mecanismo de facturaciones falsas que daba “cobertura legal” al desvío de fondos.

La Operación Estela estalló en mayo del 2018, tras dos años de investigación, con la detención de varios de los investigados y decenas de entradas y registros en la Diputación, oficinas y domicilios. Aunque Dalmases constaba ya como investigado, no fue detenido por ser aforado.

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