JxCat arremete contra el republicano Bosch por no activar el protocolo anti-acoso del Govern

Guerra abierta en el seno del Govern por la gestión del cese del jefe de gabinete del conseller de Exteriores, el republicano Alfred Bosch, por denuncias de acoso sexual de algunas trabajadoras del departamento. Carles Garcias Hernández fue cesado el pasado 24 de enero por el conseller Bosch, que lo incorporó a su equipo en el Govern procedente del Ayuntamiento de Barcelona, donde ambos dirigentes republicanos habían colaborado ya. El problema es que el cese de Garcias se produjo después de que la cúpula de Esquerra -incluido su presidente, Oriol Junqueras- se lo exigiera a Bosch, sin que éste hubiera activado en ningún momento el protocolo contra el acoso sexual de la propia Generalitat.

La constatación de esta negligencia ha llevado a JxCat a denunciar la actuación del conseller Bosch, en las redes privadas del Govern y también en público. Al tiempo que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, convocaba esta mañana a Bosch al Palau de la Generalitat, tras ver publicadas las denuncias contra Garcias en el diario Ara.

Torra reclama explicaciones

En un comunicado tras la reunión, Torra afirma que ha "pedido explicaciones" a Bosch sobre el caso de acoso sexual en su departamento "y sobre la no activación del protocolo para la prevención, detección y actuación de la Generalitat". Hasta ahora, añade el comunicado, "no consta ninguna comunicación del Departamento a la Dirección General de Función Pública".

El president le habría comunicado la apertura de una actuación desde la inspección de la Conselleria que dirige Jordi Puigneró "para aclarar los hechos y los motivos por los que no se activó el protocolo obligatorio en toda la Administración de la Generalitat". Tras ese encuentro y después de una reunión con la cúpula de su partido en la sede de Esquerra, el Departamento de Exteriores ha emitido un segundo comunicado -el primero se ha hecho público a primera hora de la mañana- para confirmar que "se ha activado un proceso conjunto con la Dirección General de Función Pública para aclarar los hechos" y "las consecuencias que se puedan derivar".

El Govern, concluye el comunicado de Presidencia de la Generalitat, "investigará si se ha producido desprotección de las personas que han podido ser víctimas de acoso y aclarará si se ha actuado con todas las garantías" para las víctimas.

El Govern investigará si se ha producido desprotección de las víctimas de acoso" advierte la oficina de Torra

Más explícitas han sido las diputadas de JxCat en el Parlament Gemma Geis y Aurora Madaula. En redes sociales, Geis ha tachado de "gravísimo" este caso y ha criticado que la Conselleria de Exteriores "no haya aplicado el Protocolo para la prevención, detección, actuación y resolución de situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual de la Generalitat".

En términos similares se expresaba Madaula, quien añadía que "el acoso es un delito, no un asunto interno que ha de resolver un partido político". Las diputadas se refieren así a las dudas sobre la actuación de Bosch, al que algunas fuentes acusan de haberse resistido a cesar a Garcias, al que habría intentado "recolocar" en otro departamento de la Generalitat.

Si referirse abiertamente a esa supuesta mala praxis, la líder de JxCat en el Ayuntamiento, Elsa Artadi, ha reclamado en nombre de su partido que Bosch dé explicaciones en el Parlament y ha dejado claro que "el protocolo que se debe aplicar es el de la Generalitat" no el de "una entidad externa" como Esquerra. "Nos parece especialmente grave porque hay unos protocolos que funcionan a través de función pública que no se han activado. No entendemos, frente a una situación que es tan grave, que afecta durante tanto tiempo a varias trabajadoras de la Generalitat, por qué no se ha aplicado un protocolo que es de obligada aplicación", ha asegurado en declaraciones a la prensa.

Protocolo de Esquerra, no del Govern

De hecho la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reconocido esta mañana que fue la dirección republicana la que forzó a Bosch a tomar la decisión de cesar a Garcias. Y ha defendido que el hecho de haber actuado amparándose en el protocolo contra el acoso y la violencia sexual del partido ha sido clave para que se actuara de forma fulminante. "Esta persona está cesada y suspendida de militancia desde hace un mes y medio, mucho antes de que fuera público" ha insistido Vilalta.

Las denuncias contra Garcias por un caso continuado de acoso sexual contra varias trabajadoras de la Generalitat llegó a ERC a principios de diciembre de 2019, ha confirmado la vicesecretaria general de Mujeres de ERC, Raquel Sans. La dirigente republicana ha explicado que las denuncias no se pudieron confirmar hasta finales de mes, y fue entonces cuando se instó al conseller a cesar a Garcias.

Las primeras denuncias, sin embargo, se produjeron en septiembre en el seno del departamento que dirige Bosch, que no habría activado el protoco interno de la Generalitat porque, según fuentes de ERC, las víctimas no oficializaron esas denuncias.

También la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha arremetido contra la forma de gestionar el caso de acoso en la Conselleria de Exteriores que lidera Bosch: "Todas sabemos cuáles son los procesos por los cuales pasa la víctima. Todo el respeto ante su decisión de dar o no consentimiento. Pero quien lo sabe y no activa el protocolo nos deja indefensas a todas", ha afirmado en un tuit.

Campaña electoral

En los chats privados del Govern los comentarios son aún más sangrantes. "No se han vulnerado los valores republicanos" advertía un alto cargo de una consejería de JxCat parafraseando las explicaciones dadas desde primera hora desde Esquerra, "se ha vulnerado la ley".

"Estamos en campaña y lo están usando" responden desde Esquerra, al tiempo que lamentan que ningún partido ha actuado con tanta celeridad, y que ellos no han arremetido abiertamente contra los casos de corrupción, que no acoso, que afectan al partido de Quim Torra. Señalan como ejemplos a la ex consellera de Cultura y actual líder de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, investigada por un presunto caso de malversación de fondos públicos durante su etapa al frente del Instituto Catalán de la Mujer.

O el secretario general de Deportes, Gerard Figueras, investigado por la concesión presuntamente fraudulenta de subvenciones públicas por valor de dos millones de euros desde el Consejo Catalán del Deporte, dentro de la trama de corrupción y desvío de fondos públicos a las fundaciones Catmon e Igman, ambas próximas a Convergencia .