Ha sido un Consejo de Ministros inédito. El segundo estado de alarma de la historia de la democracia española se ha decretado tras una deliberación extraordinaria de más de siete horas y media. La comparecencia de Pedro Sánchez, prevista en inicio para las dos de la tarde, se ha producido finalmente cerca de las nueve. Aunque las deliberaciones del Consejo son secretas, hacía ya horas que se había filtrado un documento completo con las medidas que regirán sobre España los próximos 15 días, como poco. Se trataba de un borrador que apenas ha sufrido cambios en su versión final. Una es relevante: la prohibición de circular por la calle salvo excepciones justificadas (compras de alimentos, farmacias o productos de primera necesidad; desplazamiento a lugares de trabajo; regreso al domicilio habitual; cuidado de dependientes o mayores) será efectiva desde esta misma noche y no desde el lunes, como se había filtrado en un principio.

La aplicación de estas restricciones «drásticas» la vigilarán la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y Fuerzas Armadas, en el caso de ser necesario. Todos los cuerpos quedarán bajo control de Interior y Defensa, pese a las reticencias de los gobiernos nacionalistas.

En este sentido, Sánchez ha recalcado la necesidad de una acción coordinada con los gobiernos autonómicos, tras las sonoras quejas de País Vasco y Cataluña contra la centralización de servicios como Sanidad o Interior. «Es necesaria una respuesta común a esta crisis. La solidaridad, el diálogo y la cohesión territorial estarán presentes en todo momento porque el virus no distingue de territorios, ni de ideologías políticas», ha dicho Sánchez, que ha subrayado la colaboración con las autonomías como una condición «indispensable» para superar la crisis.

Sobre el confinamiento de Cataluña que el viernes exigió Quim Torra, Sánchez ha asegurado que la única medida efectiva es el «aislamiento» y el «distanciamiento social», no el cierre de regiones específicas. «El virus no atiende a diferencias territoriales, ni a fronteras. El corazón que justifica el estado de alarma es proteger a la ciudadanía restringiendo algunos derechos que son importantes restringir, da igual que viva en Barcelona, en Gerona, en el Valle de Arán, en Ourense, en Lugo o en Madrid. Todos y cada uno de ellos sólo van a poder salir de su domicilio para trabajar, comprar alimentos, medicina, sacar dinero o pasear al perro», ha insistido.

«El objetivo es reducir la propagación del virus, después detenerla y por último eliminarlo», ha asegurado el presidente, que ha anticipado «semanas muy difíciles» hasta que el número de altas médicas supere diariamente al de infectados. Una situación aún lejana, con más de 1.000 casos nuevos sólo este sábado y aún 517 altas en total desde el inicio del brote en nuestro país.

«Cuando la emergencia del virus pase podremos volver a las calles, a las terrazas, veremos a nuestros amigos y llevaremos a nuestros hijos al parque, pero hasta que llegue ese momento no derrochemos energía y vayamos todos a una», ha dicho Sánchez, que ha recalcado la necesidad de la «disciplina social» para no salir de casa en la medida de lo posible.

El Gobierno traslada a Urkullu y Feijóo la recomendación de aplazar las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril

El presidente no ha respondido a la perspectiva de que el estado de alarma se pueda extender durante más de 15 días, aunque sí ha trasladado que la posición del Gobierno es favorable a aplazar las elecciones autonómicas que deberían celebrarse el próximo 5 de abril en Galicia y en el País Vasco.

Sobre los españoles que actualmente se encuentran en el extranjero, Sánchez ha afirmado que no tendrán «ningún problema» para volver a España siempre que tengan domicilio en el país. No ha especificado cómo. También que las familias que se hayan desplazado a una segunda residencia podrán regresar a la primera.

La discusión sobre el alcance económico de las medidas contenidas en el decreto que regulará el estado de alarma ha tensionado al Gobierno en las últimas jornadas, con los ministros de Podemos ejerciendo presión sobre la titular de Economía, Nadia Calviño. Finalmente, Sánchez se ha limitado a asegurar que el próximo martes, en el Consejo de Ministros ordinarios, se estudiarán medidas -sin concretar- en apoyo a los trabajadores, los mecanismos de ajuste temporal, la actividad de las empresas y la investigación de la vacuna contra el Covid-19.

Como ya preveía el borrador del decreto, todo el poder durante el estado de alarma queda en manos de Pedro Sánchez, Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Luis Ábalos (Transportes) y Salvador Illa (Sanidad). Ningún área de poder, por tanto, para los ministros de Podemos.

«Hemos tenido muchas horas de debate del que tenemos que guardar la debida discreción, pero todos y cada uno de los ministros hemos estado aportando para crear el mejor Real Decreto y en ese sentido, tanto el vicepresidente como el resto de ministros, hemos tenido un debate sosegado, intenso y muy detallado», ha respondido preguntado por la debilidad transmitida en la coalición de Gobierno.

Presiones nacionalistas

Durante la tarde, ha sido el sonoro puñetazo en la mesa del nacionalismo vasco y catalán lo que ha hecho saltar las alarmas. Media hora antes de que finalizase la reunión del Ejecutivo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha roto su silencio con un mensaje en el que denuncia el decreto del estado de alarma como un intento de «recentralización».

«He llamado al lehendakari Urkullu para valorar el avance de la pandemia del coronavirus y la respuesta que debemos dar. Coincidimos en que no podemos aceptar que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte. Necesitamos apoyo, no recentralización», escribió Torra.

Su exabrupto fue respaldado poco después por la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que confirmó que Torra y Urkullu habían hablado «para hacer reflexiones entorno a esta invasión competencial» y anunciar un «frente común» que amenaza con entorpecer la acción del Gobierno en un momento de crisis sanitaria.

El lehendakari vasco confirmó esa conversación y subrayó que coincidía en los términos con Quim Torra. Antes, Josu Erkoreka había denunciado la intención de Moncloa de establecer «un 155» en competencias transferidas a las autonomías como Salud o Seguridad.