Confinamiento total, domiciliario y perimetral. Es la propuesta que la Generalitat ha trasladado al Gobierno para extender a toda la comunidad las medidas de reclusión total aplicadas desde el pasado jueves en Igualada (Barcelona) y su entorno. Un confinamiento que obligaría a parar toda la actividad económica excepto lo que el Govern considera actividades fundamentales, desde el sector sanitario y farmacéutico hasta la alimentación o las telecomunicaciones.

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha argumentado esta resolución porque, al borde del millar de infectados en Cataluña el Govern considera que ya se ha superado la fase de contención del virus y hemos entrado en fase de mitigación. Y en este escenario, las medidas dictadas por el Gobierno al calor del decreto de estado de alarma aprobado el sábado son insuficientes. Buch ha destacado que «en condiciones normales» el Govern solo habría sometido este decreto a consideración de la autoridad judicial, pero el estado de alarma obliga a la Generalitat a someter su aprobación al Gobierno.

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«No es la hora de proclamas patrióticas, es la hora de tomar medidas reales y efectivas como ha hecho el Govern; que el Gobierno autorice esta resolución», ha reclamado Buch, en una rueda de prensa a tres bandas en la que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha defendido la negativa de Quim Torra a firmar el comunicado conjunto del Gobierno y los presidentes autonómicos del domingo.

La resolución, que solo se hará efectiva si la aprueba el Gobierno, supone el parón total de la economía para todos los sectores considerados no esenciales por la Generalitat, ya que ordena el confinamiento de la población y «prohíbe la circulación exterior, a pie, en vehículo privado o transporte público» de todos aquellos ciudadanos que no trabajen en los sectores excluidos por el Govern de este confinamiento.

Se trata del suministro de alimentos y centros de producción alimentaria, servicios de protección civil, salud pública, servicios penitenciarios, servicios fúnebres, transportes e infraestructuras, radio y televisión públicas, electricidad, agua potable y su purificación, carburantes, telecomunicaciones, gestión de residuos urbanos e industriales, suministros sanitarios y servicios de limpieza.

Solo se permiten desplazamientos «individuales» para la compra de alimentos y medicinas y se limita el transporte público a un 5% del habitual, además de confirmar el cierre de todos los espacios comerciales no dedicados a los sectores de excepción.

Locales cerrados y sanciones

Buch ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que haya optado por «subordinar, en lugar de colaborar» con las autonomías y ha argumentado que la propuesta de la Generalitat de confinamiento total no responde a una «ideología política», sino a «recomendaciones médicas y técnicas». En una comparecencia anterior al anuncio del cierre de fronteras decretado por Interior la tarde de este lunes, Buch ha insistido en criticar la negativa a cerrar los accesos vía puertos y aeropuertos a Cataluña.

El incumplimiento de las medidas comportaría las sanciones previstas y otras responsabilidades del ordenamiento jurídico vigente. Los mossos cerraron la noche del domingo al lunes 59 locales de ocio, y ya han cerrado un total de 619 locales desde que la Generalitat ordenó su cierre, el viernes. Se han levantado 41 actas de denuncia.

En cuanto a los controles en vías circulación, los agentes de la policía autonómica ha realizado un total de 751 identificaciones ciudadanos en los últimos tres días, a los que se ha conminado a respetar las normas del confinamiento domiciliario.