Política

El TSJM acredita que los policías trabajan con "escasez de medios" de protección

La Sala de lo Social insta a Interior a facilitar al sindicato Jupol las medidas de protección necesarias y constata el “riesgo” al que están expuestos los agentes, que siguen sin tener acceso preferente al test que determine si están contagiados

Un policía nacional se protege con una mascarilla en uno de los controles de frontera establecidos tras declararse el estado de alarma.

Un policía nacional se protege con una mascarilla en uno de los controles de frontera establecidos tras declararse el estado de alarma. EP

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) considera «palmario» el riesgo al que se están exponiendo los policías nacionales por el coronavirus ante la «insuficiencia de medios» de protección con la que están ejerciendo sus funciones, esenciales para el cumplimiento de las medidas de restricción de circulación de personas y vehículos acordadas al declararse el estado de alarma.

Así lo razonan las magistradas que integran la Sección 5 de lo Social del Alto Tribunal madrileño en el auto en el que resuelven parcialmente la petición de medidas cautelarísimas solicitadas por Justicia Policial (Jupol) en la demanda interpuesta este miércoles contra el Ministerio del Interior por incumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales. El sindicato denuncia que muchos agentes tienen que salir a trabajar sin los equipos de protección mínimos para evitar un contagio por covid-19.

En un auto fechado este viernes, el TSJM se aviene en parte al posicionamiento del sindicato y requiere a la Secretaría de Estado de Seguridad para que le proporcione «todas las medidas de protección necesarias para desarrollar sus funciones en condiciones de seguridad» cuando reciba los medios. Y ello «sin desatender a los colectivos profesionales prioritarios y más necesitados de equipos de protección».

En la resolución, las magistradas consideran que la falta de medios es «notaria» y «no necesita una especial acreditación», como vienen denunciando sin éxito desde hace semanas tanto los sindicatos policiales como las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Más de 500 agentes han dado positivo ya y otros 7.400 se encuentran en cuarentena al presentar síntomas compatibles con el coronavirus.

Los fundamentos jurídicos de este auto chocan con la postura que viene defendiendo el Ministerio del Interior ante las reivindicaciones de los representantes de los agentes. Este martes, Fernando Grande-Marlaska aseguró que policías y guardias civiles están trabajando con los medios «adecuados y necesarios».

El TSJM insta a Interior a facilitar al sindicato Jupol las medidas de protección necesarias y acredita el «riesgo» al que están expuestos los agentes

El TSJM también da la razón implícitamente a sindicatos y asociaciones, que reclaman sin éxito que los funcionarios policiales sean considerados colectivo de alto riesgo. Ello les permitiría acceder a las pruebas que determinen si están contagiados o no. Hasta ahora, esa consideración tan sólo se da a los agentes que ejercen en Navarra y Galicia, pero no en el resto del país.

Esta reivindicación ha llevado este viernes a la Confederación Española de Policía (CEP) a enviarle una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que muestra su «preocupación» por el elevado número de bajas que se están registrando y considera «urgente e imprescindible» que los funcionarios sean catalogados como colectivo de riesgo y puedan acceder a los test diagnósticos.

«Imposible de ejecutar en este momento»

Las magistradas eluden fijar un plazo temporal para Interior para que facilite los equipos de protección dada la «notoria escasez de medios de protección» existente, por lo que sería «imposible de cumplir y ejecutar en estos momentos».

También ha acudido a la jurisdicción Social la Unión Federal de Policía (UFP) para que la Justicia obligue a la Dirección General a dotar de equipos de protección individual a los agentes «ante la falta de sensibilidad y respuesta del Ministerio del Interior» a las solicitudes que le ha venido formulando por escrito.

Otras organizaciones, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han presentado una denuncia conjunta ante la Inspección de Trabajo al entender que Interior está incumpliendo la propia orden dictada por el ministro para garantizar que los agentes ejerzan su trabajo con seguridad.

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