Política

Hay alternativa al estado de alarma, pero con consultas de Sánchez a las autonomías

Constitucionalistas coinciden en que el decreto del Gobierno pierde sentido a medida que mejoran los datos sanitarios

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Hay alternativa al estado de alarma, pero con consultas de Sánchez a las autonomías

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. EFE

Resumen:

El Gobierno de Sánchez pide al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma como único escenario posible para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus. «Es mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar al caos», afirmó este lunes en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de que el Partido Popular, principal partido de la oposición, advirtiera de una negativa a la ampliación del decreto solicitada por Pedro Sánchez.

Los partidos nacionalistas (PNV y ERC) que permitieron el Gobierno de coalición tampoco ven claro el mando único a partir de ahora. De hecho, los segundos ya han anunciado un voto negativo el miércoles. Ciudadanos también se debate entre apoyar la prórroga o no hacerlo.

Pero, ¿de verdad no hay alternativa al estado de alarma como indica el Gobierno? Constitucionalistas consultados por El Independiente creen que sí, aunque también verían efectivo mantenerlo buscando el consenso político para acordar la desescalada. Consideran que el Gobierno podría apoyarse en otras normas como la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Sanidad Pública para establecer limitaciones de movimientos y otro tipo para evitar contagios, como hasta ahora. Se vería obligado, eso sí, a dar más poder a las autonomías y Sánchez tendría que contar más con su opinión para la toma de decisiones.

¿Tiene sentido mantenerlo?

Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, cree que se debe mantener el estado de alarma como mecanismo eficiente de coordinación estatal, puesto que establece las mismas normas y claridad jurídica para todos los territorios.

Sin embargo, recuerda que el Gobierno debe justificar su mantenimiento «llevando datos técnicos y epidemiológicos al Congreso de los Diputados y que los grupos políticos, también basándose en dichos datos y su conocimiento previo, apoyen mantenerlo como marca la Constitución».

«Lo que no puede pretender el Gobierno es mantener un estado excepcional con argumentos políticos, tampoco ninguneando a las comunidades autónomas en las decisiones para la desescalada». El también ex letrado del Alto Tribunal insiste en la necesidad de ese diálogo con las autonomías, a las que considera se debería dar más poder como ocurre en Alemania con los Länder.

Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y abogado, afirma que «en este momento el estado de alarma ha dejado de tener sentido. La circunstancia extraordinaria imposible de controlar por otros medios ya no es una razón, pues existen otros mecanismos legales. Hasta ahora los ciudadanos asumimos la limitación de derechos fundamentales (más bien la restricción propia de un estado de excepción) por la peligrosidad del virus. De hecho, ha habido una auto-regulación social, la gente ha entendido que debe quedarse en casa, que solo puede salir hasta las 11 de la noche o que no puede pararse a hablar con un vecino».

¿Qué alternativas hay?

Berzosa, igual que señalan otros juristas, se refieren a la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Sanidad Pública como el amplio paraguas normativo al que podría acogerse el Gobierno para tomar decisiones que limiten ciertos derechos siempre que sea para asegurar la salud de la población.

Ley de Medidas Especiales en Materia de Sanidad Pública

También recuerda que la Carta Europea de Derechos Fundamentales admite que los Gobiernos asuman poderes superiores a los habituales siempre que persigan asegurar la salud de los ciudadanos.

¿Qué pasa con las medidas tomadas?

«El Gobierno ha vinculado los ERTE, las ayudas a empresarios y demás medidas económicas y sociales al estado de alarma, técnicamente no es cierto que vayan unidos ni que si se acaba el estado de alarma las medidas tengan que dejar de tener efecto, pero si no hay otra alternativa, así sería», aclara Urias.

Berzosa destaca que fuera del estado de alarma, por la excepcionalidad de la situación, el Gobierno puede tomar decisiones por decreto las veces que haga falta, aunque debería contar con apoyos políticos. «Sin ir más lejos, Rajoy decidió medidas económicas en la anterior crisis con hasta 30 decretos ley». Cabe recordar que el ex presidente del Gobierno contaba con mayoría de su partido en el Congreso.

¿Podrá continuar la desescalada?

La misma lógica jurídica permitiría mantener el plan de desescalada del Gobierno, sólo que «se pondría a prueba una y otra vez el estado de las autonomías puesto que Sánchez debería consensuar con ellas continuamente las decisiones al tener las competencias en muchos ámbitos», afirma Berzosa. En todo caso, el estado de alarma, en su artículo 12 también reserva autonomía a las comunidades en el ámbito sanitario, asunto que el propio ministro Illa ha recordado en distintas ruedas de prensa.

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