Política Crisis del coronavirus

Moncloa carga en Lastra y Echenique la "chapuza" que divide al Gobierno

Sánchez asume el control de la crisis tras hablar con Iglesias para salvar la unidad interna y la mesa de diálogo social

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el Congreso. EP

Todas las miradas, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, se dirigen a los portavoces parlamentarios Adriana Lastra y Pablo Echenique, cuya actuación en el pacto con Bildu no dudan en calificar de «chapuza» no por la negociación en sí, que evidentemente conocían tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, sino por el fondo y la forma. Tal es la crisis que ha provocado la situación, que el presidente del Gobierno «ha asumido directamente la responsabilidad de intentar reconducir las cosas» tras una conversación con su vicepresidente segundo, tanto para cerrar la brecha interna como en lo que afecta a la relación con los agentes sociales, «que se sienten burlados», según fuentes del Gobierno.

Y es que la reforma del mercado laboral era una de las cuestiones centrales de la comisión para la desescalada y la reconstrucción pactada con la patronal y los sindicatos. Una comisión de carácter semanal que este miércoles celebró su primera reunión «y que fue muy bien hasta que, cuando acabó, se encontraron con el lío».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunció ayer la decisión de su organización de levantarse de la mesa de diálogo social, aunque el Gobierno lo considera una maniobra de corto alcance. Pero también las organizaciones sindicales, aunque partidarias de la derogación de la reforma laboral, han recibido la noticia con estupor. «Durante un tiempo hay que aceptar que los sindicatos y la patronal pataleen», aseguran las mismas fuentes, esperando que todo pase en el plazo de «una semana» a pesar de admitir que «nos hemos dado un tiro en el pie».

«Nos hemos dado un tiro en el pie», admiten en el Gobierno

Y el lío del que hablan es un pacto con EH-Bildu para asegurar su abstención en la quinta prórroga del estado de excepción, innecesaria a efectos aritméticos, en el que se se comprometían a la derogación «íntegra» de la reforma laboral de 2012, gobernando Mariano Rajoy.

Revelado por la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, al término de las votaciones parlamentarias en el Congreso este miércoles, fue tal la polémica que Ferraz se vio obligada a rectificar el alcance del acuerdo con un «corta-pega» del programa de coalición que incluía hasta un punto ya derogado. En definitiva, «no fue el mejor día para Adriana Lastra y para Pablo Echenique», admiten en este caso fuentes próximas a Pablo Iglesias.

La situación deja a la portavoz socialista en una posición muy delicada, con su continuidad comprometida, puesto que la maniobra obligó a la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a forzar una rectificación que tampoco puede calificarse de acertada. Otra de las ministras afectadas por la ola expansiva de la penúltima crisis es la de Trabajo, Yolanda Díaz, ya que, aunque sabedora de la negociación con Bildu, desconocía los términos del acuerdo, ni siquiera que éste se hubiera alcanzado ya. Lastra y Echenique «no iban por libre, pero redactan finalmente por libre».

La continuidad de Lastra como portavoz parlamentaria queda comprometida

Quizá, políticamente lo más significativo, es que, por un lado, vuelven a verse las costuras del Gobierno de coalición y, por otro, se agiganta la soledad de un Ejecutivo «que ha conseguido enfadar a todos». Los de Unidas Podemos, con el vicepresidente segundo a la cabeza, Pablo Iglesias, se suman a las tesis de Bildu respecto a la derogación «íntegra» frente a las matizaciones de los socialistas, mientras que el «regalo» que se le ha dado a la izquierda proetarra en plena precampaña vasca debe ser un sapo difícil de tragar para el PNV.

Por su parte, Ciudadanos intenta disimular el engaño del que ha sido víctima separando el acuerdo conocido con nocturnidad de su apoyo a la prórroga del estado de alarma, olvidando que la abstención de Bildu era la moneda de cambio al mismo. Por su lado, ERC, sigue instalada en el «no» a pesar del intento agónico que hizo Sánchez por convencer al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para que los 13 diputados independentistas apoyaran otra ampliación del estado de alarma.

En cuanto a la convivencia interna del Gobierno, desde Unidas Podemos intentan quitar carga de profundidad a las discrepancias. De hecho, vienen a admitir que Iglesias «no tenía más remedio que decir lo que ha dicho, que los acuerdos son para cumplirlos, pero no se confronta. La reforma laboral se iba a modificar según el pacto de Gobierno, y el pacto con Bildu ni añade ni quita nada», aseguran en el entorno morado a pesar de las evidentes discrepancias.

«Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas y no por crearlos», dijo este jueves la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para ahondar su discrepancia con la hipotética derogación de la reforma de 2012.

No deja de ser llamativo que la polémica en torno a la reforma laboral haya eclipsado parte del contenido del acuerdo con Bildu y del que más réditos políticos puede sacar en la campaña electoral de los comicios del 12 de julio. Se trata del enunciado por el cual las entidades locales, forales y autonómicas «dispondrán de mayor capacidad de gasto» para afrontar la crisis derivada del Covis-19. Los gastos en políticas sociales de los ayuntamientos «serán exceptuados del cómputo de la regla de gasto» y la capacidad de endeudamiento de la comunidad vasca y navarra «se establecerá exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras».

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