Las asociaciones de la Guardia Civil recuerdan que los miembros del instituto armado comisionados como Policía Judicial tienen la obligación de informar a sus mandos sobre las investigaciones en marcha, pero solo de manera genérica, y piden al ministro del Interior que aclare los verdaderos motivos del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

«El Confidencial» ha publicado este martes una nota firmada por la directora del instituto armado, María Gámez, donde señala que el exjefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, fue cesado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento».

Interior ha explicado luego que el ministro y la directora general del Cuerpo solo querían tener conocimiento de las actuaciones y ha detallado que el coronel comunicó al Ministerio que había sido comisionado por una juez como Policía Judicial para la investigación del 8M, y luego de que la magistrada pidió paralizar la investigación durante el estado de alarma.

El secretario general de AUGC, asociación mayoritaria en el Cuerpo, sostiene que «el ministro no ha faltado a la verdad, en el sentido de que no ha querido tener el informe ni interferir en la investigación» judicial.

Así lo explica a Efe su secretario general, Juan Fernández, que recuerda que los miembros de la Policía Judicial están obligados a informar semanalmente a sus superiores de las investigaciones en marcha desde 2012, cuando el Gobierno del PP dictó una instrucción en este sentido.

La orden, a la que ha tenido acceso Efe, está fechada el 19 de abril de 2012 y recuerda que todas la unidades deben remitir cada miércoles «una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente» o de las que presenten «novedades relevantes», indicando entre otros detalles el número previsible de detenidos, los registros a practicar y «posibles implicaciones de cargos públicos».

La AUGC entiende que el ministro del Interior preguntó a Pérez de los Cobos por qué no se le había informado de una investigación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, «sin pedirle diligencias ni preguntarle por qué estaba imputado», y el mando «no supo dar respuesta», ya que «no había cumplido las órdenes».

El dirigente de la AUGC explica que el exjefe de la Comandancia de Madrid «podría haber llegado a incurrir en un delito de insubordinación» y entiende que el ministro prefirió enmarcar públicamente su cese en una remodelación general de cargos, y ahora le pide que «dé explicaciones urgentes» para saber claramente lo que ha ocurrido.

El presidente de la AEGC, Francisco Javier Benito, también pide explicaciones «urgentes» al ministro tras conocerse este martes un oficio «sorprendente», ya que lo desvelado hasta ahora no aclara realmente por qué cesó al coronel.

Benito incide también en que la Policía Judicial «tiene la obligación de dar cuenta de lo que se investiga, pero sin dar detalles», al menos mientras la instrucción está en marcha, y por lo tanto el matiz relevante es si Pérez de los Cobos informó en esos términos o no.

En la Unión de Oficiales (UO) están «estupefactos y descolocados» con el oficio de la directora general conocido este martes y están analizando su veracidad, porque le falta un código que permite verificar su firma electrónica: «No queremos lanzar acusaciones antes de disponer de todos los datos y oír a todas las partes, porque alimentar el circo mediático no beneficia en nada a la Guardia Civil y nos distrae de nuestro verdadero trabajo, la seguridad de todos los españoles».

Estos piden ser «prudentes» y «no exigir dimisiones de nadie» sino la «comparecencia urgente» del ministro y la directora general para que «den explicaciones oportunas ante las distintas versiones que circulan cada día y asuman las responsabilidades que ello conlleve».

La Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) considera que el oficio conocido este martes supone «la confirmación inequívoca de que el coronel Pérez de los Cobos no fue cesado como fruto de «una política de una reestructuración y conformación de nuevos equipos, sino como consecuencia de negarse a incumplir una orden ilegal, como era informar sobre el desarrollo de una investigación en el marco de actuaciones de la Policía Judicial».

Desde JUCIL solicitan la comparecencia de Marlaska y de la directora del cuerpo, María Gámez, «para que den explicaciones de la posible injerencia del Ministerio del Interior en las funciones que legalmente tienen asignadas la Guardia Civil».

Desde la Asociación Española de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) aseguran estar «avergonzados» por «la utilización que se ha hecho de la Guardia Civil por parte del Gobierno para conocer una investigación que le afecta directamente». En su comunicado afirman que «la Directora General del Cuerpo, María Gámez, ya no cuenta con el respaldo ni la confianza de los guardias civiles, ni siquiera de los más próximos, como lo demuestra el que se haya filtrado un documento de la máxima reserva. No sólo no los ha defendido directamente, ha contribuido a echar por tierra su trabajo y prestigio».

La Asociación Profesional de Cabos (APC) considera que el documento conocido este martes es «la gota que colma el vaso» en relación con el cese del coronel y «los escorzos, quiebros, requiebros y regates han finalizado», al quedar claro en su opinión que fue cesado por no dar detalles de una investigación judicial.