La Fiscalía de Madrid insiste en el archivo de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid y otras 76 a pesar de existir contagios por coronavirus.
En un recurso ya ante la Audiencia Provincial, que tendrá que resolver si Carmen Rodríguez-Medel debe seguir adelante con la investigación contra Franco por presunta prevaricación administrativa o no, denuncia la "celeridad que se ha imprimido a la instrucción". A juicio del Ministerio Público, esta rapidez de investigar de la jueza provoca una situación de "indefensión" en el investigado, al que según considera se está vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva puesto que las diligencias comenzaron a practicarse con los plazos procesales suspendidos por el estado de alarma.
"Estimamos que la suspensión de los plazos para recurrir que recogían cada una de las providencias recurridas y las que tramitaron los recursos generó una situación de indefensión, habida cuenta de que dicha suspensión se alzó el 4 de junio, y a día de hoy ya existen más de 3000 folios en la causa, circunstancia que pone en evidencia que ésta se está instruyendo sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria los recursos planteados, y sin que la actividad instructora pueda ser valorada por un órgano superior con la misma celeridad que la instrucción. De hecho, los 3000 folios son consecuencia en parte de las diligencias acordadas en las resoluciones recurridas".
Cruce de reproches
En contestación al recurso de reforma ya presentado por la Fiscalía para que se archivara la causa, la jueza contestó que el Ministerio Público, igual que la Abogacía del Estado, pudo presentar su escrito antes de que se levantara la suspensión de los plazos procesales y sin embargo optó por hacerlo el 8 de junio.
En el recurso de apelación presentado este miércoles, las fiscales encargadas del caso afirman que tuvieron acceso a la totalidad de la causa (1.900 folios) el pasado 26 de mayo y "ha sido la Ilma. Magistrada la que ha fijado los plazos de los recursos y la celeridad o no de los mismos". "¿Cómo puede responsabilizarse al Ministerio Fiscal de la demora en la resolución de los recursos cuando todas las providencias establecen un plazo para contestar?", se preguntan en el escrito.
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