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El Supremo rompe el espejismo de Torra que debe optar entre elecciones o desobediencia

Torra TSJC

Quim Torra ante el TSJC junto a su esposa y sus abogados Efe

La decisión del Tribunal Supremo ha roto el espejismo de una legislatura catalana viva tras la aprobación de los presupuestos de la Generalitat que Quim Torra ha intentado sostener las últimas semanas frente a la presión de Esquerra para que despejara el calendario electoral. Con el anuncio probablemente para octubre de una sentencia que se presume contraria a los intereses del President, a Torra, JxCat y Carles Puigdemont les urge tomar decisiones. Las opciones: elecciones, remodelación de gobierno o desobediencia.

El próximo 17 de septiembre tendrá lugar la vista en la que se resolverá el recurso de casación del presidente catalán Quim Torra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por un delito de desobediencia al negarse a retirar una pancarta sobre los presos del procés y lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral como ordenó la Junta Electoral Central (JEC). Si la Sala que resolverá confirma la decisión del TSJ catalán, Torra será inhabilitado durante un año y seis meses para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo. 

Una sala distinta a la que resolverá el recurso lo admitió a trámite previamente. La defensa de Torra considera que se ha vulnerado su derecho a un juez imparcial y a un procedimiento con las debidas garantías al no habérsele comunicado la admisión, motivos que afirma expondrá en un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si se confirma la sentencia condenatoria, según traslada a El Independiente. Sin embargo, fuentes del Tribunal Supremo explican que las admisiones a trámite de recursos no necesitan auto, sino que se resuelven por providencia y ésta no se comunica, por lo que los trámites que afectan a Quim Torra se han resuelto de la misma manera que los de cualquier otra persona. 

Falta por conocer quién será el ponente de la decisión, puesto que el magistrado Miguel Colmenero pidió apartarse al haber sido designado miembro de la Junta Electoral Central (JEC) por considerar que los hechos por los que fue condenado Torra afectan a decisiones de dicho órgano. El día 14 vence el plazo para que la Fiscalía y las partes, entre ellas la defensa del presidente catalán, informen al respecto. Después, la Sala Segunda del Tribunal Supremo que preside Manuel Marchena designaría a otro ponente si es que se acepta su abstención.

Sin partido ni candidato

Más allá de su defensa judicial, la decisión sobre el calendario electoral catalán está condicionada también por las negociaciones por el reparto del poder en el seno de JxCat. Esto es, quién será el próximo candidato a la presidencia de la ex convergencia, y cómo se define la candidatura, además de qué peso debe tener el PDeCat en el nuevo espacio. Los neoconvergentes han resistido más de lo esperado por Puigdemont y sus fieles, mientras la Crida que lidera Jordi Sánchez parece mas vacía de sentido que nunca. Sánchez y David Bonvehí, presidente del PDeCat, ha remotado las negociaciones esta semana, como si intuyeran le movimiento del Supremo.

El portavoz del PDeCat, Marc Solsona, aseguraba este lunes que «nuestra voluntad es cerrar el acuerdo antes de septiembre» tras anunciar que retoman los contactos. «Este mes se tienen que poner las cartas sobre la mesa para activar todos los mecanismos de toma de decisiones que toquen» antes de las elecciones, añadió Solsona, que por primera vez verbalizó la posibilidad de una ruptura con la Crida y el entorno de Puigdemont.

El PDeCat «va a la negociación con voluntad de entendimiento» aseguran, pero también señalan que «hemos hecho una reflexión muy generosa con el espacio, somos los únicos que tenemos estructura territorial, no partimos de cero, tenemos poso suficiente como para empezar a trabajar y ponerlo en valor». En otras palabras, los neoconvergentes se sienten más fuertes que hace un año para plantar cara al ordeno y mando de Puigdemont, aunque eso ya ha sucedido antes, y el ex president de Waterloo siempre se ha acabado imponiendo.

Elecciones o desobediencia

La definición de JxCat marcará la decisión que adopte Torra, siempre atendiendo a los intereses de Puigdemont. Pero más allá de quién sea el candidato y cómo se repartan el poder en ese espacio político, Torra tiene ante sí tres opciones: convocar elecciones, remodelar el Govern para agotar la legislatura, o forzar una nueva desobediencia para poner en aprietos a ERC.

En el primer caso, la opción es convocar justo antes de la sentencia, o incluso entre el fallo y su aplicación efectiva. De este modo JxCat se beneficiaría en campaña del impacto de ese nuevo ejemplo de la «represión del Estado». Torra se convertirá en el primer presidente catalán en ser inhabilitado en el ejercicio de su cargo, y JxCat explotará a fondo ese argumento. Especialmente si la campaña coincide con el tercer aniversario del referéndum del 1-O y el primero de la sentencia del Tribunal Supremo contra sus artífices.

Para ese escenario, sin embargo, es imprescindible haber conseguido cerrar en condiciones el debate interno en JxCat, que Carles Puigdemont acepte liderar de nuevo la candidatura y contar con un «candidato efectivo» con suficiente peso. El conseller de la «república digital», Jordi Puigneró, ha lanzado ya su candidatura. Cuenta con el apoyo de Puigdemont y tiene el carné del PDeCat, pero no el apoyo de la antigua estructura convergente.

También se postula, en los últimos tiempos, el presidente de la Cambra, Joan Canadell, pero solo será candidato si Puigdemont doblega de nuevo a su partido, como ya hizo al imponer a Laura Borrás como cabeza de lista al Congreso.

Agotar la legislatura

Si el conflicto interno sigue abierto, la opción podría ser intentar alargar la legislatura, como de hecho quería Puigdemont y buena parte de JxCat. Pero esta opción exige una remodelación de gobierno para colocar a un vicepresidente de JxCat que pueda ocupar el lugar de Torra cuanto éste sea inhabilitado. Una operación compleja porque implicaría relegar al vicepresidente Pere Aragonés, candidato in péctore de ERC, y necesitaría además el apoyo de la CUP para conseguir los votos necesarios para una nueva investidura.

En este caso, la candidata mejor situada para sustituir a Torra parece la actual alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, porque ninguno de los consellers que se han postulado como candidatos o tienen peso para aspirar a la presidencia o son diputados. Puigneró, Damià Calvet, Meritxell Budó y Àngels Chacon renunciaron al acta para evitar poner en riesgo la frágil mayoría independentista en el Parlament. Solo Miquel Buch la conserva, pero su papel en Interior ha sido demasiado controvertido como para aspirar a la Presidencia.

La última carta es la desobediencia. Torra podría negarse a abandonar la presidencia de la Generalitat, en un nuevo acto de insurrección como el que le llevó a la inhabilitación por no retirar la pancarta de los presos. Obligaría a ERC a asumir el coste del acatamiento, probablemente con Roger Torrent disolviendo el Parlament por orden del Supremo lo que sin duda daría alas a la candidatura de JxCat entre el electorado independentista.

Pero esta opción dinamitaría definitivamente la relación con Esquerra, y en JxCat tienen claro que no tienen ninguna opción de gobernar sin los republicanos. La fractura política que ha generado la independencia en Cataluña da una ventaja casi imbatible a los independentistas para conseguir mayorías parlamentarias, pero les obliga a una única alianza posible. Por eso, la desobediencia parece la más lejana de las opciones, por muy apetecible que pueda parecerles a Torra, su entorno próximo y sus abogados.

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