El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha reconocido este viernes que pidió de forma privada disculpas al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y luego al dueño de la cadena Room Mate, Kike Sarasola, por el «error humano» en la publicación de un contrato sobre un hotel de esta cadena que acogió a usuarios de residencias de mayores sin Covid y que fue erróneamente adjudicado a esta empresa.

Así lo ha indicado este mediodía en la comisión de Vigilancia de Contrataciones de la Asamblea de Madrid, donde ha intentado explicar todo este asunto, que causó una gran polémica entre los dos partidos que forman el Gobierno regional. Reyero anunció que destituiría por lo ocurrido al secretario general técnico de la Consejería pero finalmente apuntó que cesó a voluntad propia, como así viene reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad. Por su parte, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció una investigación interna de lo ocurrido.

Reyero insiste en que hubo «una confusión» en este contrato por «una inadecuada interpretación de la información» en la memoria del expediente

El «error» consistió en una referencia en el Portal de Contratación de la adjudicación por aproximadamente 565.000 euros a la hotelera Room Mate Group por el hotel para residentes. Posteriormente, se modificó esa información para introducir el nombre correcto del adjudicatario, la Coordinadora del Tercer Sector, y se cambió también la cantidad a unos 250.000 euros. Sarasola explicó reiteradamente que cedía el establecimiento de forma altruista.

Reyero ha señalado hoy que uno de los problemas importantes es que no es lo mismo publicar en el Portal un contrato ordinario que emergencia. Según ha explicado, el 12 de mayo se dieron instrucciones para que se colgara determinada información sobre este contrato en el Portal de Contratación, aunque se hizo de la forma errónea antes apuntada.

«Se procede por medio de los funcionarios a la consulta a la Dirección de Contratación de la forma y lugar para publicar el documento contractual. Para ello hay que cumplimentar unos campos en un cuadros del llamado ‘Resultado de Licitación’, entre ellos el importe de la adjudicación con IVA y sin IVA y al no estar establecido el importe total con la Coordinadora, y solo el mensual, se cumplimentó con el importe el que se fijó cuando se dio cuenta al Consejo de Gobierno», sostiene.

«De ahí deriva la primera confusión a la hora de elaborar la primera publicación en el Portal. Para ello se utilizó una memoria que realizó la Dirección General de Atención al Mayor para dar cuenta al Consejo de que había un hotel que no se iba a cubrir, una interpretación errónea que llevó a la confusión en cuenta del importe del contrato. Por eso coincide con ese importe del hotel con lo que aparece no Room Mate, sino Rom Mate», ha proseguido.

Siguiendo su versión, el titular regional de Políticas Sociales ha añadido que a las 3 horas del 12 de mayo se creó la tabla de resultados de la licitación de la contratación mencionada y se estableció «de forma errónea» que el adjudicatario de ese contrato es Room Mate y que el importe es 565.749,58 euros, IVA incluida.

El PSOE llevará el caso a la Fiscalía al no convencerle las explicaciones del consejero

«Cuando se identifica ese día lo producido, se le dice a los funcionarios que ha habido varios errores en el importe y el adjudicatario. A las 19.33 horas dicen a los funcionarios que existen varios errores para que los procedan a subsanar. Luego se modifican esos datos y se establece de forma correcta que el adjudicatario es el Tercer Sector y con el importe correcto. Al día siguiente a las 18 horas se identifica que no estaba correctamente corregida esa información y se corrige la cantidad de los apartados con el presupuesto base e importe total. A las 18.17 se corrige», ha apuntado.

En conclusión, Alberto Reyero ha aseverado que ha habido «una confusión» en este contrato por «una inadecuada interpretación de la información» en la memoria del expediente. «La persona que se encarga de introducir de esa información dijo que se trataba de un error humano. Hay que entender la situación de los funcionarios de la administración teletrabajando y con una información que hace más complicado la introducción de datos en el Portal de Contratación», ha insistido el consejero, que también mostró los documentos a varios periodistas y ha prometido enseñarlos a los grupos parlamentarios.

Las habitaciones de Ayuso

Sin embargo, a los grupos de la oposición no les ha convencido estas explicaciones. La más dura en su intervención ha sido la diputada del PSOE, Carmen Flores, quien ha aludido a los dos apartahoteles de la cadena de Kike Sarasola alquilados por 80 euros la noche por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante la cuarentena; recordando que la Comunidad tiene instalaciones públicas como ‘La Casita de la Pradera’, radicada en el embalse de Santillana. «Otra cosa es que a la señora Ayuso no le guste y quiera utilizar las arcas públicas, como están acostumbrados a hacerlas», ha apostillado.

Sobre el contrato para residentes, ha afirmado que hay un «lío tremendo» y «muchas sospechas» sobre el mismo, y que el consejero no le ha aclarado nada. Por ello, la parlamentaria socialista ha avanzado que «no les queda más remedio» que elevar el caso a Fiscalía porque la propia presidenta afirmó «que había un delito y que había que investigarlo».

«No podemos seguir con lo que ha estado pasando en esta Comunidad en los años atrás: utilización de dinero público para fines personales. Ayuso con su situación económica y su familia no puede pagar lo que vale este hotel. Es un dineral. Y si tuviera dinero, estoy convencida de que con lo ética que es pondría encima de la mesa la devolución del aval que le dio Avalmadrid para algún familiar. No podemos seguir con esta tesitura», ha manifestado.

El diputado del PP Álvaro Moraga ha rogado a la presidenta de la Mesa que se retire las acusaciones «muy graves» socialistas sobre el apartahotel de Ayuso porque es «retorcer la verdad y el dolor y jugar con estos datos falsos». La parlamentaria socialista ha confirmado que no retira dichas palabras porque a su entender «es más grave que la presidenta acuse a un miembro de su gobierno de un delito». «Cuando lo llevemos la Fiscalía lo vemos todos. No voy a atacar a nadie, pero no tengamos la piel tan finita cuando queremos», ha concluido.