El exresponsable de Protección de Datos de Podemos, José Manuel Calvente, denunció en octubre de 2019 ante la dirección del partido que la abogada de Pablo Iglesias, Marta Flor Núñez, tenía "relaciones íntimas" con uno de los fiscales del caso Villarejo y podía poner en peligro la investigación de la Audiencia Nacional sobre la aparición en casa del comisario investigado del volcado de la tarjeta del móvil robado a Dina Bousselham, asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo, a finales de 2015.

El abogado, expulsado en noviembre de Podemos tras ser denunciado por presunto acoso laboral y sexual precisamente a Marta Flor, había advertido también de que sacaría a la luz irregularidades encontradas en la formación sobre métodos para pagar sobresueldos o fraccionar facturas y beneficiar así a empresas vinculadas a miembros del partido.

El 23 de octubre de 2019, según desveló a El Independiente, Calvente envió un burofax al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, en el que le informaba de que Marta Flor podía poner en peligro la causa contra el comisario en prisión preventiva José Manuel Villarejo al «anteponer sus relaciones íntimas» con uno de los fiscales que investigan la causa a las recomendaciones que se le hicieron desde la organización para que no la pusiera en riesgo.

Anticorrupción filtró datos a Podemos

Ese peligro de la relación entre la Fiscalía y el equipo jurídico de Podemos del que alertó Calvente ya se habría materializado y salpica directamente a los fiscales Anticorrupción del caso Tándem, Ignacio Stampa y Miguel Serrano.

Según publica este miércoles El Confidencial, los representantes del Ministerio Público habrían filtrado datos de la pieza Dina a la abogada de Pablo Iglesias antes incluso de que la investigación cogiera forma. Según desvela este diario, el 25 de febrero de 2019 -cuando Marta Flor aún formaba parte del equipo jurídico de Podemos, pues fue expulsada en agosto- publicó en un chat de los abogados del partido: "Como publiquen lo de Dina nos arruinan el registro".

Esto indicaría que la abogada que ahora representa legalmente tanto a Iglesias como a Dina Bousselham en la causa -aunque el juez ha obligado a la segunda a que cambie de abogado por el conflicto de intereses generado- conocía los pasos que daría la Fiscalía antes de que se los presentara al juez. Los representantes del Ministerio Público solicitaron un registro en la redacción del digital Okdiario, el medio que publicó en julio de 2016 mensajes contenidos en la tarjeta del móvil que fue robado a Dina Bousselham.

La Fiscalía apuntó al inicio de la causa a una dirección: que Villarejo pudo estar detrás del robo del móvil a Bousselham a finales de 2015 y filtrar los contenidos de éste al director de Okdiario, Eduardo Inda. El partido asumió dicho relato de los hechos e Iglesias lo aprovechó incluso en su campaña electoral. En su comparecencia como testigo ante el juez, también lo encuadró en una trama de las 'cloacas del Estado' para perjudicar a Podemos orquestada desde el Gobierno de Rajoy.

Sin embargo, la investigación de la Policía ha arrojado una prueba clave, que la propia Bousselham hizo pantallazos de las conversaciones que se publicaron en Okdiario y otros medios de comunicación, lo que aleja a Villarejo del presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos y ha dado una vuelta a la instrucción que ahora dirige el juez con un evidente distanciamiento de Anticorrupción.

Puesto que también se ha sabido que Pablo Iglesias recibió una copia de la tarjeta del móvil de Bousselham antes incluso de que lo hiciera Villarejo, el juez le ha retirado la condición de perjudicado y reúne indicios de que pudo cometer dos delitos: de descubrimiento y revelación de secretos y de daños informáticos. Si los considera fundados, puede pedir al Tribunal Supremo, ante el que está aforado, que le investiguen.

Bandazos de Anticorrupción

Los fiscales Anticorrupción solicitaron al juez que Iglesias deje de figurar como perjudicado en la investigación. Pero, según desvela también El Confidencial, la primera semana de febrero de 2019 habrían tenido una reunión con los abogados de Podemos en la que les instaron a denunciar también al director de Okdiario en relación con el robo de la tarjeta a Bousselham. En aquél momento la investigación de la pieza Dina ni siquiera había arrancado, por lo que se podría entender que la Fiscalía y los abogados de Podemos pactaron los términos de la acusación.

Una de las últimas peticiones de la Fiscalía, que consistió en considerar que Dina Bousselham perdonó de manera "tácita" a Pablo Iglesias porque se hubiera quedado con una copia de su tarjeta móvil durante al menos cinco meses y que se la devolviera dañada, molestó claramente al juez Manuel García Castellón. En uno de sus últimos autos reprochó a los fiscales querer "exculpar" a Pablo Iglesias en esta causa al entender el perdón de Bousselham. El instructor no les ha consultado para ordenar las últimas diligencias de investigación, como enviar a Reino Unido una comisión rogatoria para que una empresa a la que la pareja de Bousselham envió la tarjeta móvil para saber qué le había ocurrido mande toda la información que tenga sobre el dispositivo.