Escudo franquista que coronaba la fachada de la Agencia Tributaria en Bilbao y que fue retirado en 2017.

Escudo franquista que coronaba la fachada de la sede de la Agencia Tributaria en Bilbao, retirado en 2017. EP

Política

El catálogo inacabado de los vestigios franquistas

Tan sólo 195 de los 656 ayuntamientos a los que escribió el Ministerio de Justicia hace más de un año para conocer si quedaban símbolos de exaltación en sus municipios han contestado / Melilla mantiene aún una estatua dedicada al dictador

Menos de 200 ayuntamientos han atendido el requerimiento que les hizo el Gobierno a principios de 2019 para que acreditaran la existencia o inexistencia de vestigios franquistas en sus municipios y, en caso de perdurar, elaboraran un catálogo con vistas a su retirada en cumplimiento de lo que establece la Ley de Memoria Histórica.

La extinta Dirección General para la Memoria Histórica -entonces dependiente del Ministerio de Justicia- envió el 24 de enero y el 1 de febrero de 2019 cartas a un total 656 ayuntamientos de todo el país (el 8% de todos los existentes) para que detallasen si en sus términos municipales seguía habiendo algún símbolo o monumento público de exaltación del golpe militar, de la Guerra Civil o de la dictadura franquista.

La petición se producía después de que en el callejero censal que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) se detectara que destacadas figuras del franquismo seguían dando nombre a 1.171 plazas y calles correspondientes a más de 637 municipios. La Dirección General de Memoria Histórica sumó a ese listado otras 19 localidades en las que podrían quedar otros vestigios de exaltación de la Guerra Civil u homenaje al franquismo.

En respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, la Dirección General de Memoria Democrática -adscrita en este mandato al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria democrática- ha facilitado el listado de municipios que han contestado a dicha misiva: tan sólo 195 (menos del 30 %). A finales de febrero, un año después, la fase de respuesta permanecía abierta.

La lista incluye localidades de todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No figura ningún municipio de cuatro provincias (Sevilla, Córdoba, Lleida y Girona) y sólo consta la respuesta de nueve capitales: A Coruña, Alicante, Ávila, Logroño, Málaga, Madrid, Murcia, Santander y Teruel.

Sólo 195 de los más de 650 ayuntamientos a los que escribió el Ministerio de Justicia hace más de un año han contestado

La provincia a la que pertenece el mayor número de ayuntamientos que han contestado a Justicia es Toledo, con 14. A saber: Albarreal de Tajo, Alberche del Caudillo, Azután, Castillo de Bayuela, Cobeja, Cobisa, Fuensalida, Mejorada, Mohedas de la Jara, Mora, Navahermosa, Navalcán, Los Navalucillos, Noez, San Román de los Montes, Segurilla y Velada. Desde el 13 de septiembre, cuando lo hizo el consistorio palentino de San Román de la Cuba, no se había recibido ninguna respuesta.

En su artículo 15, la Ley de Memoria Histórica establece que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para «la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». La iniciativa corresponde a las comunidades autónomas y a los gobiernos locales, con los que colaborará el Ejecutivo.

Lápida que Guadiana del Caudillo dedicó a Franco en 1951.

Una vez que se cierre el periodo de respuesta ofrecido a los ayuntamientos, la Dirección General de Memoria Democrática analizará y tratará los datos obtenidos a fin de elaborar «un informe final sobre el cumplimiento de la ley que será dado a conocer de forma pública».

Entre los vestigios que se han eliminado en los últimos años se encuentran el escudo franquista que coronaba la fachada de la sede de la Agencia Tributaria en Bilbao y el monumento a Onésimo Redondo en el Cerro de San Cristóbal (Valladolid). Queda pendiente -entre otros- el traslado de los restos de Queipo de Llano, enterrados en la basílica sevillana de la Macarena desde 1951.

El hecho de que no se disponga aún de un catálogo de posibles vestigios es la razón que invoca el departamento que dirige Carmen Calvo para no ofrecer el dato de las estatuas o monumentos dedicados a Franco que siguen exhibiéndose en lugares públicos.

Estatua de Franco en Melilla

La última que continúa en pie es la escultura dedicada por Melilla al ‘comandante de la Legión Francisco Franco Bahamonde’, colocada junto a la entrada del puerto. A principios de febrero, el Gobierno local -integrado por Ciudadanos, PSOE y Coalición por Melilla- informó de que ya trabajaba en la retirada de la estatua, si bien no aventuró la fecha en la que podría materializarse.

Estatua de Franco en Melilla. WIKIPEDIA

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado esta semana que el Gobierno llevará al Congreso este mes un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica que vendrá a reformar la que entró en vigor a finales de diciembre de 2007, en la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Es el instrumento jurídico que empleó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para exhumar los restos de Franco y trasladarlos desde la basílica del Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (Madrid).

«[España] es la única democracia importante en el mundo que tiene fosas comunes con desaparecidos y familias enteras esperando, algunas personas muy mayores, no morirse pensando que sus padres, sus abuelos, sus familiares están sin identificar y sin la dignidad que corresponde a una democracia», declaró el pasado martes a los periodistas.

La reforma de la ley perseguiría también la ilegalización de la Fundación Franco, creada en 1976 para difundir la «memoria y obra» del dictador. En julio de 2018, la entonces ministra de Justicia (Dolores Delgado) ya anunció la intención del Ejecutivo de promover una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica y llevar a cabo la ilegalización de asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo.

En el trámite de consulta pública, la fundación ha presentado ya 116 preguntas y sugerencias a la propuesta de nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática, que -en su opinión- presenta «el mismo vicio parcial, sectario, falsificador y totalitario» que la norma hoy en vigor. Según la Fundación Franco, la ley «adoctrina como ‘la verdad histórica’ a lo que políticamente más conviene al socialismo/comunismo español y menos a la sociedad española, que se verá manipulada, desde su infancia, por falsedades históricas claramente contrastadas».

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