Política EL FOCO DE LOS TEMPOREROS EN EL BROTE DE LLEIDA

"Nadie habla de confinamientos selectivos por miedo a que le llamen racista"

Los contratados con papeles cobran por semana, por lo que un confinamiento de 14 días supone poner en riesgo toda la temporada de la fruta. Para los simpapeles la situación es aún más demencial

Un temporero duerme en la calle en Lleida, capital de la comarca de El Sagrià, confinada por el mayor brote de coronavirus que actualmente afecta a España. EFE

El confinamiento perimetral de una comarca de 209.000 personas sin previo aviso a las autoridades locales y contraviniendo lo afirmado por la consellera de Salut un día antes ha generado una fuerte polémica en la comarca del Segrià, y muy especialmente en la ciudad de Lleida. Por la gestión de los 14 brotes de coronavirus activos en la comarca, y por la ejecución de un confinamiento que parece pensado sólo para evitar que se extienda el contagio comunitario a otras comarcas, lamentan desde Lleida. Pero, sobre todo, por la sospecha creciente entre los responsables locales de que la Generalitat ha gestionado de forma muy deficiente esta crisis.

Así lo apunta la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Lleida, Ángeles Ribes. La única dirigente política que se ha atrevido a verbalizar estos días lo que otros se preguntan en la capital del Segre: ¿Por qué no se han hecho confinamientos selectivos para aislar a los temporeros del campo que han sido vector de contagio, tanto en esta comarca como en las afectadas por varios brotes en Huesca?. «El resultado, por no confinar a unos cuantos, es que ahora estamos confinados todos».

Ley de Salud Pública

«Nadie se atreve a verbalizarlo por miedo a que le llamen racista», lamenta Ribes, que defiende que esta medida era posible en aplicación de la Ley de Salud Pública, la misma en la que se ha amparado la Generalitat para decretar el confinamiento de la comarca. Para la dirigente naranja, sin embargo, «la decisión debía ser coger a personas que están en una situación lamentable» para confirnarlos en los espacios preparados para ello «con los medios sanitarios necesarios, en un espacio preparado. Son personas que están en la calle, sin higiene ni control».

En el caso de los temporeros coinciden dos factores que han dificultado el confinamiento de los nuevos casos. Los contratados con papeles cobran por semana, por lo que un confinamiento de 14 días supone poner en riesgo toda la temporada de la fruta. En un segmento de trabajadores jóvenes y con buena salud, hay pocos alicientes para someterse al test.

Para los simpapeles la situación es aún más demencial: a los espacios de acogida habilitados por el Ayuntamiento nunca llegarán los representantes de explotaciones que los contratan al margen de la ley, lo que explica el gran número de inmigrantes que malviven en las calles de Lleida cada año. Durante la temporada de la fruta llegan a la región unas 40.000 personas dispuestas a trabajar en la campaña, la mayoría con contratos en origen, pero muchos también con la esperanza de conseguir un trabajo temporal.

Abandono de Gobierno y Generalitat

«Es cierto que ninguna de las otras administraciones ha hecho nada por resolver el problema, ni Estado ni Generalitat» reconoce Ribes, «pero no podemos hacer el avestruz» lamenta criticando la postura de sus compañeros de pleno municipal, a los que recrimina su negativa poner el foco en el segmento de los temporeros para no estigmatizar a un sector muy vulnerable.

«No es cuestión de etnias» responde la concejal. «Daría igual que fueran rubios con tirabuzones. Lo que es perverso es dejar a personas que sabemos que no pueden acceder a un permiso de trabajo hacinados en la calle, en unas condiciones deplorables porque no hay la valentía de llevarlos a un pabellón donde, al menos, tendrán cama, comida e higiene. Y tests».

Todos los actores reconocen que en el caso de Lleida los temporeros han sido un vector de contagio importante, tanto por su movilidad como por su resistencia al confinamiento por cuestiones económicas. También las reuniones sobre todo de jóvenes sin respetar las medidas de protección y distancia social. Aunque en esos casos, cuando se detecta un positivo, es más fácil seguir el rastro de contactos.

«A mi me hubiera gustado que la decisión la hubieran tomado antes», reconoció ayer el portavoz técnico del Coronavirus, Fernando Simón, en su comparecencia bisemanal en el Ministerio. Simón explicó que aunque la gran mayoría de los diagnosticados son asintomáticos, la situación ha llevado ya a muchos enfermos al hospital de Lleida, que ha necesitado ampliar su capacidad.

Crisis en el Departamento de Salut

Otro de los déficits aparentes de la gestión de la Generalitat radica en la falta de definición del programa de rastreo y control de contactos de nuevos contagios. Tras la dimisión del secretario de Salud Pública de la Generalitat, el doctor Joan Guix, nadie le ha sustituido al frente. Guix -el Fernando Simón catalán- dejó la dirección técnica del departamento en cuanto se confirmó la tendencia a la baja de los contagios, a final de mayo, oficialmente por motivos de salud.

Quienes lo conocen hablan, sin embargo, del disgusto con el que vivió las constantes interferencias, en especial, del «comité de sabios» creado por Quim Torra para dirigir la crisis, con Oriol Mitjà al frente. Una incomodidad que explica en parte las dificultades para encontrar sustituto en plena gestión de la pandemia.

Alba Vergés, consellera de Salut, tampoco ha aclarado todavía cómo se va a gestionar el programa de seguimiento de contagios con el que la Generalitat debe dar respuesta al primer mandato de la OMS para evitar que los rebrotes se descontrolen: el seguimiento de contactos de los nuevos casos, su confinamiento y testeo para cortar las cadenas de contagio.

El Govern aprobó, a principios de junio, otorgar a Ferroser, una filial de Ferrovial, el contrato por más de 17 millones de euros para realizar el seguimiento y rastreo telefónico de todos los contactos de los nuevos casos de coronavirus, una vez levantado el estado de alarma. El contrato, formalizado con la empresa que dirige el hermano de Oriol Junqueras, fue cuestionado en cuanto se conoció su presupuesto y se contrastó con la previsión de inversión en la atención primaria, que debía asumir el grueso del trabajo de contención: 4 millones de euros.

Pero el contrato estaba ya firmado, y a estas alturas el Govern no ha aclarado todavía cuando va a revertir ese contrato, como prometió el president Torra, ni a qué coste. Por tanto, tampoco se sabe quién está ejecutando el programa de «rastreo» que debía evitar que los nuevos brotes de coronavirus devinieran en contagios comunitarios. Exactamente lo que ha pasado en Lleida.

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