La Generalitat llevará ante el Tribunal Constitucional la gestión del Gobierno sobre los remanentes financieros de los ayuntamientos, anunciados esta semana por el Ministerio de Hacienda. Así se lo ha explicado Quim Torra a los alcaldes catalanes, en una carta remitida a todos los consistorios en la que acusa al Gobierno de «apropiarse» de los ahorros de las entidades locales.

La Federación de Municipios (FEMP) aceptó este lunes con el único apoyo del PSOE la propuesta de Hacienda, hacerse con 14.000 millones del superávit de los ayuntamientos a cambio de darles una ayuda directa condicionada de 5.000 con cargo a los presupuestos. Una propuesta rechazada por todo el resto de formaciones políticas con responsabilidades municipales, que ahora la Generalitat llevará al Constitucional. Los Ayuntamientos catalanes suman un remanente de 3.300 millones de euros a los que llevan meses pidiendo acceder para hacer frente a la crisis sanitaria.

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«El Estado se apropia de la buena gestión de muchos ayuntamientos y se lleva para un uso que desonocemos miles de millones de euros de Cataluña que servirían para invertir en nuestros pueblos y ciudades» denuncia Torra en su misiva a los alcaldes. «Ante este agravio, el Govern iniciará todos los trámites legales para recurrir esta decisión» añade asegurando que «como president, estaré a vuestro lado en todas las acciones legales que ejerceréis para hacer frente a este gravísimo perjuicio a los ciudadanos que representáis».

Recursos desde el mundo local

Una advertencia que hace prever también una oleada de recursos de los municipios gobernados por JxCat y ERC. De hecho, Torra pide explícitamente a los alcaldes que «emprendáis todas las acciones para impedir que el Estado pueda utilizar, de forma injusta, insolidaria y unilateral, los recursos deben destinarse a la mejora de los servicios al atención que los ciudadanos merecen».

Según la propuesta del departamento de dirige María Jesús Montero, los ayuntamientos y diputaciones provinciales y consejos insulares (EELL) pondrán, con carácter voluntario, a disposición de la Administración General del Estado la totalidad de su Remanente de Tesorería para Gastos Generales sostenibles. La puesta a disposición de la totalidad de dicho importe a favor de la Administración General del Estado se concretará en la remisión al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 de un «compromiso firme, vinculante e irrenunciable» de transferir esos recursos a la Administración General del Estado.

El Ministerio de Hacienda propuso a las entidades locales movilizar 5.000 millones de euros para mejorar los servicios que prestan y colaborar en la tarea de reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria. La propuesta supone liberar este dinero en dos tiempos: 2.000 millones este año y 3.000 en 2021 atendiendo, según Hacienda, al hecho de que la propia FEMP ha advertido en varias ocasiones que los municipios no tienen suficiente capacidad para ejecutar el montante de 5.000 millones en un solo año.

 La actual legislación y la propia Constitución veta que los ayuntamientos puedan utilizar con carácter general sus remanentes de tesorería. Ante esta imposibilidad, el Gobierno ha establecido un mecanismo para que las entidades locales puedan destinar un porcentaje del remanente equivalente a 5.000 millones.