La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha instado este lunes a la «renovación democrática» del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, con sus mandatos cumplidos y bloqueados por la falta de acuerdo entre los dos partidos con mayor representación en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista y el Partido Popular.

A dos días de la reunión entre el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, en la que se abordarán entre otros asuntos la renovación del órgano de Gobierno de los jueces y el Alto Tribunal, entre otros organismos, la asociación de fiscales progresistas recuerda que «estos tres órganos constitucionales, que forman parte de la estructura democrática de nuestro país, deben ser renovados sin demora porque ningún poder del estado puede sustraerse al mandato de la ley. Nuestra democracia se fortalece a través del normal desenvolvimiento de nuestras Instituciones constitucionales, por eso, el incumplimiento de las leyes que las regulan debilita nuestra democracia», se lee en un comunicado difundido a los medios.

La asociación de fiscales a la que pertenece la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, recuerda que «estamos a la espera de la renovación de los miembros del Consejo Del Poder Judicial desde el mes de noviembre de 2018. El Tribunal Constitucional, regulado en el artículo 159 de nuestra Constitución, consta de 12 miembros por un período de nueve años que deben ser renovados por terceras partes cada tres años. Estamos a la espera de la renovación de cuatro de los miembros del Tribunal Constitucional desde el mes de noviembre del año 2019».

A punto del acuerdo hace 15 días

A mediados de agosto, las negociaciones entre los dos partidos mayoritarios del Congreso estuvieron a punto de llegar a buen puerto para renovar tanto el CGPJ como el tercio del TC (el presidente, la vicepresidenta y dos magistrados) que están de salida.

El PP habría aceptado, según supo El Independiente, que hubiera un empate entre vocales propuestos por el partido de Casado y propuestos por el PSOE y que el partido en el Gobierno propusiera el nombre del presidente o la presidenta. Para el Constitucional, el PP propondría dos nombres y el PSOE, otros dos. Sin embargo, al final el acuerdo no llegó a buen puerto y actualmente existe bloqueo para cerrar los nombramientos en el CGPJ.

No caben las razones partidistas

Desde UPF insisten en que «la no renovación de estos órganos constitucionales no es una opción. Nuestra Constitución obliga a todos los poderes públicos y por tanto al Congreso de las Diputadas y Diputados y al Senado a cumplir con sus obligaciones», trasladan.

El secretariado permanente de la asociación de fiscales insta a los políticos a dejar las razones partidistas a un lado: «Considerar que esta obligación pueda ser eludida por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza o, incluso que puedan ser utilizados dichos nombramientos como una moneda de cambio para conseguir otras finalidades, es una falta de respeto a nuestra Constitución y a la ciudadanía a la que estas Cámaras representan. La legitimidad de las Instituciones está en juego, por eso creemos que el incumplimiento de las leyes que regulan estos órganos constitucionales nos debilita como sociedad y nos coloca fuera del marco constitucional».