El vicepresidente Pablo Iglesias y tres ministros pidieron por carta en plena pandemia a José Félix Tezanos que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sondeara en sus barómetros la valoración de la opinión pública acerca de algunas de las medidas impulsadas por sus respectivos departamentos en relación con la gestión de la crisis del coronavirus, como el Ingreso Mínimo Vital o los ERTE.
Junto a Iglesias, también se dirigieron a Tezanos otra de las ministras de Podemos en el Gobierno -Yolanda Díaz, titular de Trabajo y Economía Social- y dos ministros del PSOE: Salvador Illa (Sanidad) y Reyes Maroto (Industria, Turismo y Comercio). Las misivas están fechadas entre el 5 y el 11 de mayo, cuando aún estaba vigente el estado de alarma y en vísperas de que el CIS diera a conocer el primer barómetro en el que introducía pregunta relacionadas con la covid-19.
"Es de muchísimo interés para este Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 conocer toda la realidad sociológica en torno a las principales medidas sociales que el Gobierno de España ha implementado. Por todo ello, solicitaría del CIS que pusiera en marcha una investigación sobre conocimiento, aceptación, mantenimiento futuro, valoración de los niveles de protección, carácter de los servicios públicos etc. de las principales medidas actuales o inmediatas del Gobierno", se lee en la carta que Pablo Iglesias dirigió el 11 de mayo a Tezanos y que El Independiente desvela bajo estas líneas. El vicepresidente segundo se dirigió a éste con el tratamiento de "querido presidente".
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Abrir en una nueva pestaña El texto es idéntico al contenido del escrito que Yolanda Díaz había enviado al presidente del CIS justo tres días antes. Tan sólo cambiaban las medidas concretas por las que los dos miembros del Gobierno pedían a Tezanos que preguntara en los próximos sondeos a realizar.
Así, Iglesias mencionaba expresamente el Ingreso Mínimo Vital, las residencias de mayores, las ayudas sociales, la exclusión social, el impacto de la crisis en la pobreza infantil y el impuesto a las grandes fortunas, mientras que la ministra de Trabajo y Economía Social ponía el énfasis en los ERTE, las ayudas a los autónomos, los subsidios a las trabajadoras del hogar, nuevos subsidios y necesidades y la eliminación del despido por baja médica.
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La petición del vicepresidente del Gobierno no cayó en saco roto. En el barómetro de junio del CIS, la quinta pregunta del cuestionario incidía en uno de los aspectos que había planteado Iglesias en su escrito. El enunciado era el siguiente: "Ante la crisis económica producida por la covid-19, ¿está usted a favor de que el Gobierno conceda un ingreso mínimo vital a aquellas personas y sectores más necesitados, o está en contra de esta medida?".
De los 4.258 ciudadanos encuestados, el 81,3 % contestó a favor del otorgamiento de dicha ayuda. Tan sólo el 13 % se mostró en contra de esta renta básica, aprobada por el Congreso el pasado 10 de junio sin ningún voto en contra. Todos los partidos la apoyaron a excepción de Vox, cuyos 52 diputados optaron por la abstención. Es la gran medida de Podemos desde que llegó al Ejecutivo de coalición.
También los ministros socialistas de Sanidad e Industria solicitaron a Tezanos que realizara estudios para disponer de información sociológica "rigurosa y representativa" acerca de la evolución de la opinión pública sobre las medidas que había adoptado el Ejecutivo durante el estado de alarma. Cuando Salvador Illa y Reyes Maroto redactaron las cartas se había iniciado ya el proceso de desescalada.
En concreto, la titular de Industria, Comercio y Turismo deseaba conocer cuál era la opinión de la ciudadanía sobre las medidas tomadas en su área de competencia, especialmente en lo relativo al "comportamiento de las compras de la población". El barómetro de junio incluyó varias preguntas para sondear si los españoles tenían intención de irse de vacaciones este verano, durante cuánto tiempo, en qué zonas pensaban disfrutar de los días de descanso y en qué tipo de alojamiento iban a hospedarse.
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La recepción de las cuatro cartas es uno de los argumentos que esgrime Tezanos para justificar la necesidad de tramitar un procedimiento de emergencia para contratar los servicios de una empresa que llevara a cabo el trabajo de campo. A diferencia de lo que suele hacer habitual en los barómetros del CIS, las encuestas se han realizado esta vez de forma telefónica (CATI) y no de manera presencial en los domicilios con tableta CAPI debido a las restricciones de movilidad que conllevó el estado de alarma.
El organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia externalizó este servicio al carecer de "los medios y las tecnologías necesarias" para la realización de encuestas telefónicas, según expone Tezanos en el acuerdo de contratación. Éste tiene fecha del 21 de mayo, diez días después de recibir las dos de las últimas cartas de los miembros del gabinete de Pedro Sánchez.
El trabajo de campo, externalizado
El CIS pidió presupuestos a cuatro empresas del sector (IMOP Insights, Intercampo, GESOP y CIMOP), según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. Finalmente seleccionó la oferta de IMOP, al entender que era la propuesta "más ventajosa" por precio, fecha de entrega de los ficheros de datos, supervisión y flexibilidad del proceso de trabajo.
El coste del encargo ha ascendido a 89.667 euros (333 euros por debajo del presupuesto máximo autorizado), a razón de 12,30 euros por cada una de las 7.290 entrevistas realizadas. Finalmente se realizaron 1.290 más de los previsto, exactamente 1.258 para el barómetro de junio y 32 para el julio. En el primer caso, la explicación es que se reforzó la muestra en Galicia y el País Vasco tras convocarse elecciones autonómicas en ambas comunidades, celebradas el pasado 12 de julio.
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