Un juez de Andorra ha admitido a trámite una querella contra Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro por presuntas coacciones a las autoridades del Principado para obtener información bancaria de políticos independentistas catalanes -entre ellos los Pujol- y por enviar información supuestamente falsa al Departamento del Tesoro de EEUU para forzar la intervención y liquidación de Banca Privada de Andorra (BPA) por blanqueo de capitales.

En un auto notificado este lunes a las partes, al que ha tenido acceso El Independiente, la sección de Instrucción 2 de los juzgados de Andorra acuerda que se practiquen diligencias para esclarecer los hechos denunciados por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) en el escrito de ampliación de querella formulado el 16 de julio de 2019.

La petición de investigación se dirige también a otros tres antiguos altos cargos del Gobierno de Rajoy: Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, e Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía. A éstos les atribuye la comisión de delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje.

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Se trata del procedimiento iniciado a raíz de la querella que el 18 de octubre de 2016 interpusieron los ex copresidentes de BPA Higini y Ramón Cierco contra varios policías españoles por coaccionar supuestamente a directivos de esta entidad financiera a fin de lograr información de las cuentas de la familia Pujol en Andorra, entre otra el pantallazo que demostraría que la esposa del ex president Jordi Pujol (Marta Ferrusola) y cuatro hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer) eran titulares de cuentas bancarias en dicha entidad y que realizaron 11 ingresos por 3,4 millones de euros entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011. De momento, la acción penal alcanza al ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín-Blas; al ex agregado de Interior Celestino Barroso y a Bonifacio Díaz Sevillano, antiguo policía de enlace en Andorra.

Acusan a Rajoy y Montoro de enviar información «falsa» a EEUU para forzar la intervención de Banca Privada de Andorra

El Instituto de Derechos Humanos de Andorra entiende que la responsabilidad excede a los funcionarios policiales y ha implicado a la antigua cúpula de Interior, al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y al ex presidente Rajoy, lo que le llevó hace 14 meses a ampliar la querella. No ha sido hasta ahora, en pleno avance del caso Kitchen por parte de la Audiencia Nacional española, cuando el juez Manuel Santolària ha resuelto la petición.

El IDHA sostiene que toda la actuación seguida contra BPA -intervenida en marzo de 2015- y su filial el Banco de Madrid respondía a «los intereses del Gobierno español por conseguir información bancaria» de los políticos independentistas Artur Mas y Oriol Junqueras y de la familia Pujol. Ello, según esta parte, motivó que el Ejecutivo de Rajoy enviara información «presuntamente falsa» a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN en sus siglas en inglés y dependiente del Departamento del Tesoro de EEUU) que motivó una denuncia por blanqueo de capitales contra la citada entidad financiera y su posterior intervención.

El querellante considera que esa «información económica-financiera falsa» fue utilizada por Rajoy y Montoro durante la reunión que mantuvieron en Andorra el 8 de enero de 2015 con el entonces presidente del Gobierno, Antoni Martí, y tres ministros -Jordi Cinca i Mateos (Finanzas), Gilbert Saboya (Asuntos Exteriores) y Jordi Alcobé (Economía y Territorio)- a fin de «intimidarlos» y hacerles ver que o se intervenía BPA tras la denuncia de EEUU o «toda la plaza bancaria andorrana quedaría afectada y bloqueada».

«Tenemos claro que todas estas acciones son un ataque en toda regla a la soberanía andorrana, ya que entendemos que presuntamente intimidaron con falsedades a los responsables políticos de nuestro gobierno para que adoptaran una fulminante decisión política que en otras condiciones -de haber sabido toda la verdad- no habrían tomado con tanta efectividad, contundencia y virulencia, con los daños que ello ha causado a la reputación bancaria andorrana y, por tanto, el país», detalla la querella.

El testimonio de Villarejo

A juicio del Instituto de Derechos Humanos de Andorra, este hecho es constitutivo de coacciones a órganos constitucionales, delito cuya competencia para investigar atribuye el Código Penal de Andorra a la Batllia especializada. Por ello, la sección de Instrucción 2 de los juzgados de Andorra tendrá que inhibirse en favor de dicho órgano.

La querella de los Cierco se basaba en gran medida en el contenido de cuatro notas informativas de carácter reservado redactadas por el comisario ya jubilado José Manuel Villarejo entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de enero de 2015 y en las que acusaba a uno de los encausados de presionar al ex consejero delegado de BPA Joan Pau Miquel para que le proporcionase «toda la información concerniente a la familia Pujol» bajo la amenaza de forzar el cierre del banco si no accedía a esta petición.

Villarejo, que se atribuyó la auditoría de esos documentos en un acta de manifestaciones otorgada el 26 de septiembre de 2016 ante el notario de Madrid José Manuel Senante Romero y que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, ha declarado en este procedimiento como testigo y se ha ratificado en lo que mantenía en sus escritos.