La situación en Radiotelevisión Española durante los últimos 10 días ha sido similar a una caza de brujas. No sólo porque la filtración de las preguntas del examen de oposición para la categoría de 'informador' ha generado suspicacias entre sus trabajadores, sino también porque hay quien ha aprovechado para ajustar cuentas con los 'poderes fácticos' de la casa. Entre ellos, los sindicatos UGT y SI.
Fuentes de la empresa apuntan a la existencia de dos trincheras actualmente: en una se encuentran CCOO, CGT y USO; y, en otra, los dos citados sindicatos, a los que apuntan todas las miradas desde que la semana pasada se negaran a rubricar un documento -ideado por CGT- que les pedía comprometerse a depurar responsabilidades por la suspensión de la prueba del pasado 29 de septiembre, así como a hacerse cargo de los gastos derivados de esa decisión. Entre otros, los relacionados con los desplazamientos de los candidatos.
Un alto directivo de RTVE reconocía hace unos días -en declaraciones a este periódico, reflejadas en este artículo- que las sospechas sobre la filtración apuntan a un sindicato, pero que podría haber al menos otro involucrado. Incidía en que el documento que se detectó contenía esbozos de diversas preguntas del examen. Sin embargo, la investigación está en manos de la policía y hace unas horas consideraba osado sacar conclusiones definitivas sobre quién o quiénes fueron los culpables de lo sucedido.
"Hay que ir a la Policía"
Mientras se espera con cierta tensión el día 2 de noviembre, cuando está convocado el nuevo examen, la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, se esmera en dar explicaciones sobre lo sucedido a diferentes 'instituciones' dentro de la corporación.
Hace unas horas, mantuvo una reunión con los Consejos de Informativos en la que incidió en que, “si se demuestra que determinadas personas han cometido determinadas irregularidades, tendrán que asumir sus responsabilidades”, que podrían suponer penas de cárcel e inhabilitación profesional, según han trasladado estas organizaciones.
En este sentido, hizo un llamamiento a las personas a las que les llegó el documento a que colaboren con la policía para intentar esclarecer lo sucedido.
Entre los sindicatos más críticos expresan sus suspicacias con respecto a la 'energía' que pondrá la empresa para investigar este asunto, dado que, aunque ha anunciado la puesta en marcha de un proceso interno que pretende averiguar quiénes fueron los responsables, reconocen que no se han producido grandes pesquisas en estos días.
Tampoco se han detectado en la corporación grandes pasos de la investigación policial, si bien la corporación aportó algunas pruebas en la denuncia, presentada en la comisaría de Pozuelo de Alarcón por el responsable de su asesoría jurídica el mismo domingo en que se suspendió el examen.
Perjuicio a RTVE
Lo que ha reconocido Cascajosa es que la mar gruesa que ha levantado este asunto ha generado "una gran crisis reputacional" en la corporación.
"Fallar en esta convocatoria que era la más numerosa nos ha colocado en una situación vulnerable y grave. Un mal lugar que podrían utilizar terceros, en el futuro, contra nosotros para “hacer daño o meter mano a la corporación en formas que no queremos", ha expresado, en declaraciones recogidas por los Consejos de Informativos.
Conviene precisar que la suspensión de este examen no ha sido el único escándalo que se ha producido en lo relativo a las oposiciones de RTVE. El pasado verano -según adelantó El Independiente-, se detectó un agujero de seguridad en la web oficial de este proceso que generó una fuga múltiple de datos de los candidatos, lo cual también fue denunciado ante la policía.
Previamente, las bases del proceso fueron impugnadas y la Audiencia Nacional obligó a rectificarlas, al no garantizar la igualdad entre los participantes. Dentro del Consejo de Administración de RTVE se culpó entonces de este hecho a los directivos de la corporación y a sus 'arreglos' con algunos de los sindicatos que hoy han sido señalados.
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