Radiotelevisión Española se ha negado a revelar una información que reclamó este periódico a través de Portal de Transparencia, relativa a uno de los datos del contrato que vincula a Jesús Cintora con la corporación. Este medio de comunicación se había interesado por el share de corte de su programa. Es decir, por la audiencia mínima que se le exige para su permanencia en la parrilla de programación.

La respuesta, firmada por Alfonso Morales, como secretario general y del Consejo de Administración, impide el acceso a esa información. “El denominado "share de corte" requerido por el solicitante constituye un criterio interno de carácter estratégico que no está sujeto a publicidad activa”, expresa.

Y añade: “Su conocimiento por terceros podría afectar negativamente a la libre toma de decisiones, así como a la estrategia de programación y contratación de contenidos, al condicionar el comportamiento de potenciales proveedores o productores. Por ello, su divulgación debilitaría la posición competitiva de RTVE en el mercado audiovisual”.

Los datos del programa

El programa en cuestión se llama Malas lenguas y está producido por Big Bang Media (Mediapro) y La OSA TV. Esta última, capitaneada por los creadores de La Fábrica de la Tele. El presupuesto del contrato asciende a 2.020.740 euros para la realización de 63 programas.

Su acogida por el pública ha sido fría, pese a que los responsables de programación de la corporación -José Pablo López y Sergio Calderón- decidieron emitirlo en La 1 y La 2 de forma simultánea. En su edición del pasado viernes, obtuvo una audiencia del 6% en La 1 y el 2,9% en La 2. En suma, lo vieron de media 686.000 espectadores.

RTVE se ha negado a revelar el share de corte. La política de López con respecto a la transparencia es distinta a la de sus predecesores. El presidente se comprometió a incrementarla a través de la publicación en la web de la corporación de un listado mensual con el gasto en productoras, algo que no existía hasta entonces.

El problema es que, es partir de ahí, la televisión pública ha comenzado a denegar otro tipo de información relevante, a través del Buzón de Transparencia, que los antecesores de López no restringían, como es el caso de José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez y Concepción Cascajosa.

El poder de José Pablo López

La diferencia es que el actual presidente de la corporación tiene más poder que quienes le precedieron a la hora de rubricar contratos audiovisuales. Así se lo aseguró el Gobierno de Pedro Sánchez por la vía de un decreto -aprobado el pasado otoño- que modificó la ley de RTVE para que su presidente no se viera obligado a someter a votación en el Consejo de Administración los contratos de programas que superen los 2 millones de euros.

Por tanto, López puede decidir a quién contrata sin contrapesos robustos; y, a la vez, elegir cuándo y cómo difunde la información sobre esos acuerdos con productoras. Así lo ha comprobado este periódico en las diferentes preguntas que ha enviado a la corporación en los últimos tiempos.

En algunas, ha negado el acceso al importe de los contratos con la justificación de que la cifra final “estaba en elaboración”, pese a que esos acuerdos ya habían sido aprobados por el Comité de Compras, según detallaron fuentes internas.

Ahora, también ha rechazado informar de una cláusula que suele incluirse en la mayor parte de los acuerdos con las productoras audiovisuales, por la cual se establece una audiencia mínima necesaria para mantener un formato en la parrilla.

Los antecesores de López sí revelaban esa información. De hecho, constan documentos recientes en la base de datos del Congreso en los que Concepción Cascajosa detalló que el share de corte de los programas La conexión y de Invictus era del 9%.

¿Cuál es el de Malas lenguas? Por motivos estratégicos, José Pablo López no lo quiere hacer público.