Sociedad CRISIS DEL CORONAVIRUS

La oposición de varias CCAA y sindicatos amenaza la solución de Celaá para el curso escolar

Madrid, Murcia y Andalucía critican a Educación por priorizar la promoción de los alumnos, mientras que los sindicatos cuestionan la apertura de centros en julio

La ministra de Educación, Isabel Celaá. EFE

Varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía y el País Vasco, no están a favor con parte del plan que la ministra de Educación, Isabel Celaá, propuso ayer a las autonomías para solucionar el final del curso escolar, ante la desconexión de los alumnos por la pandemia del coronavirus.

La fórmula adoptada establece que el curso termine en junio, aunque podrá haber actividades formativas voluntarias de refuerzo en los centros escolares en verano para atender al alumnado más vulnerable, la promoción de alumnos sea la norma y la repetición, la excepción.

En el caso de Madrid y Murcia, según El País, las críticas van dirigidas a la promoción general de los alumnos que propone Celaá, que ya avisó ayer que esta medida no consiste en un «aprobado general» de los estudiantes. Las dos comunidades, comandadas por el Partido Popular, también afean que se pueda obtener la titulación de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato con asignaturas suspensas y que Educación no fije el mínimo de materias para pasar de curso.

En contra de esta posición, el País Vasco reclama que el Gobierno central no establezca criterios comunes para todas las regiones al considerar que el curso escolar de sus estudiantes es una competencia autonómica.

Andalucía también ha rechazado «de plano» el aprobado general ya que, a su juicio, sería injusto y un menosprecio al esfuerzo de docentes y alumnos, y ha apostado por evaluar con flexibilidad, pero también con rigurosidad. «Hemos pedido que se clarifiquen apartados para que no haya agravios con el resto de comunidades ni se generen desigualdades», ha detallado Javier Imbroda, consejero andaluz de Educación y Deporte.

Los sindicatos dudan de la apertura en julio

Los sindicatos también han acogido con críticas la solución acordada por la Conferencia Sectorial de Educación, de la que valoran que concluya en junio, pero lamentan su falta de concreción, exigen que se refuerce el próximo curso y dudan sobre la pertinencia de abrir centros en julio.

Sindicatos y organizaciones han valorado que el final de curso sea en junio, pero su posición difiere en lo relativo al resto de medida acordadas entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

El sindicato de docentes ANPE ha exigido que el Ministerio establezca «instrucciones claras» que sean de aplicación en todas las comunidades autónomas, que la evaluación de alumnos sea flexible pero rigurosa y que el siguiente curso comience con una evaluación de diagnóstico para reforzar al alumnado que lo requiera, lo que necesitaría recursos económicos.

Desde STES consideran que las decisiones adoptadas no responden a las necesidades actuales del alumnado, que el Ministerio «anuncia medidas que nadie sabe si se podrán cumplir» y que debe atenderse antes a las necesidades de salud física y mental de los alumnos que las del aprendizaje. «Nuestra propuesta es que el verano tiene que dedicarse a descansar después de meses de confinamiento», dice STES, que aboga por evaluar en septiembre las necesidades educativas de cada alumno y a partir de ahí programar el curso y poner en marcha actuaciones de refuerzo y compensación.

También CSIF, que celebra que concluya el curso en junio y no se opte por un aprobado general, pide comenzar ya a planificar el curso que viene con un incremento de docentes y la reducción de las ratios de alumnos.

CCOO ha solicitado una «agenda compartida, clara y contundente con las comunidades autónomas y los agentes sociales», «unidad y lealtad» a los gobiernos autonómicos y que se debatan las medidas para finalizar el curso con el profesorado.

En la misma línea, la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) ha expresado que la unidad de la comunidad educativa es fundamental y ha exigido que los alumnos más vulnerables puedan disponer de los medios necesarios para superar el curso.

Si bien Save the Children considera que las medidas acordadas en la Conferencia Sectorial de Educación tienen unos objetivos adecuados, la práctica puede no serla por su falta de concreción normativa y de recursos.

A juicio del Sindicato de Estudiantes, el Ministerio de Educación «vuelve a fallar» porque sus medias no dan «una respuesta positiva a las necesidades» del alumnado y se niega a aceptar la realidad de que el curso ya ha terminado.

Critica que se evalúe sobre contenidos que no se han podido impartir en condiciones de igualdad, que permita la repetición de curso y que no suspenda las pruebas de acceso a la universidad. También que no haya un plan económico de choque para «recuperar el tiempo perdido».

Al Frente de Estudiantes le parece que la propuesta es insuficiente porque «supone postergar un problema que se expresará inevitablemente» en el próximo curso y afectará a los estudiantes más vulnerables y rechaza que se abran los centros en verano.

Por parte de FeSP-UGT también se ha hecho hincapié en abordar ya las medidas del próximo curso escolar y se ha rechazado que el personal docente tenga que desarrollar las actividades de refuerzo en julio, algo que exigirá la contratación de personal.

Y la Federación de Enseñanza de USO (FEUSO) ha solicitado una respuesta coordinada a esta crisis y que se aprovechen todos los recursos disponibles para que el aprendizaje no se detenga.

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