La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido que se imparta educación afectivo-sexual en las aulas a cargo de «profesionales» para evitar que los escolares aprendan «en películas, digitales o en Twitter«.

Celaá ha respondido así este jueves al senador murciano de Vox José Manuel Marín Gascón en la Comisión de Educación y Formación Profesional de la Cámara Alta, después de que Gascón acusase a la ministra de querer «adoctrinar» a los escolares con «sus ideas progres acerca del sexo y del género manipulando sus conciencias».

«La educación afectivo sexual existe, pero no queremos que lo aprendan en películas, digitales o en Twitter, y hay que confiar en los profesionales», ha replicado Celaá, señalando que la escuela es un espacio donde los menores deben «desarrollar capacidades cognitivas y capacidades emocionales».

El senador de Vox había esgrimido que «los padres son los guardias custodios de la educación hasta la emancipación de los hijos» y por ello deciden su educación «religiosa, ética o moral». «No vamos a permitir que el estado decida el ritmo y el modo de introducción de la educación afectivo-sexual de nuestros hijos, que entra de lleno en la intimidad de las personas», ha dicho Gascón.

Algo que ha cuestionado Celaá. «Los padres son los custodios, pero no los propietarios de la vida de sus hijos, que tienen sus derechos», ha respondido la ministra asegurando que la educación moral y religiosa «consagrada en la Constitución» se respeta «absolutamente» en los centros educativos.

Este debate en el Senado remitía a la polémica que provocó a principios de año el denominado ‘pin parental’ que Vox exigió en comunidades como Andalucía o Murcia para prestar su apoyo a los presupuestos en estas regiones gobernadas por Partido Popular y Ciudadanos.

En la Región de Murcia se incluyó esta posibilidad de que los padres pudieran vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias escolares en las instrucciones de inicio de curso, algo que el Ministerio de Educación recurrió ante los tribunales en enero, solicitando la suspensión cautelar de la medida, como decidió el pasado 12 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM).