Sociedad

Un boicot a la campaña de vacunación con aviso de bomba provoca el desalojo de un colegio en Granadilla (Tenerife)

Colegio en Granadilla (Tenerife)

Colegio en Granadilla (Tenerife) EP

El director territorial de Educación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Federico Delgado, ha confirmado este jueves que el desalojo del CEIP Isaac de Vega de Granadilla se ha originado por un intento de boicotear la campaña de vacunación contra la Covid-19 entre los niños de 5 y 11 años.

En una declaración difundida por su departamento ha indicado que se recibió una llamada telefónica a primera hora en el centro con una "amenaza" de que se iba a colocar una bomba si se realizaba la vacunación.

Por ello, y en un dispositivo organizado por la Guardia Civil, los 430 alumnos del colegio fueron trasladados a un colegio cercano para mantener la "seguridad y tranquilidad" y una vez que los agentes certificaron que no había ningún artefacto, los alumnos retomaron su actividad.

Desde el Gobierno de Canarias, ha señalado Delgado, realizan una "condena rotunda" de una "acción injustificada" que ha alterado la vida del centro educativo porque "quebranta" el estado de ánimo y produce "nerviosismo y ansiedad".

El sindicato STEC también ha mostrado su "enérgica condena y repulsa" frente a las "graves amenazas" que sufren determinados centros educativos canarios en relación con la vacunación pediátrica de la COVID-19.

Así, frente a las "irracionales posiciones "negacionistas", desde el STEC-IC recuerdan que la decisión de vacunar o no al alumnado es una decisión que sólo compete a sus familias y que hay que respetar, en un sentido u otro.

"La vacunación pediátrica no es obligatoria de ninguna forma, siendo las familias las que deben decidir libremente sobre el particular y no bajo la amenaza y la coacción, como una minoría antidemocrática quiere imponer", indican.

Desde el sindicato instan a la Consejería de Educación y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a actuar "con la máxima celeridad y contundencia" a fin de esclarecer los hechos señalados y garantizar la seguridad de las comunidades educativas objeto de intimidación.

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