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Reclamar a iDental: una carrera de obstáculos

Los expertos se muestran pesimistas respecto a las posibilidades de los afectados, especialmente en el caso de los tratamientos inacabados, si la empresa se declara insolvente.

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Reclamar a iDental: una carrera de obstáculos
Un grupo de afectados se manifiesta frente a la clínica de iDental en Rivas (Madrid).

Un grupo de afectados se manifiesta frente a la clínica de iDental en Rivas (Madrid).

Resumen:

Los afectados por el cierre de las clínicas iDental se cuentan por decenas de miles. En 2017 la empresa ya se jactaba de llevar atendidos en dos años a 250.000 pacientes  y los cálculos a la baja calculan que al menos 40.000 personas podrían ser víctimas del cierre repentino de la cadena, que no tiene ningún centro abierto desde junio pero llevaba ya meses en crisis con anulación de citas y carencias de profesionales.

A las que se han quedado con sus tratamientos inacabados – y una financiación a medio pagar en muchos casos – se suman las reclamaciones por mala praxis. Acusaciones de mayor gravedad de las que apenas aún se están empezando a empezando a ver sentencias, como la de esta paciente vallisoletana a la que se le suprimió el frenillo labial.

Estas dos – los tratamientos inacabados y las negligencias médicas – son las reclamaciones que tienen que afrontar los pacientes de la cadena dental low cost y que plantean, según expertos judiciales, un largo camino de obstáculos.

Aunque las reclamaciones por mala praxis empezaron hace ya más de un año, el cierre definitivo de las clínicas ha precipitado la aparición de plataformas de afectados, despachos de abogados y asociaciones de consumidores que ofrecen sus servicios a los afectados.

Una oportunidad económica para esos negocios que abre un nuevo riesgo para los afectados: acabar pagando en exceso por un procedimiento del que aún se desconoce siquiera cuál será el camino.

Los afectados por el cierre de las clínicas iDental se cuentan por miles. En 2017 la empresa ya se jactaba de llevar atendidos en dos años a 250.000 pacientes  y los cálculos a la baja calculan que al menos 40.000 personas podrían ser víctimas del cierre repentino de la cadena, que no tiene ningún centro abierto desde junio pero llevaba ya meses en crisis con anulación de citas y carencias de profesionales.

A las que se han quedado con sus tratamientos inacabados – y una financiación a medio pagar en muchos casos – se suman las reclamaciones por mala praxis. Acusaciones de mayor gravedad de las que apenas aún se están empezando a empezando a ver sentencias, como la de esta paciente vallisoletana a la que se le suprimió el frenillo labial.

Estas dos – los tratamientos inacabados y las negligencias médicas – son las reclamaciones que tienen que afrontar los pacientes de la cadena dental low cost y que plantean, según expertos judiciales, un largo camino de obstáculos.

Todos quieren dar servicio a los afectados

Aunque las reclamaciones por mala praxis empezaron hace ya más de un año, el cierre definitivo de las clínicas ha precipitado la aparición de plataformas de afectados, despachos de abogados y asociaciones de consumidores que ofrecen sus servicios a los afectados. Una oportunidad económica para esos negocios que abre un nuevo riesgo para los afectados: acabar pagando en exceso por un procedimiento del que aún se desconoce siquiera cuál será el camino.

La primera de las dificultades a las que pueden enfrentarse los afectados es la de elegir bien quién les representará

La primera de las dificultades a las que pueden enfrentarse los afectados es la de elegir bien quién les representará. Aquí lo principal es que sea cual sea el camino elegido – a través de una plataforma, un despacho de abogados u otros –, conozca desde el primer momento cuánto le van a cobrar exactamente. “Es imprescindible que haya una hoja de encargo o un contrato en el que figuren exactamente los costes, si hay un pago inicial pero también si va a haber otros en el tiempo y la cuantía de la comisión, si la hay. Es importante que sea a lo largo de todo el proceso, porque se puede alargar años”, explica Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua.

La vía de las reclamaciones, aún por aclarar

“Aún estamos evaluando cuál será la mejor vía para reclamar, puesto que aún no sabemos siquiera si va a haber proceso concursal, ya que en ese caso lo más idóneo sería que los afectados se personaran como acreedores. Además, hay posible reclamación a las financieras, por estafa y por daños morales, en los casos de mala praxis”, explica el portavoz de Facua.

Facua es una de las organizaciones que ha abierto una plataforma de afectados por iDental, en la que unirse es gratuito. Cuando la organización decida las acciones a emprender, explica Sánchez, establecerá una cuota extraordinaria que los usuarios deberán pagar para unirse al proceso. “De momento, la única que tenemos clara es la vía penal. Como asociación hemos solicitado personarnos como acusación particular en uno de los juzgados de Sevilla que ha abierto un procedimiento con varios afectados pero aún no hemos obtenido respuesta”, aclara Sánchez.

Éste es otro de los problemas a los que se enfrentan los afectados en España. Varios juzgados – a los de Sevilla se suman otros en Madrid, Valladolid y otras provincias – están instruyendo causas similares y los expertos barajan que el caso pueda, por su envergadura, acabar en la Audiencia Provincial. “Alguno de los juzgados que están llevando el caso podría elevarlo a la Audiencia Nacional, que tendría que decidir si es competente para la causa, como ocurrió por ejemplo con el caso de Forum Afinsa”, afirman fuentes judiciales. Esta posibilidad puede estar provocando que algunos juzgados no avancen en la instrucción del caso tanto como sería posible.

Tampoco Negotia Abogados, una firma que ofrece sus servicios a través de la Plataforma de Afectados por Clínicas Dentales (Afecade) y que ya ha interpuesto una denuncia en Valladolid, tiene claros cuáles serán los procedimientos. Ángela de Miguel, una de las abogadas, afirma que ya tienen a unos 150 afectados que se unirán a la demanda, para la que calculan que pondrán en marcha “entre tres y cuatro procedimientos”. “Vamos a poner una denuncia por estafa, la reclamación a las financieras, a las aseguradoras en caso de negligencia e incluso a la Administración, si hubiera indicios de que no se han hecho las comprobaciones necesarias a nivel sanitario”, explica la abogada.

De Miguel afirma que su despacho ya puso el 26 de junio una denuncia penal en Valladolid, donde la Fiscalía ordenó el registro de las instalaciones de la clínica el 2 de julio y tiene bajo su custodia 12.000 expedientes de los pacientes.  Éste es otro de los principales problemas de los pacientes, que en la mayoría de los casos carecen del historial clínico de su caso, necesario para reclamar porque reflejaría cuál era su salud bucal antes del inicio del tratamiento, indispensable para las reclamaciones. “Las clínicas se están negando en muchos casos a darlos y por eso estamos orientando a los pacientes a dirigirse también a la Agencia Española de Protección de Datos para reclamarlos”, explica el portavoz de Facua.

En el caso de Afecade, la plataforma cobra una cuota de inicio – “de algo menos de 200 euros” más una comisión del 18% de lo conseguido en los procedimientos, siempre y cuando se ganen, explica De Miguel.

Pesimismo respecto a las reclamaciones

Las fuentes consultadas coinciden en la importancia de unirse a una denuncia colectiva para “acelerar y agilizar el proceso” y que “los juzgados puedan valorar la magnitud de la presunta estafa”. Sin embargo, se muestran pesimistas respecto de lo que se podrá conseguir.

“Si hay una quiebra y la empresa no tiene nada, es complicado reclamar. Habría que buscar la derivación de la responsabilidad y si se puede achacar a los administradores, pero para eso es necesario demostrar que ha habido una estafa”, explicaba De Miguel a este periódico hace ya unos meses.

El portavoz de Facua coincide en que “hay que tener mucho cuidado de no generar falsas expectativas” sobre lo que se podrá recuperar y augura “un proceso muy largo, de muchos años”.

El portavoz de Facua augura “un proceso muy largo, de muchos años” para quienes reclamen

Aunque no en representación de los afectados, los colegios de odontólogos de Madrid y Barcelona ya lanzaron hace semanas sendas denuncias penales contra las clínicas iDental. Ambas denuncias recogen testimonios de más de un centenar de pacientes que acudieron a los colegios con denuncias por negligencias y han sido elevadas a la Fiscalía. Esas denuncias, contra la salud pública, estafa, publicidad engañosa, lesiones y contra la seguridad social, buscan elevar la importancia del caso pero no supondrían la representación directa de los afectados, que también podrían unirse también a la causa penal.

Los afectados continúan en paralelo su lucha, que como siguiente paso llegará a una manifestación en Madrid el día 18 de julio frente al Ministerio de Sanidad de 11.00 a 13.00.