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La Policía Nacional registra todas las sedes de iDental por orden de la Audiencia Nacional

La Udef ha entrado ya esta mañana en distintas sedes de la clínica dental 'low cost' como la central de Rivas (Madrid) y la de Murcia, acompañada de peritos designados por los Colegios de Odontólogos.

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La Policía Nacional registra todas las sedes de iDental por orden de la Audiencia Nacional
La Policía Nacional registra la clínica de iDental en Zaragoza.

La Policía Nacional registra la clínica de iDental en Zaragoza. Ángeles Ferrer

Resumen:

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional está registrando todas las sedes de las clínicas de iDental en España – 24 eran las clínicas abiertas antes del cierre definitivo de la cadena – en busca del inventario de activos y “para recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos con imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes”, según acaba de confirmar la Audiencia Nacional a El Independiente.

La operación ha arrancado temprano esta mañana en sedes como la central de iDental, en Rivas (Madrid), o la de Murcia, donde la Udef ha contado con la colaboración de un perito designado por el Colegio de Dentistas.

Los registros se encuadran en la macrocausa que la  Audiencia Nacional asumía a finales del pasado julio la investigación de iDental. “El volumen extraordinario, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo y ancho del territorio nacional, la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados y de una aparente compleja estructura societaria” llevaban al organismo a asumir la investigación.

La Policía Nacional está registrando todas las sedes de las clínicas de iDental en España – 23 de las 24 clínicas abiertas antes del cierre definitivo de la cadena – en busca del inventario de activos y “para recuperar dispositivos informáticos y repositorios de datos con imágenes de pruebas médicas de usuarios para facilitar su devolución a los pacientes”, según acaba de confirmar la Audiencia Nacional a El Independiente.

La operación Apolonia, para la que se han designado unos 300 agentes, ha arrancado temprano esta mañana en sedes como la central de iDental, en Rivas (Madrid), o la de Murcia, donde la Udef ha contado con la colaboración de peritos y abogados designados por los Colegios de Dentistas.

Los registros permitirán hacer un inventario para que la ORGA (Oficina de recuperación y Gestión de Activos) proceda a la venta anticipada para un posible resarcimiento económico a los afectados, así como la recuperación de las pruebas para los pacientes. En el interior de estas clínicas, la Policía intervendrá equipos informáticos que albergan expedientes médicos de los afectados tras el cierre por el presunto fraude, a fin de que pueden recuperar sus pruebas, completar su tratamiento y, en su caso, denunciar su situación.

Además de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), participan en la operación agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) o las distintas brigadas provinciales de Policía Judicial, además de las consejerías de Sanidad, los colegios de odontólogos y la ORGA.

El inventario de los registros permitirá que pueda realizarse una venta anticipada para un posible resarcimiento económico a los afectados

Los registros se encuadran en la macrocausa que la  Audiencia Nacional asumía a finales del pasado julio la investigación de iDental. “El volumen extraordinario, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo y ancho del territorio nacional, la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados y de una aparente compleja estructura societaria” llevaban al organismo a asumir la investigación.

En el caso de la sede centra, fuentes policiales han informado a Efe de que el registro en la clínica de Rivas, situada en la calle Marie Curie, es una continuación de las actuación que iniciaron los agentes el 3 de agosto por orden del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. En total fueron registradas 19 clínicas de Mallorca, Tarragona, Girona, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Gijón, Valencia, Alicante, Castellón, Madrid y Murcia, con el objetivo de recopilar historiales médicos y pruebas de la posible comisión de hechos delictivos tras el cierre de las mismas y las miles de denuncias recibidas por presunto fraude.

Hace una semana, representantes de las 14 comunidades autónomas afectadas, es decir, todas menos Navarra, Baleares, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, acordaron con el juez De la Mata poner en común los datos de cientos de miles de perjudicados para agilizar la investigación de la macrocausa.

Poco material de esterilización

En el caso de Murcia, el presidente del Colegio de Odontólogos (también presidente del Consejo de Colegios), Óscar Castro, confirma la poca cantidad de autoclaves – dispositivos para la esterilización y desinfección del material – en relación al número de boxes de atención a pacientes. “En la Seguridad Social contamos con un autoclave por cada dos boxes, en la de Murcia al parecer había tres autoclaves para 14 boxes, una cantidad totalmente insuficiente”, subraya.

Los afectados, que la Audiencia Nacional estima que pueden llegar a ser decenas de miles, preparan una nueva tanda de manifestaciones para el próximo jueves 27 de septiembre delante de las sedes de Sanidad o Colegios de Odontólogos.

El PP pide elevar las peticiones de los afectados a la Interterritorial

Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) registra hoy la Proposición No de Ley registrada por el Partido Popular en la que solicita una serie de medidas para resarcir a los afectados de iDental y proteger a los ciudadanos de situaciones similares en el futuro.

Los populares piden “reunir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el objeto de acordar medidas para resarcir a los pacientes damnificados por iDental”, además de las medidas orientadas a proteger la salud de los ciudadanos de empresas sanitarias que puedan cometer irregularidades en el futuro. Por ejemplo, que “se impida la demanda al cliente de la financiación o del pago anticipado de tratamientos no realizados” o que se establezcan “medidas eficaces para el control de la publicidad y propaganda comercial sanitaria”.