Manifestación de afectados de iDental frente al Ministerio de Sanidad en julio de 2018.

Manifestación de afectados de iDental frente al Ministerio de Sanidad en julio de 2018. C.C.

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La trama iDental

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La trama iDental

Así nació, se expandió y cayó la cadena dental low cost que se perfila como el mayor escándalo sanitario de la historia de España.

Hace apenas tres años, Javier Cárdenas anunciaba en las ondas a unos nuevos “dentistas con corazón”. La cadena dental, a la que el presentador prestaba su imagen, incluso contrataba a un profesional cada día a través de su programa de radio. Era el principio de 2015 cuando empezaba a sonar por toda España el nombre de iDental, un nuevo concepto low cost que se expandía con fuerza por todo el territorio bajo la promesa de “democratizar la odontología”.

La compañía, fundada un año antes en Elche (Alicante) por Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer, lanzaba en su publicidad palabras clave como “asistencia dental social”, “subvenciones” y “ayudas”. Aseguraban utilizar parte de sus beneficios para cubrir desde el 60 al 100% del coste de los tratamientos en función de la situación laboral y familiar de las personas. Querían convencer a la clase media-baja de que era, por fin, su oportunidad para poder acceder al dentista.

Querían convencer a la clase media-baja de que era, por fin, su oportunidad para poder acceder al dentista. Y lo consiguieron.

Y lo consiguieron. En un año abrieron ocho clínicas y al siguiente, 18. En 2016 salieron también fuera de España. Una expansión vertiginosa que crecía a la par que las denuncias y reclamaciones que le empezaban a llover a la que ya era la reina del low cost odontológico. Sin embargo, el marketing era lo primero y respondían a las críticas sobre las reclamaciones asegurando que procedían “en muchos casos de dentistas que están muy acostumbrados a vivir bien y les molesta que hagamos el servicio más barato”. Se autodefinían como “el ryanair del sector odontológico”.

La empresa justificaba su éxito en la “gestión hospitalaria de gran tamaño”. Básicamente, centros de grandes dimensiones que habían cambiado las salas de consulta por hileras de boxes abiertos y funcionaban con dentistas asignados a funciones y no a pacientes. La empresa llegó a tener más de 3.000 empleados y atender, según ellos mismos, a 3.000 personas al día entre todos sus centros.

2017, iDental a la venta

A pesar de definir su labor como “emprendimiento social”, García Pellicer y Castañer se lanzaron en  2017 a la búsqueda de un fondo de inversión que se hiciera con la compañía. Se unían a la oleada de compras del sector que había comenzado con Vitaldent y Dentix.

Sin embargo, esa compra no llegó y a partir del verano se precipitaron los problemas en la compañía. Comenzaron los impagos de salarios, se empezó a hablar de los problemas de higiene, de la acumulación de denuncias de afectados y de la investigación de dentistas por parte de los colegios profesionales. En septiembre los empleados avanzaban hacia la huelga y la seguridad social amenazaba con embargar algunas sedes.

En aquel momento llegó in extremis la salvación para la compañía con la entrada de Weston Hill. El fondo de inversión propiedad de los hermanos Juan y José María Garrido y Luis Sans invirtió 25 millones de euros, de los que 15 iban destinados a la amortización de la deuda y 10 a inyectar liquidez en la maltrecha compañía. Al frente de la compañía se ponían José María Garrido y Sans, que aseguraban que la compañía iba a pasar de “26 a 40 centros odontológicos en tres años”.

La compra se realizó en octubre y pronto la gestión de las denuncias y reclamaciones empezó a atragantársele a Weston Hill. Su entonces portavoz de comunicación llegó a achacar los problemas de la compañía a una campaña de desprestigio “orquestada desde los Colegios de Odontólogos”. Pero los pacientes seguían denunciando y empezaron las primeras manifestaciones.

Marzo de 2018, segundo declive de la compañía

Seis meses después se precipitó el nuevo declive de la compañía. Documentación publicada por este periódico mostró una deuda de dos millones de euros con los ex trabajadores (muchos despedidos tras la entrada de Weston Hill) y órdenes de desahucio en marcha para al menos 12 de las clínicas.

Para entonces ya habían comenzado las disputas entre los hermanos Garrido y Sans, que aseguraban que García Pellicer les había engañado y la situación de la compañía era peor de la esperada. “Pero teníamos un plan B, que era la venta a algún fondo de todo nuestro negocio dental – iDental y la cadena Instituts Odontològics – a un gran fondo”, afirma Juan Garrido.

Y las negociaciones comenzaron con el fondo americano Cerberus. El fondo contrató a Deloitte para analizar la compañía pero unas “irregularidades” en las cuentas provocaron que finalmente el fondo se retirara de la operación. Irregularidades que los Garrido achacan a Sans y que este siempre ha negado, afirmando que fue él quien no quiso que se cerrara la venta por la cantidad ofertada por los americanos.

Guerra abierta entre los Garrido y Sans

La pérdida de la oportunidad con Cerberus supuso el inicio de una guerra abierta entre los tres socios de Weston Hill. Los Garrido cesaron a Sans del consejo de la compañía en una Junta impugnada por este último. A partir de aquí comenzaron a cruzarse querellas. Sans por el cese ilegítimo y los Garrido a Sans y su equipo por irregularidades en la gestión de las clínicas.

Tras el fracaso con Cerberus empezó el cruce de querellas entre los socios de Weston Hill

En mayo el conflicto ya se avecinaba insalvable: las clínicas empezaron a sufrir carencia de materiales y los trabajadores volvieron al impago de salarios. Las citas se cancelaban y en muchas ya sólo funcionaba un mostrador para que los afectados solicitaran su historial médico o pusieran una queja en el libro de reclamaciones.

Y poco después, las clínicas empezaron a cerrar. Madrid, Sevilla, Santander, Granada, Zaragoza… A principios de junio, con más de la mitad de sus clínicas ya cerradas, afectados de Valencia derribaron la puerta de la clínica. El nerviosismo y la tensión iban en aumento.

Implicación política y cierre definitivo

Hacia marzo, afectados como Mary Alves consiguen llevar sus demandas al Congreso de los Diputados con sus quejas. Son recibidos por distintos grupos políticos que se comprometen a estudiar el caso. Han pasado dos años de las primeras reclamaciones y todas las promesas les parecen pocas. Los pacientes sienten que las Administraciones no responden a su situación y muchos denuncian el «mareo» al que se ven sometidos cuando pretenden poner una reclamación: «De Sanidad nos mandan a Consumo y de ahí de nuevo a Sanidad», se quejaba aún una afectada en la última manifestación de julio.

No ha sido hasta la primavera de este año cuando organismos públicos como la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) han emitido sus primeras indicaciones para los afectados, que ya estaban prestando de forma . También se han puesto en marcha plataformas específicas desde organizaciones de consumo como Facua o la OCU, movimientos que han ido allanando un camino de reclamaciones que para muchos resultaba complicado.

En junio también, poco antes del cierre definitivo de las clínicas, se producían las primeras denuncias penales por parte de los Colegios de Odontólogos de Madrid y Cataluña que aunaban más de un centenar de denuncias cada una. «Esto es solo la punta del iceberg», declaraba el presidente de los dentistas madrileños, Antonio Montero.

El cierre definitivo, poco después, supuso la confirmación del desastre. Miles de pacientes afectados por tratamientos incompletos se sumaban a las incontables denuncias por mala praxis. La compañía cerraba y aseguraba que el destino era el concurso de acreedores que, casi dos meses después, aún no se ha concretado. Fuentes de la compañía aseguran ahora que el concurso está «a punto» de ser aceptado por el juez Sánchez Magro, titular del juzgado mercantil 2 de Madrid.

La Audiencia toma las riendas de la investigación

Sin precedentes similares – casos como el de Vitaldent o Funnydent no pueden compararse con este, según los expertos – la Audiencia Nacional asumía a finales del pasado julio la investigación de iDental por ser una «macrocausa». «El volumen extraordinario, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo y ancho del territorio nacional, la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados y de una aparente compleja estructura societaria” llevaban al organismo a asumir la investigación.

El juez José de la Mata, conocido por el caso Gürtel o la financiación ilegal del PP, asume la investigación de iDental

El responsable del caso, el juez José de la Mata (conocido entre otros por el caso Gürtel, el caso Neymar o la financiación ilegal del PP), asume la investigación por “administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública”. Hasta 11 juzgados de distintas comunidades autónomas se habían inhibido en favor de la Audiencia, que había comenzado a investigar a raíz de una denuncia en Andalucía.

Entre lo que De la Mata tendrá que investigar, figuran indicios de que en iDental se arrancaban dientes sanos para poner implantes, cuya calidad también está en cuestión después de conocerse, por un informe de detectives privados encargado por el Consejo, que los implantes que compraba la compañía tenían un precio 12 veces menor a los que se usan habitualmente en las clínicas tradicionales.

Ayer mismo, dentro de esta investigación, la policía nacional entraba en 17 clínicas de la compañía y la sede central de Weston Hill en busca de pruebas e historiales clínicos. Precisamente los historiales y la dificultad de muchos pacientes para acceder a ellos (necesarios para iniciar una reclamación) ha sido una de las reivindicaciones centrales de los afectados. En algunas comunidades estos historiales se encuentran ya en manos de las Administraciones y en ciudades como Madrid el Colegio de Dentistas denunció que había visto empresas de destrucción de documentos entrando en la clínica central de la compañía en Rivas.

El curso de la investigación está aún en sus inicios pero algunos expertos se muestran algo desesperanzados en cuanto a las posibilidades de reclamación de los afectados a una empresa en quiebra probable. De momento, las financieras – parte central del modus operandi de la compañía, ya que aprovechaba el estatus económico medio-bajo de sus pacientes para cerrar con ellos financiaciones que cobraba a los bancos al inicio – están ofreciendo a los pacientes ser derivados a otras clínicas para continuar sus tratamientos. En su mayoría, la clínica ofrecida es Dentix, con un modelo low cost similar al de iDental, algo que no convence a muchos de los afectados.

Los odontólogos: «Que no se pueda volver a repetir»

Para los odontólogos, la de iDental era la crónica de una muerte anunciada. «España es el único país donde cualquiera, sin ser dentista, puede abrir una clínica dental», denuncia Óscar Castro, presidente del Consejo de Colegios de Odontólogos de España.

Esta circunstancia, que ha permitido el auge de las llamadas clínicas marquistas (franquicias o modelos similares, algunas en manos de fondos buitre como iDental), se permite en España a diferencia de Europa gracias a las llamadas «sociedades de intermediación», algo sobre lo que los odontólogos llevan tiempo reclamando el control a las administraciones. «En España es en el único país de Europa donde un DJ o un antenista pueden tener una clínica dental», afirma Castro, «además es necesario un mayor control publicitario».

Un auge de clínicas que ha crecido al amparo de la proliferación de dentistas, que en estos momentos «sobran» en España. Un exceso de dentistas que sumado a un control laxo de la normativa y han propiciado una proliferación de las clínicas marquistas que acumulan hasta 25 veces más reclamaciones que las clínicas tradicionales, según un informe reciente del Consejo de Colegios de Dentistas. «Lo que necesitamos de verdad, además de que se solucione el problema de iDental, es que esto no se pueda volver a repetir», concluye Castro.