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La Audiencia Nacional asume la investigación del escándalo de iDental

El juez de la mata investigará a las clínicas dentales 'low cost' por administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública ante el "volumen extraordinario de la causa".

Imagen de la manifestación de afectados de las clínicas dentales iDental en la manifestación frente al Ministerio de Sanidad.
Imagen de la manifestación de afectados de iDental en la manifestación frente al Ministerio de Sanidad. | C.C.

Finalmente será la Audiencia Nacional la que investigue el caso por el supuesto fraude masivo de las clínicas iDental. El juez De la Mata ha emitido hoy un auto en el que asume la investigación por "administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública". El magistrado asume la investigación, según informa la Audiencia Nacional, por el "volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo y ancho del territorio nacional, la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados y de una aparente compleja estructura societaria".

La investigación de la Audiencia Nacional se inició a raíz de una denuncia en Andalucía aunque hasta ahora ya son al menos 11 juzgados de distintas comunidades autónomas los que se han inhibido en favor de la Audiencia Nacional.

En el auto, el juez explica como la estructura de iDental tenía un gran número de clínicas (llegaron a ser 26) repartidas por todo el territorio nacional y que su modus operandi se basaba en la oferta de un sistema de financiación de tratamientos, que se realizaba a través de entidades como Evo Finance, Cetelem o Santander Consumer.

Así, y como también recogía un informe encargado a un grupo de detectives por el Consejo General de Colegios de Dentistas, iDental percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios y una vez percibido este precio, según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos, con los consiguientes perjuicios para los pacientes. Los procesos y tratamientos finalmente quedaron interrumpidos, hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas”.

El juez, que cita tener constancia del cierre de clínicas en 11 ciudades (aunque ya están todas cerradas desde hace varias semanas), afirma asumir la causa para evitar el caos procesal, ante una compleja investigación con miles de afectados e ingente número de investigados en distintos territorios.  Aunque los hechos en este momento están ”limitadamente perfilados”, De la Mata los tipifica inicialmente como delito de estafa continuada, a los que puedan unirse apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones y delito contra la Salud Pública.

El auto recuerda el artículo 65. 1º c, de la LOPJ que fija la competencia de la Audiencia Nacional en el caso de grandes defraudaciones “que puedan causar una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia”.

De la Mata señala que ya hay decenas de procedimientos judiciales incoados, “habiendo comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar"

Aunque se desconoce el número total de perjudicados, según de la Mata existen referencias sólidas de que existirán miles, si no decenas de miles de víctimas, con decenas de procedimientos judiciales incoados, “habiendo comenzado un tortuoso camino de inhibiciones y acumulaciones que es preciso sistematizar y ordenar, evitando una situación de caos procesal que cause notables perjuicios a los perjudicados y a las propias potenciales personas investigadas”.

Como muestra de la magnitud de lo que va a suponer la causa, De la Mata añade las investigaciones administrativas que han incoado distintas Comunidades Autónomas y Colegios Profesionales, que se constatan con la simple navegación por internet. De hecho, una de las sedes de IDENTAL en las Palmas de Gran Canaria parece que ha sido desahuciada, habiéndose incautado los historiales de más de 15.000 afectados.

Se requerirá la participación de Unidades Centrales de Investigación

Por el tamaño de la estructura organizativa, su despliegue territorial, su modelo de negocio, el volumen de la operativa y el ingente número de investigados, hace presagiar, según el juez, una compleja investigación “que requiere, desde luego, la participación de Unidades Centrales de Investigación bajo una lógica y dirección únicas, resultando absolutamente incompatible con un manejo fragmentario y asistemático, como ocurriría en caso de desarrollar la investigación por distintas Unidades bajo la dirección de decenas de juzgados de instrucción”.

El juez augura "una compleja investigación que requiere, desde luego, la participación de Unidades Centrales de Investigación"

A partir de este momento todas las diligencias incoadas en torno a la estructura IDENTAL quedan acumuladas, mediante Piezas documentales separadas, en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. El juez se pronunciará sobre las diligencias solicitadas en la denuncia inicial, una vez que sean acumuladas y ordenadas todas las diligencias previas incoadas por distintos juzgados.

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