Centro de iDental en Málaga.
El Consejo General de Dentistas ha lanzado hoy un mensaje al próximo Gobierno y a las comunidades autónomas: si no toman medidas, el escándalo iDental podría repetirse. El presidente de la entidad, Óscar Castro, ha recordado que el cierre de iDental ha provocado que por primera vez el año pasado, las reclamaciones a Facua las liderase el sector sanitario. De las 3.605 reclamaciones sanitarias que inició FACUA a lo largo del año, 3.380 eran relativas a iDental, casi el 94%.
“Este tipo de clínicas corporativas, catalogadas como sociedades de intermediación con estructuras mercantiles complejas se escapan al control deontológico de los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos”, incide Castro, que traslada el mensaje a los poíticos. "La Organización Colegial no tiene ninguna competencia ni responsabilidad en cuanto al control de las clínicas dentales. Son las Consejerías de Sanidad o sus Departamentos de Inspección los organismos competentes para la concesión y renovación de las autorizaciones de los centros sanitarios, así como la inspección y control de estos”, por lo que sería necesario una mayor colaboración y control por parte de la Administración.
El presidente de los dentistas afirma que esta situación podría evitarse tan sólo con la aplicación de la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales. Una norma que prevé, entre otras cosas, que las Organizaciones Colegiales puedan sancionar deontológicamente a aquellas empresas que realicen actividades para cuyo desempeño se requiere colegiación obligatoria, además de asegurar que su control efectivo queda en manos de profesionales colegiados.
Conforme a la legalidad vigente, lo que sí pueden hacer los Colegios es denunciar ante las autoridades competentes cualquier incumplimiento normativo por parte de una clínica dental, “tal y como hemos hecho desde 2015 los Colegios de Dentistas de toda España y el Consejo General con la compañía iDental y otras similares”, apunta el Castro.
Por otro lado,Castro insiste en la necesidad de aprobar una ley de publicidad sanitaria para que la información que se difunda sea rigurosa, veraz, comprensible, basada en la ética y el conocimiento científico y que no confunda a los ciudadanos con mensajes engañosos, en definitiva, una publicidad informativa y no incitativa al consumo.
“Como siempre, el Consejo General de Dentistas se pone a disposición del próximo Gobierno y de la Administración para colaborar en todos los aspectos necesarios que eviten que se repitan escándalos y fraudes como el de iDental y otras clínicas similares”, concluye Castro.
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