Intervención o catástrofe. El 19 de marzo, varios médicos consultados por El Independiente clamaban ayuda ante una situación que, veían, estaba a punto de descontrolarse. Apenas habían salido a la luz unas decenas de fallecimientos pero quienes trabajaban en las residencias de mayores ya veían que, una vez dentro, al COVID-19 no había quién lo parase. La población más vulnerable concentrada en entornos muy cerrados: «Van a caer como moscas», sentenciaba Salvador Casado, médico de familia adscrito a varias residencias en Madrid.

Y es que aunque el 27 de febrero se aisló a los primeros mayores en una residencia de La Gomera, el primer protocolo de actuación en residencias de ancianos no llegó hasta el 21 de marzo (casi un mes después y tras una semana de Estado de Alarma). Y cuando el 23 de marzo el Ejército empezó a entrar en las residencias, la situación ya se había desbordado. La Unidad Militar de Emergencias tuvo que sacar cadáveres de las habitaciones en lo que era solo la antesala de la semana más negra de la epidemia.

Los peores días de la crisis del coronavirus se cobraron casi mil muertes en estos centros. Según los datos reportados por las comunidades autónomas (no hay cifras oficiales de Sanidad), entre el 26 de marzo y el 2 de abril murieron 5.898 ancianos que vivían en residencias.

Son las cifras que han aportado las comunidades autónomas y que quedan al margen de la información oficial del Ministerio de Sanidad, que lleva dos meses sin aportar datos pese a habérselos solicitado mediante orden ministerial a las comunidades autónomas. Una semana tras otra, el ministro de Sanidad Salvador Illa y el portavoz del Comité Técnico de la Desescalada, Fernando Simón, han asegurado que los datos siguen analizándose o se han escudado en nuevas peticiones de información a las comunidades autónomas.

Por ello, mientras que la actual cifra de muertos por coronavirus en España sigue congelada en 27.136 fallecimientos, los datos de mortalidad en residencias reportados por las distintas comunidades autónomas suman ya 19.425 y sólo hasta el 29 de mayo. Un número que supone casi la mitad de la mortalidad total durante la epidemia, como refleja un informe reciente de Deusto Business School.

Este informe calcula también el porcentaje de la mortalidad total de la epidemia que se ha producido en las residencias de ancianos y que difiere desde el 90,7% de Aragón al 14,7% de Canarias. En La Rioja, Castilla y León, Cantabria y Navarra al menos siete de cada 10 fallecidos vivían en residencias.

Las cifras de este informe, que se engloba dentro de un estudio más amplio de la escuela de negocios sobre Economía plateada (en relación al envejecimiento) y que dirige Iñaki Ortega, también han calculado el ratio de mortalidad de cada comunidad (en relación al estudio de seroprevalencia y el Momo). A través de él se ve cómo las comunidades autónomas donde ha habido una mayor mortalidad en residencias son también aquellas donde la mortalidad general ha sido más elevada.

«Mórfico, mórfico, mórfico»

La presidenta del Círculo de Atención a Personas (CEAPS) – la patronal que agrupa la mitad de las plazas de residencias del país, con más de 200.000 -, Cinta Pascual, hacía la semana pasada en el Congreso una reconstrucción de los últimos tres meses y hacía hincapié en la vulnerabilidad del perfil de sus residentes para defenderse del virus. Mujeres, de más de 85 años, dos de cada tres con demencia y en el 17% de los casos con dificultades respiratorias. «Las residencias no están preparadas para sectorizar», denunciaba ante la estrategia que desde Sanidad se dio a estos centros para tratar de evitar el virus.

En la estrategia también «ha fallado el derecho a la Sanidad Universal» y, para ejemplificarlo, Pascual se refirió al día en que explotó. «El día que entró un médico a la residencia y empezó a señalar ‘mórfico, mórfico, mórifico’ nos dimos cuenta de que estábamos solos, que esto sería un drama», relató en la Cámara.

Preocupados por el futuro

Se pidió aislar a los residentes con síntomas pero «un estudio en Cataluña ha revelado que el 30% de los mayores pasaron el virus de forma asintomática», aseguró Pascual, que también denunció en el Congreso que incluso en esta desescalada siguen faltando test diagnósticos para afrontar una desescalada de la que tampoco se conocen aún todas las cifras pese a que en muchos lugares ya se han reabierto los centros a las visitas.

Desde la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que regula los residencias de mayores y discapacidad públicas de la Comunidad de Madrid, una médico que prefiere permanecer en el anonimato denuncia que el sector aún se está enfrentando a problemas para realizar test diagnósticos. «No tenemos acceso a hacerlos todos a través de Atención Primaria y cuando se gestionan a través del AMAS aún tardamos seis o siete días desde que los pedimos hasta que obtenemos los resultados».

El sector, tanto CEAPS como la médico del AMAS, denuncian que los protocolos se han realizado sin contar con el sector y piden que se les considere de cara a la estrategia para evitar rebrotes en los próximos meses: «En este rebrote necesitamos que EPIS, mascarillas, PCR, médicos y enfermeras. Necesitamos que se nos garantice que las personas más vulnerables, cuando lo necesiten, irán a los hospitales», pide Pascual.

Este mismo viernes CEAPS denunciaba de nuevo el abandono a las residencias de ancianos tras conocer que el llamado Fondo Covid Extraordinario no reembolsable destinado a las comunidades, 16.000 millones de euros para hacer frente a la pandemia, no va a dirigir ningún presupuesto de forma directa al sector social, sino que deja en manos de las comunidades autónomas el destino de los fondos. “Ahora no nos podemos permitir empezar una negociación cuando lo esencial es trabajar en impedir que vuelva a suceder lo mismo en caso de rebrote”, afirma Pascual, «a la hora de aplicar y ejecutar las políticas, las personas mayores ycon dependencia son las grandes olvidadas de la sociedad, invisibles una vez más».