Residencia de mayores en Valencia.

Salud

Residencias de mayores, una débil barrera contra el colapso sanitario

Alrededor de 5.500 residencias de mayores en toda España asisten con miedo al crecimiento de la epidemia de coronavirus. Los casos en este tipo de centros han provocado una fuerte alarma social tras cobrarse la vida de decenas de ancianos en muy poco tiempo. La residencia Montehermoso en Madrid o el caso de Tomelloso han mostrado con crudeza cómo el virus encuentra en este tipo de centros el caldo de cultivo perfecto para su expansión: una alta concentración de población de riesgo que convive con gran cantidad de profesionales sociosanitarios (un trabajador por cada tres residentes) que denuncian la carencia de material de protección individual necesario para trabajar con seguridad.

Y es que, hasta hoy, la actuación específica del Gobierno en residencias de ancianos había sido un protocolo de recomendaciones publicado el 6 de marzo y que pedía que se restringieran las visitas, una mejora de las medidas de higiene y el uso de medidas de protección individual para los trabajadores de las que actualmente es imposible disponer. Sin embargo, en la tarde de este viernes se ha publicado una «orden ministerial» que establece la obligatoriedad de las que hasta ahora eran recomendaciones.

La nueva orden establece, según recoge EFE, medidas como el aislamiento de los pacientes con infección respiratoria leve, ya sea de forma individual o agrupados en la medida de las posibilidades. Clasifica a los pacientes en cuatro tipos y determina que la comunidad autónoma, independientemente de la naturaleza pública o privada del centro, podrá modificar la prestación de servicios sanitarios. La medida establece otras medidas como que «en la medida de lo posible» se harán test diagnósticos a quienes presentes síntomas de infección respiratoria aguda. Un conjunto de medidas que tendrán que concretarse a través de la dotación económica específica, que previsiblemente se ofrecerán el martes en el Consejo de Ministros, como ha indicado hoy en rueda de prensa el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

De ello y de la llegada de recursos dependerá la agilidad en la solución al problema. «Tenemos una mala situación de base y es que no se han tomado las medidas de prevención necesarias. Los trabajadores de los centros necesitan de forma urgente los medios de protección. Están trabajando con mucho miedo, la situación es insostenible», indica Cinta Pascual, presidenta del Círculo de Empresas de Atención a Personas (Ceaps), la principal patronal del sector.

La situación es «dramática» también a juicio de Comisiones Obreras, cuyo secretario general de Sanidad, Antonio Cabrera, denuncia «que se están incumpliendo de forma flagrante las normas de protección recogidas en los protocolos estipulados tanto para residencias de personas mayores» y que están poniendo «en serio riesgo la salud del personal y los usuarios».

Médicos y otros profesionales sanitarios cercanos a las residencias de ancianos explicaban a El Independiente esta semana cómo el perfil de los internos – un alto porcentaje de demencias, pluripatologías o edad avanzada – exigían la acción inmediata.

La escalada de casos en residencias también ha provocado otras medidas puntuales como el anuncio de la Fiscalía de que vigilará la actividad de las residencias de ancianos por toda España.

Para los puesta en marcha de las nuevas medidas en las residencias hay anunciada una partida de 300 millones que se destinaría al refuerzo de las plantillas de centros de mayores, equipos de protección individual y a la medicalización de residencias. Adicionalmente, este viernes el secretario de Estado de Derechos Sociales ha anunciado la flexibilización de la cualificación exigida al personal sociosanitario – para facilitar las contrataciones – así como la clasificación de este personal como servicios esenciales dentro de la crisis.

Sin embargo, la de las residencias de mayores es una carrera contrarreloj en la que el sector advierte de que el colapso puede producirse en las próximas horas y fuentes del sector en la Comunidad de Madrid advierten del altísimo porcentaje de bajas que está sufriendo el personal, temeroso al experimentar síntomas de introducir el virus en un lugar donde puede «correr como la pólvora». El sector pedía soluciones este jueves como «única barrera capaz de contener el colapso inmediato del sistema sanitario». 

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) también clama por un «plan nacional urgente» para frenar los contagios. Para ellos, es prioritario detectar y diagnosticar los casos positivos, tanto en profesionales como en los residentes. «Es necesario restringir totalmente las visitas, dotar a los profesionales de equipos de protección y y establecer un plan de monitorización de las residencias. Si tienen casos posibles, aislamiento, si no ver posibilidad de traslado y que el flujo de información sea constante», indica Francisco José Tarazona, vocal clínico de la SEGG.

La SEGG apuesta por una derivación de los mayores a centros hospitalarios «que se reduzca al máximo» y que atienda a criterios de un equipo con experiencia clínica y conocimientos de la situación del hospital y la residencia. «No debe depender de los servicios de urtencias hospitalarios o emergencias». En el caso de los mayores, el objetivo fundamental es la prevención, dado el elevado porcentaje de complicaciones y la situación de saturación hospitalaria que se espera pueda llegar a exigir decisiones de priorización de unos pacientes sobre otros para entrar en la UCI.

El sector pero, sobre todo, los alrededor de 380.000 ancianos que viven en residencias de mayores en nuestro país aguardan la pronta actuación del Gobierno para evitar que el virus penetre en más residencias. «Si no ponemos medios el virus no se va a quedar en la puerta, si no trabajamos con seguridad no nos podemos extrañar de lo que suceda», concluye Cinta Pascual.

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