Salud

La ausencia de cribados a trabajadores expone de nuevo a las residencias en la segunda ola

Dos profesionales sanitarias del Centro de Atención Primaria (CAP) de Horta realizan un test PCR a una residente de la Residencia Campoamor en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

La primera ola del coronavirus se cobró en ellas sus peores efectos. Las residencias de mayores fueron el epicentro de la mortalidad y desde el sector llevan tiempo clamando para no volver a serlo. Ya en septiembre, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la mayor patronal privada, el Círculo de Atención a las Personas (CEAPS) dijeron en este periódico que su mayor temor tras meses de aislamiento estaba en los trabajadores, «los mayores vectores de entrada del virus, jóvenes y en su mayoría asintomáticos», dijo Maribel Galvá, portavoz de la SEGG. «Es fundamental hacer test periódicos a los trabajadores», imploraba la presidenta de CEAPS, Cinta Pascual.

La necesidad de cribados a los trabajadores de las residencias ha sido una petición extendida desde el sector, en un reciente informe de la Organización Médica Colegial sobre la situación en residencias o desde la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica, cuyo presidente Fernando Martínez Cuervo indica a El Independiente que «la periodicidad de cribados a trabajadores debería ser semanal siempre que haya recursos».

Más allá iba el epidemiólogo Oriol Mitjá, asesor de la Generalitat, que planteaba la semana pasada en twitter la necesidad de testar a los residentes cada cuatro días en zonas de alta incidencia en base a los resultados de un estudio sobre el riesgo de mortalidad en estos centros.

Sin embargo, la realidad es que esos cribados no se están produciendo, en general, pese a que los contagios han ido en aumento. En la semana pasada Sanidad informó informó de 124 brotes en residencias de ancianos, con un mayor número de afectados (14,6) cada vez que se produce uno. Algunos han tenido más de 100 casos.

Así lo denuncia Pascual, cuya patronal representa a un tercio del total de plazas residenciales de España. «No tenemos test, ni PCR ni antígenos, y esto hay que solucionarlo ya. En cuanto en una residencia hay uno o dos trabajadores infectados, la posibilidad de que pase a los mayores es muy grande y ellos son muy vulnerables, tienen muchas pluripatologías… Tenemos que tener claro que en las residencias lo más importante es la prevención».

Desde CSIF también han denunciado esa falta de test que en Madrid les ha llevado a poner el pasado martes una denuncia ante la Inspección de Trabajo. «Madrid tiene una orden [1008/2020] de agosto que dice que los trabajadores deben hacerse una PCR tras las vacaciones y que se recomiendan los cribados periódicos. Esa periodicidad en noviembre ni está en marcha ni se ha debatido. No entendemos que Madrid tenga cinco millones de antígenos y no esté atendiendo a los trabajadores de los centros donde está la población más vulnerable», ha incidido Javier Prieto, responsable de políticas sociales de CSIF Madrid.

En su denuncia, CSIF dice que esas pruebas a trabajadores no se están haciendo a todos, que no se han iniciado cribados y que el material de protección «se reparte de forma cicatera incumpliendo las recomendaciones de Sanidad de que las mascarillas quirúrgicas no deben utilizarse más de cuatro horas seguidas». Cristina Alonso, trabajadora de una residencia pública madrileña, corrobora que el material se distribuye sin protocolos: «Nos dan una mascarilla quirúrgica por turno y una o dos FPP2 por semana. A mí no me han hecho ningún test desde julio».

Para facilitar que los test lleguen a toda España, desde CEAPS piden al Ministerio que utilice los fondos Covid para adquirir los test de antígenos. «Han destinado 600 millones del presupuesto a dependencia, haría falta el doble para poder atender las demandas que ahora mismo requiere el sector. Es un tema de salud pública y hay mucho en juego». Los test de antígenos tienen un coste muy inferior al de las PCR (4,5€ frente a 60/70€ aprox) aunque también una menor eficacia demostrada en asintomáticos.

Pascual denuncia también que las residencias están teniendo dificultades para asumir el coste de las plazas vacías que las Consejerías de Sanidad obligan a mantener para garantizar los aislamientos. «En toda Europa esas plazas las paga la Administración y aquí hay muy pocas comunidades que lo están haciendo. Es un coste altísimo». Eldiario recogía el pasado lunes que esa obligación de tener plazas vacías ha provocado el cierre de una pequeña residencia en Madrid.

«Estamos repitiendo errores del pasado. Contamos con ventajas, por conocemos mejor el virus y las formas de aislamiento. Pero no podemos permitirnos más muertes por no controlar al virus», concluye Prieto.

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