Salud | Vida Sana

La ampliación de la cobertura dental en el sistema público aviva la tensión en el sector

Vitaldent, controlada por un fondo de capital riesgo, ha elaborado un informe para impulsar en el Parlamento la asistencia dental pública y el Consejo General de Dentistas recuerda que es el único órgano que "representa oficialmente" a la profesión.

Un dentista en Londres en la epidemia de coronavirus. Victoria Jones / PA Wire / Dpa

La presión social por aumentar la asistencia dental a través del Sistema Nacional de Salud ha ido creciendo en los últimos años. Los escándalos de iDental, Funnydent y ahora Dentix han contribuido al aumento de esa demanda social y propiciaron que en la última campaña electoral la gran mayoría de partidos políticos incluyesen en su programa un aumento de la cobertura pública de la salud bucodental.

Finalmente, ese aumento se ha traducido en los últimos Presupuestos Generales del Estado en 49 millones de euros, aproximadamente uno por español. Una cifra «totalmente insuficiente» a juicio del Consejo General de Dentistas, que consideraba la cifra «ridícula» en comparación con la cantidad destinada al efecto por otros países de nuestro entorno, como afirmó el presidente de la entidad, Óscar Castro.

Pero el debate de los presupuestos se mezclaba las últimas semana con otra propuesta de debate en el seno del Parlamento y de las áreas de Sanidad de distintas Administraciones. Vitaldent, propiedad de un fondo de capital riesgo (también llamados fondos buitre), había encargado a un grupo de expertos un informe independiente para estimar el coste de la ampliación de la cobertura dental en España. La propuesta de la empresa caía como un jarro de agua fría en el Consejo General de Dentistas, que mantiene una cruzada para que se modifique la Ley de Sociedades Profesionales y se prohíba así que fondos de capital riesgo controlen las clínicas dentales.

«La competencia en materia de representación oficial en la defensa de la profesión de Dentista y de sus colegiados ante las Administraciones y la sociedad, así como la defensa de los consumidores y usuarios para conseguir una mejora en la calidad de los servicios odontológicos, recae en la Organización Colegial», expresaba Castro en un Comunicado tras conocer la propuesta de Vitaldent.

Desde Vitaldent aseguran que su informe «no tiene como objetivo representar a los profesionales» y alegan que su interés es «aportar una propuesta para ponerla en debate». El encargado de dirigir ese informe, que se ha presentado entre otros a los ministerios de Sanidad y Consumo, ha sido Alberto Montero, ex diputado y responsable de Economía de Podemos, como adelantó El Mundo.

El informe han participado asesores como Cristina Contel, representante de la Alianza Española por la Sanidad Privada y miembro de la CEOE, o el decano de la facultad de Odontología de la Universidad Internacional de Cataluña, Luis Giner. La propuesta pasa por la asunción de parte de las coberturas en clínicas privadas y estima los costes de hacerlo en distinto porcentaje o de forma exclusivamente pública. Los costes de las diferentes opciones propuestas oscilan entre los 4.500 (con copagos del 50%) a 5.500 millones de euros sin copago.

En conversación con El Independiente, Montero asegura que su informe ha sido elaborado «sin presiones» y que «la forma más lógica de hacerlo es contar con la estructura de las cadenas privadas, igual que se hace en otros países del entorno como Francia, Alemania o Reino Unido».

Montero ha estimado que, en función de si hay o no copago, la demanda aumentaría entre un 23% si se asume un copago del 50% y un 47% si la financiación pública es total. «Actualmente el gasto del dentista, aunque hay una pequeña parte financiada, es un 98% privado», afirma el economista.

Yendo más allá, Montero asegura incluso que llevar a cabo su propuesta «acabaría con estafas como la de iDental porque los precios de las coberturas estarían fijados y el sistema público tendría que supervisar que se cumplen las prestaciones».

El informe aduce también que las enfermedades bucodentales son las terceras – tras cardiovasculares y diabetes – que más costes directos o indirectos generan al sistema. «En Australia se estimó que los costes indirectos en pérdida de jornadas laborales de las enfermedades bucodentales suponían 1.000 millones de dólares al año», apunta Montero.

La propuesta con la que Vitaldent ha querido posicionarse llevaba en marcha desde antes de la pandemia, asegura Montero, y ha coincidido en el tiempo con la quiebra de Dentix y la intención de Advent de hacerse también con ella. Este medio ha preguntado si la oferta es ya en firme pero desde el fondo sólo afirman que «en este momento no hacen comentarios al respecto». Una propuesta que, en cualquier caso, parece que obtendría el beneplácito del Ministerio de Consumo, que realizó un comunicado asegurando que ha dialogado con compañías para favorecer la venta de las clínicas quebradas.

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