El equipo de Manuela Carmena –ingresada desde mediodía de ayer por un desequilibrio en la tensión arterial durante el Pleno- sigue remodelando la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid, un departamento que depende del área de Hacienda y que, en opinión de Ahora Madrid, no hizo los deberes durante las sucesivas alcaldías del PP en lo que respecta al “control interno de la actividad municipal”. Tras destituir a la interventora general en junio y enfrentarse a la Delegación de Gobierno, esta semana se han producido otros tres ceses, según ha confirmado este medio.
Se trata de los responsables de tres subdirecciones: la de Fiscalización de Ingresos y Análisis Financiero y la de Coordinación de Intervenciones Delegadas, que desaparecen; y la de Control y Auditoría, que será modificada, según informa el área de Hacienda que dirige el concejal Carlos Sánchez Mato, quien a su vez pertenece a IU.
“Se trata de un proceso de reestructuración interna en el que los subdirectores serán reubicados en el breve plazo”, añaden en el Consistorio madrileño.
A principios de junio la alcaldesa cesó a la interventora general, Beatriz Vigo, en lo que la Corporación entendió como una “apuesta firme por el reforzamiento de los sistemas de control interno de la actividad municipal”, según una carta que se envió a Hacienda. A finales de septiembre nombró para el cargo a una nueva interventora, María José Monzón, quien ya trabajó en el ayuntamiento de la capital 2001 a 2010.
Pero hace escasas semanas, a principios de octubre, la Delegación del Gobierno recurrió la destitución de Vigo, que calificó de postura "absolutamente arbitraria". El cese también fue recurrido por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. La portavoz municipal, Rita Maestre, defendió que el reemplazamiento de la ex interventora general se enmarcaba en un "proceso natural que no tiene ningún tipo de decisión política".
El área de Hacienda que tutela Sánchez Mato y el ministerio del mismo ramo, cuyo titular es Cristóbal Montoro, están enfrentados por el Plan Económico Financiero y los presupuestos municipales, que aún deben de aprobarse. Hacienda acusa al Consistorio de romper el techo de gasto en casi 700 millones. En junio de 2016 la Corporación local redujo su deuda 1.000 millones en un año, situándose esta en 4.700 millones de euros.
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